ELTIEMPO.COM, Por: CECILIA LÓPEZ MONTAÑO, 07 de Septiembre del 2013
Cecilia López Montaño
Claridad sobre la propiedad de la tierra, bienes públicos y derechos de los ciudadanos son el principio del cambio.
Los acontecimientos de las últimas semanas han generado grandes pérdidas económicas y humanas, pero también representan la gran oportunidad de replantear la forma como el país, los gobiernos, los políticos, es decir, todo el mundo, han mirado el campo colombiano. Si se pierde “este momento de efervescencia y calor,” el futuro del país, no solo del sector rural colombiano, estaría aún más comprometido porque el campesinado es consciente de su poder de movilización. Por ello es fundamental que aquellos que han trabajado en el tema desde lo académico, las políticas públicas, la producción rural identifiquen los errores.
Primer gran error: limitar la responsabilidad pública sobre el campo colombiano al Ministerio de Agricultura, cuyo compromiso con el desarrollo rural ha sido más una frase que una realidad. Todo el aparato estatal es responsable del sector rural: educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología, TIC, Mincomercio, etc. De eso se trataba el Contrato Social Rural de 1996, que murió por falta de apoyo de todos, empezando por los gremios.
Segundo gran error: creer que los gremios de la producción representan los intereses de su respectivo sector. Se sabe que su labor es apoyar irrestrictamente al Gobierno cuando les conviene, en vez de luchar por los productores, especialmente los pobres.
Tercer gran error: debilitar las agremiaciones campesinas, que dejaron de recibir apoyo del Estado y que han sido estigmatizadas y abandonadas a su triste suerte. Serán las grandes beneficiadas de un acuerdo de paz con las Farc y el Eln para que las desvinculen de los grupos armados.
Cuarto gran error: haber politizado el Ministerio de Agricultura y sus entidades, lo que destruyó el Idema, el Incora y todas las demás y llenó este sector de personas no conocedoras de esta realidad e incapaces de dar soluciones de fondo. Además, recuerden que hay fincas privadas que se llaman ‘idemitas’.
Quinto gran error: confundir proyectos de ley con políticas de desarrollo rural, pecado de los últimos gobiernos. La política parte de un diagnóstico desde el cual se determinan los puntos críticos que se espera resolver y después se identifican las leyes requeridas. Pero, además, el Congreso de la República, lleno de intereses del campo feudal, no será el actor de la gran revolución que se necesita.
Sexto gran error: tener una agenda oculta sobre las prioridades reales del Gobierno para el desarrollo rural, porque ni la población rural ni el país son tontos, como se demostró en este paro nacional agrario. Otra tormenta vendrá si no se elabora una política rural explícita, en donde quepan los 11 millones de campesinos pobres, la producción mediana y los grandes empresarios y además se establezcan claramente las interrelaciones entre estos sectores para que no queden unos como explotadores y otros como explotados. Donde, asimismo, se cumpla la ley y se respeten los derechos.
Octavo gran error: no darle recursos a la producción rural. No hay país en el mundo donde el sector rural no reciba apoyo estatal, pero la gran diferencia es si estos recursos se usan para calmar demandas momentáneas o para impulsar transformaciones productivas. Lo primero paraliza los cambios necesarios; lo segundo aumenta su competitividad. No se puede hablar de la locomotora rural cuando se le reducen significativamente sus presupuestos.
El mayor error: no tocar la inaceptable concentración de la tierra; sin política rural vendrá otra contrarreforma agraria. Claridad sobre la propiedad de la tierra, bienes públicos y derechos de los ciudadanos son el principio del cambio.
Cecilia López Montaño
cecilia@cecilialopez.co
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