ELTIEMPO.COM, Por: CARLOS CABALLERO ARGÁEZ, 06 de Septiembre del 2013
Carlos Caballero Argáez
Lo que se requiere es una buena política pública en la agricultura. Y las bases para elaborar esta política existen.
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En estos días, los columnistas estamos dedicados a indagar las causas y las consecuencias del paro campesino que ha trastornado al país y no parece resolverse en forma definitiva. Porque la justificación de los diferentes voceros de la protesta no son convincentes.
La agricultura colombiana se rezagó en los años recientes y los campesinos no disfrutaron los beneficios del crecimiento económico de la última década, cuando el PIB colombiano se duplicó. Pero la causa de los paros no son los tratados de libre comercio, los TLC, ni el precio de los combustibles. Es la ausencia de una política de desarrollo rural de largo plazo.
La institucionalidad para la formulación y la ejecución de la política agropecuaria se deterioró dramáticamente en el pasado reciente. Los agricultores comerciales grandes capturaron el Ministerio de Agricultura y los pequeños agricultores pasaron al olvido de las autoridades. De ahí la urgencia de revisar las instituciones estatales en el sector agrícola, como lo ha planteado José Leibovich, gran conocedor del tema, al afirmar que “no es por la vía de cerrar la economía como vamos a salir adelante... Es necesario un revolcón en las entidades públicas para poder crear las condiciones que le permitan al país poner en marcha un verdadero desarrollo rural” (Portafolio, lunes 2 de septiembre del 2013, pág. 10). Es como si, además, se hubiera borrado la historia de la política y los planes de desarrollo rural del siglo XX.
El mundo cambió en los noventa al profundizarse la globalización y Colombia permaneció en el pasado. No se transformó el sector agrícola para sembrar nuevos productos en los cuales el país tenga una ventaja comparativa (hay excepciones, la palma de aceite, por ejemplo) como las frutas y las hortalizas.
Perú sí lo hizo y nos tomó la delantera. Y en Centroamérica también lo están haciendo, como ocurre en Costa Rica con la piña. No nos hemos convencido de que en Colombia no tiene sentido el cultivo de los cereales ni de que su protección por la vía de los aranceles lo que hace es encarecer la producción de productos como la leche, los huevos y los pollos, afectando, entre otros aspectos, la nutrición de la primera infancia en las familias pobres. Hay que promover la agricultura competitiva a través de la investigación científica y de la generación de bienes públicos indispensables, como las carreteras y los distritos de riego.
Las soluciones, pues, al problema campesino no están por el lado de continuar cerrando la economía o de suspender la negociación de TLC, cuando estos son los que nos llevan a la competitividad. Lo que se requiere es una buena política pública en la agricultura. Y las bases para elaborar esta política existen.
Fedesarrollo, por ejemplo, editó un libro hace pocos meses (Políticas para el desarrollo de la agricultura colombiana, 2013) y Ricardo Avellaneda publicó un ensayo muy interesante el año pasado sobre la competitividad del agro colombiano (‘Internacionalización’, Universidad EAN, págs. 63-80).
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Uno de los problemas graves de Colombia es que no se piensa en el futuro. En esto también existe una gran falla institucional. Con todo respeto por sus funcionarios, el Departamento Nacional de Planeación dejó de cumplir su función y se convirtió en una ‘Superintendencia de Regalías’. Se cree que los ministerios tienen la capacidad para elaborar políticas de largo plazo, lo cual no es cierto. Los documentos Conpes no son lo que fueron en el pasado y no se discuten con la misma seriedad.
Es triste comprobar la debilidad institucional de Colombia. Pero, al menos, este debería ser el primer paso para emprender las reformas y enfrentar el futuro
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