Fallos del Consejo de Estado les han reconocido gabelas adicionales a las de su régimen especial.
Fernando Rueda Franco es el afortunado beneficiario de uno de los ‘palomazos’ en el Congreso
más caros que hoy se pagan con la plata de todos los colombianos. Por apenas dos meses en el Senado, uno de los cuales coincidió con las vacaciones de mediados de 1994, logró una pensión con todas las gabelas que tienen los parlamentarios. Hoy recibe cada mes 19 millones 725 mil pesos. (
Lea: Pensionados de hoy valen más del doble del presupuesto del 2013).
El caso de Rueda –antecedente directo del famoso escándalo del ‘carrusel’ de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura– es uno más en una larga lista de jubilaciones cuestionadas, dentro de un régimen excepcional de retiro también cuestionado por sus excesivos privilegios. Es el régimen de los congresistas, que se pensionan con mesadas que en promedio rondan los 20 millones, y que por estos días está bajo revisión de la Corte Constitucional.
Cinco magistrados de ese tribunal (cuatro se declararon impedidos porque ya reciben pensión o están próximos a tramitarla)
deberán decidir si –como lo ordenó una reforma constitucional del 2005 que ha sido desconocida mediante demandas–
les ponen techo de 25 salarios mínimos a las mesadas millonarias. También, si cierran, de una vez por todas, los vacíos jurídicos por los que se han colado decenas de pensiones dudosas. (
Lea: Corte seguirá el miércoles deliberación sobre pensiones millonarias).
La ponencia del magistrado Jorge Pretelt, conocida por EL TIEMPO, señala que “el régimen general de pensiones de los congresistas, aplicable también a los magistrados de las altas cortes, ha generado problemas de cobertura e inequidad en el sistema pensional que se traducen en una transgresión de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.
Por eso, en un paso que sería histórico, plantea que a partir de que la sentencia quede en firme que “ninguna mesada, incluidas las adquiridas con anterioridad al Acto Legislativo 001 del 2005, podrá superar 25 salarios mínimos”, casi 15 millones.
Y reafirma una premisa que, a pesar de su aparente lógica, ha sido desconocida una y otra vez en los últimos 20 años: para ser beneficiario de un régimen especial, dentro de los plazos de transición establecidos en la reforma pensional de 1993, se debe demostrar que la persona “se encontraba inscrita en dicho régimen al 1 de abril de 1994”.
Es decir, que para pensionarse como congresista o magistrado –75 por ciento del mejor salario del último año y no el 60 por ciento del promedio de los últimos diez años cotizados, además de haber aportado 20 años, como el resto de colombianos– se debía estar en el Congreso o en carrera judicial en 1994.
Magistrados se oponen
Esta semana, el país vio cómo varios magistrados, entre ellos los salientes presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, defendieron a capa y espada las pensiones millonarias. Su posición es la misma del procurador Alejandro Ordóñez: consideran que esas jugosas mesadas se ajustan a la ley porque sus beneficiarios ocuparon altas dignidades en el Estado; por ello, dicen, no deberían tocarse.
En la otra orilla, apoyando la ponencia de Pretelt, están el Gobierno, la Contraloría y decenas de estudios que demuestran cómo en Colombia, una de las naciones más inequitativas del mundo y donde nueve de cada diez personas nunca lograrán jubilarse, esas megapensiones tienen poca justificación.
En el país hay casi 1.200 personas que reciben mesadas de más de 15 millones de pesos, a pesar de que sus aportes están lejos de compensar esa suma. Cada una le termina costando al erario público hasta 4.000 millones, pues el promedio de ‘vida’ de una de esas pensiones es de 40 años. Ese cálculo no incluye los casos en los que excongresistas terminan sus días casados con mujeres mucho más jóvenes.
Un escándalo famoso fue el del exparlamentario del Tolima Ricardo Villegas, que en su lecho de muerte se casó con Aliki Carvajal, que además era la viuda de su hijo. La maniobra para perpetuar el millonario estipendio fue tan evidente que un juez de Ibagué decretó la nulidad del matrimonio.
Claro que no siempre las autoridades logran actuar a tiempo. Eso pasó hace poco con la pensión de un representante por Nariño. Cuando se preparaba para cerrar esa cuenta, Fonprecon, el Fondo que paga las pensiones del Congreso, fue notificado desde el municipio de La Unión de que poco antes de morir el congresista se había casado con una mujer 40 años menor.
En los últimos años, el Fondo ha logrado cerrar una vena rota que hacía aún más onerosas las pensiones. Demandó y ganó en decenas de casos en los que las mesadas incluían también viáticos y pasajes que reciben los parlamentarios.
