ELTIEMPO.COM, Por: REDACCIÓN JUSTICIA , 06 de Septiembre del 2013
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El tribunal supremo le ordena a la Contraloría no seguir con procesos que vinculan a magistrados.
En una polémica decisión, la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Contraloría “que se abstenga de incurrir en irregularidades sustanciales” como “iniciar o proseguir investigación alguna de carácter fiscal (resarcitoria o sancionatoria) contra los funcionarios aforados constitucionalmente en el artículo 174 de la Constitución Política”.
Esa orden, que dio la Corte al resolver una tutela interpuesta por el fiscal Eduardo Montealegre contra una investigación anunciada por la Contraloría por no entregar un informe de gestión, repercutirá en uno de los mayores escándalos de los últimos años: el ‘carrusel de pensiones’ de la Judicatura.
La Contraloría había llamado a juicio fiscal a dos actuales magistrados de la Judicatura –Julia Emma Garzón y Henry Villarraga– por el perjuicio generado contra la Nación al nombrar como magistrados auxiliares a personas que multiplicaron sus pensiones gracias a ‘palomazos’ de semanas en la Judicatura.
La Sala de Consultas del Consejo de Estado resolvió el mismo tema en sentido contrario a comienzos de este año: dijo que las investigaciones fiscales, es decir, las relacionadas con el manejo de la plata pública, competen a la Contraloría y no a la Comisión de Acusación en el caso de los funcionarios aforados.
La determinación, que es polémica porque termina blindando a colegas de magistrados que la tomaron, podría generar un choque de trenes con el Consejo de Estado y probablemente terminará siendo decidida por la Corte Constitucional.
Su efecto, en la práctica, es que la investigación por ese escándalo, que le representó a la Nación pagos irregulares por más de diez mil millones de pesos, se estanque en la Contraloría.
Los procesos penales y disciplinarios no avanzaron en la Comisión de Acusación, un organismo duramente criticado por su falta de resultados en las investigaciones contra los aforados: presidentes de la República, fiscales generales y magistrados de las altas cortes.
La Corte señala que la Contraloría intenta extender sus funciones con el posible fin de controlar la “burocracia estatal”, pero que aunque ese argumento es “plausible, es insostenible por cuanto desconoce los pilares básicos consagrados en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de 1991”.
La decisión firmada por los magistrados Gustavo Enrique Malo Fernández y Luis Guillermo Salazar Otero, y que termina beneficiando a sus colegas investigados, agrega que para cumplir su labor la Contraloría no puede invocar “poderes superiores sobre los demás órganos e instituciones”.
La contralora Sandra Morelli había anunciado recientemente, en una entrevista con EL TIEMPO, que en noviembre habría un fallo definitivos sobre el tema.
De hecho, el organismo de control ya había decretado embargos contra varios de los magistrados enredados en la investigación fiscal.
Según su investigación fiscal había presuntas irregularidades en once casos y se había avanzado para imputar cargos a tres magistrados.
Así subían las pensiones
En el Consejo Superior de la Judicatura se hacían nombramientos de magistrados auxiliares que estaban poco tiempo en esos cargos y lograban aumentar la cotización para sus pensiones.
Según la Contraloría, se registraron casos en los que una persona que iba a tener una pensión de 3 millones de pesos, con un mes en el cargo de magistrado auxiliar, lograba pagos de hasta 12 millones de pesos.
REDACCIÓN JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
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