ELTIEMPO.COM, Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM, 03 de Septiembre del 2013
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Apenas la semana pasada comentábamos lo preocupante que resultaba el que una de cada cinco personas en el país estuviera dispuesta a ejercer justicia por mano propia, según lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad y Convivencia elaborada por el Dane. A los pocos días de publicarse dicho estudio se conocieron los resultados de otro similar, a cargo, entre otros, del Ministerio de Justicia, que indagó por las necesidades jurídicas de los colombianos, con resultados igualmente inquietantes en lo referente a la relación de la ciudadanía con la que se ha denominado la columna vertebral de la democracia.
De acuerdo con esta última encuesta, siete de cada diez encuestados consideran lento su funcionamiento y, quizás lo más grave, el cuarenta por ciento ve a sus funcionarios como “corruptos” o “muy corruptos”. Otra proporción que prende alarmas es la del 51,9 por ciento que afirmó no haber hecho nada tras presentarse un conflicto o desacuerdo que ameritaba ser dirimido en los estrados. Hay que subrayar, igualmente, la preeminencia de la tutela como el mecanismo judicial de mayor arraigo entre los colombianos en tanto un 84 por ciento la conoce, mientras que 61,4 la considera una opción favorable a la hora de una necesidad jurídica.
Pero el diagnóstico se hace menos alentador si observamos que entre la población en extrema pobreza solo el 7 por ciento de los casos fue resuelto y su sanción, cumplida, estadística que para la ciudadanía en general no es muy diferente: apenas el 13 por ciento.
En suma, tenemos un círculo vicioso, en el que la ineficiencia genera desconfianza. Todo esto lleva a una grave pérdida de legitimidad de uno de los pilares del Estado de derecho y crea un clima favorable para tomar el atajo –siempre inaceptable– de hacer valer los derechos por cuenta propia.
Al buscar el remedio para este conjunto de males, la respuesta más común pasa por la necesidad de tener más recursos. No obstante, hay que mirar esto con reserva, pues la historia reciente demuestra que más presupuesto no necesariamente se traduce en mayor eficiencia.
Hay que considerar, además, que, si se hiciera un escalafón de la situación salarial de la administración pública, se deberían observar los primeros renglones para encontrar allí a los funcionarios judiciales, una posición fortalecida luego del paro que realizaron el año pasado. El que estos aumentos no hayan tenido un impacto perceptible para la gente es una entre muchas causas de las mencionadas grietas en la confianza ciudadana en esta rama.
Tampoco ayudan a resarcirlas, sino todo lo contrario, las profundizan, escándalos como el del ‘carrusel’ de pensiones o las sombras que se han posado sobre algunos de los altos tribunales y varios de sus miembros, que parecen más dedicados a tejer redes que a impartir justicia. Preocupa en particular la situación del Consejo Superior de la Judicatura, nada menos que el responsable directo del óptimo funcionamiento de este servicio fundamental.
Como ya se ha dicho desde estos renglones, es hora de ver mejoras concretas en materia de gerencia. No debe haber temor en fijar indicadores que permitan exigir resultados, algo tan deseable como una autodepuración, y, sobre todo, mayor disposición para rendir cuentas, lo que incluye evaluación del desempeño de los funcionarios. No es poca cosa lo que está en juego. Por suerte, está claro que, en esta ecuación, transparencia y eficiencia son iguales a confianza.
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