‘Padres de la Patria’ como Alberto Santofimio, Hernán Motta, Hugo Castro Borja, Félix Salcedo, Tiberio Villarreal y Jorge Tadeo Lozano tuvieron que acomodarse al recorte, si bien sus pensiones se mantienen por encima de los 17 millones.
Otra batalla que empieza a ganarse es la que busca cerrar la puerta que abrieron varios fallos del Consejo de Estado, entre ellos algunos del exmagistrado y hoy procurador general Alejandro Ordóñez. En diciembre, ese mismo tribunal rectificó una posición de los últimos años y se negó a aumentar las pensiones del el excongresista Alfredo Rolando Eraso Paz y la viuda del exparlamentario y exgobernador Miguel Ávila Quintero.
Ellos pretendían que los pagos no se ajustaran al mejor salario del último año de cotización, sino al promedio de lo que ganaba un congresista en el año en el que recibieron la pensión. Esa fue la línea que marcó una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, apartándose de lo que había ordenado la Corte Constitucional en 1999: que cada reclamo de pensión se tramitara de acuerdo con la situación individual del excongresista.
En el 2006, con ponencia de Ordóñez, el exparlamentario Jesús Orlando Gómez –esposo de la magistrada Julia Emma Garzón, llamada a juicio fiscal por el escándalo del ‘carrusel de pensiones’ de la Judicatura– logró que quedara en firme un fallo que multiplicó su pensión casi por diez. Se había jubilado en el 2001 con 2 millones 159 mil 582 pesos, que correspondían al 75 por ciento del sueldo que ganó en su último año de servicio: 1989. El fallo del Consejo de Estado le reconoció el derecho a pensión tomando como base el salario que ganaba un congresista más de una década después.
Por la misma vía, decenas de excongresistas y magistrados reclamaron reajuste y lograron multiplicar sus mesadas.
Regímenes con privilegios dieron lugar a abusos
Congresistas y magistrados no son los únicos que tienen privilegios. Trabajadores de Ecopetrol, Colpuertos y otras empresas del Estado tenían y tienen condiciones muy ventajosas frente a las del colombiano del común. En el caso de Foncolpuertos hubo un plan criminal de algunos pensionados, exfuncionarios y jueces para perpetrar un saqueo de miles de millones. Las pensiones millonarias y las de los más pobres se pagan con lo que hay en el sistema de prima media, una bolsa común en la que entra la plata de todos. En el 2014, salvo los regímenes de la Fuerza Pública y los expresidentes, todos los colombianos se pensionarán con las mismas reglas.
Qué hay en una pensión
Las pensiones de los congresistas se liquidan tomando como base gastos de representación, asignación básica, primas de vivienda, navidad, de salud y servicios. Por eso algunas superan los 20 millones. En el caso de altos magistrados, a través demandas han logrado que les incluyan, por ejemplo, las bonificaciones que reciben cada 4 años.
El ‘carrusel’ en la justicia
En los años 90, el Congreso aprobó una ley que extendía sus condiciones de pensión a magistrados, fiscales y procuradores. En el 2011 se destapó el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones en la Judicatura, por el que la Contraloría llamó a juicio fiscal a 13 personas, entre ellas dos actuales magistrados: Julia Emma Garzón y Henry Villarraga.
En la Sala Disciplinaria se hicieron nombramientos de magistrados auxiliares que apenas duraron semanas, pero que les permitieron a los beneficiarios multiplicar hasta por cinco pensiones de 3 millones, al tomar como base de liquidación el sueldo de ese último cargo de poca duración.
Cara a cara
‘Está en juego la estabilidad jurídica del país’
Expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez.
¿Se debe acabar con los privilegios en pensiones?
Lo que me preocupa es cómo se vienen ambientando unas modificaciones al régimen de pensiones que van a perjudicar a los colombianos.
¿Cómo se pueden bajar esas mesadas?
Basta con que demanden esas pensiones. Aquí lo que está en juego son recursos adquiridos con justo título.
¿Cómo evitar una bomba financiera?
El valor y la cobertura de esas pensiones es muy reducido. Colombia es el país con más inequidad en Latinoamérica. La calentura no está en las sábanas.
‘Quien apoya privilegios espera recibirlos’
Presidente de Sala Administrativa de la Judicatura Néstor Correa
¿Por qué se opone a las pensiones altas?
Por razones de justicia. Una pensión superior al tope máximo es injusta e inequitativa.
¿Está dividida la justicia por el tema?
Quienes apoyan los privilegios son los que abrigan la esperanza de que a ellos se les aplique, y no es reprochable.
¿Se deben reliquidar pensiones y dejarlas en el tope de 25 salarios mínimos?
Hay que respetar los casos de quienes ya gozan de esa pensión. Pero sí se pueden congelar, de tal manera que con el paso del tiempo se ajusten.
REDACCIÓN JUSTICIA
