ELTIEMPO, Por: GUILLERMO PERRY, 15 de Marzo del 2014
Guillermo Perry
Errores de la Corte y el Gobierno permitieron el saqueo y llevaron el sistema de salud a la quiebra. Para contener el desangre, la ley en trámite debe restringirse a dos temas críticos.
‘El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones’, reza el adagio. La Ley 100 de 1993 extendió el seguro de salud a casi todos los colombianos, un logro excepcional para un país en desarrollo, que no lo han conseguido los EE. UU., pese a las batallas de Clinton y Obama. Pero una combinación de buenas y malas intenciones lo llevó a la quiebra. Es necesario evitar que un éxito nacional se convierta en un gran fracaso.
Comencemos por las buenas intenciones. El financiamiento a cargo de los trabajadores formales estimuló la informalidad y redujo los ingresos del sistema, una falla de diseño que, por fortuna, arregló la reforma tributaria reciente. La extensión acelerada del régimen subsidiado con base en promesas incumplidas de apoyos locales, en el gobierno Uribe, agravó el problema. Lo mismo sucedió, en la administración Santos, con la unificación del régimen contributivo y el subsidiado sin ajustar la UPC.
Pero lo que puso al paciente en coma fue el crecimiento exponencial de los recobros no POS, cuando la Corte Constitucional, con la mejor de las intenciones, convirtió el derecho a la salud en uno de inmediato cumplimiento. Esto ocurrió a partir del 2005 a través de un alud de tutelas. Luego, la Corte se quitó de encima el tsunami, pero trasladó el problema a los comités técnicos de las EPS. No advirtió que con ello privilegiaba los derechos individuales de quienes logran exigir tratamientos y medicamentos excepcionalmente costosos, a costa de los derechos de la gran mayoría de usuarios. En efecto, como los recursos del sistema son limitados, esos costos excesivos resultaron en un deterioro progresivo de la calidad general del servicio.
La explosión de recobros no POS, a partir de entonces, desbordó la débil capacidad financiera y de control del Fosyga. A su amparo florecieron las malas intenciones: muchos laboratorios farmacéuticos, hospitales y EPS hicieron su agosto, incurriendo en conductas punibles, con lo que el problema adquirió dimensiones descomunales. Y ni hablar del continuo saqueo de Caprecom y las EPS públicas del régimen subsidiado por políticos corruptos, a quienes se entregó su administración como ‘cuota’ de poder.
Cuando explotó la crisis, Uribe se limitó a arbitrar unos recursos mediante emergencia social. Y el gobierno Santos, al principio, optó por echarles toda la culpa a las EPS, de manera harto irresponsable. Con ello se rompió la confianza ciudadana en el sistema y se hizo extremadamente difícil resolver el problema. Y la Contralora dificulta la tarea de los interventores, como en el caso Saludcoop, prefiriendo los escándalos mediáticos al bienestar de los usuarios.
Mientras pretendamos garantizar, con nuestros recursos escasos, tratamientos y medicamentos que los países ricos no aseguran, el problema financiero seguirá deteriorando la calidad general del servicio. Se perdió una oportunidad para arreglar este problema crítico con la ley estatutaria reciente. La Corte podría ayudar si decide privilegiar el derecho colectivo de la mayoría de los usuarios sobre los derechos particulares de unos cuantos, pero es poco probable que lo haga.
En cualquier caso, urge contener el desangre. Para ello, la ley en curso debería restringirse a dos temas: 1) Crear una Salud Mía fuerte, con más funciones y poderes que el viejo Fosyga, y un Fogasa eficaz para reestructurar parte de las deudas actuales. Ambas instituciones deberían adscribirse al Ministerio de Hacienda y gozar de buen gobierno corporativo, ajeno a los políticos de turno. 2) Dotar de herramientas más efectivas al Ministerio y la Superintendencia de Salud, para controlar el precio de los medicamentos y los abusos de todos los actores del sistema.
Y, ante todo, las instituciones de salud no deberían volver a ser jamás ‘cuota’ política de nadie.
Guillermo Perry
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