Cada vez que se habla de reforma rural aparece la consigna de la inseguridad jurídica de los derechos de propiedad como un fantasma para ahuyentar a los reformistas.
Ahora se da un paso más, pues la amenaza a la seguridad jurídica proviene, según la SAC, de la mesa de conversaciones de paz en La Habana. Desde las haciendas de las llanuras del Sinú y las sabanas del Cesar, el partido de Uribe y Lafaurie anuncian que el traidor Santos planea la entrega del país al castro-chavismo en la isla de Cuba. Desde su lógica, eso hace temer que se avecina la expropiación del latifundio y la reducción de las rentas de la tierra de la gran propiedad.
La seguridad jurídica es un bien escaso y mal repartido. Cerca de la mitad de los agricultores que poseen una parcela son informales, pues el Estado no los registra como propietarios. Mientras el 74% de los pobladores rurales son agricultores, sólo el 47% tiene acceso a la tierra. Las 340.000 familias despojadas de la tierra no tuvieron seguridad del Estado para proteger su territorio de los paramilitares y guerrilleros, y apenas en este gobierno se reconocieron sus derechos a la restitución de su patrimonio. Todas las capitales del país siguen recibiendo población desplazada y la guerra se ha ensañado con quienes más defienden su tierra, las comunidades indígenas y negras.
Por eso, frente a los sollozos de autocompasión de los gremios de propietarios que se quejan de inseguridad jurídica, es necesario recordar la advertencia que formuló Walter Benjamin: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de emergencia’ en el que vivimos no es la excepción sino la regla”. La inseguridad jurídica de sus derechos ha sido la regla para la población campesina de Colombia y la seguridad jurídica ha sido un privilegio del 2,3% de los propietarios que tienen el 58% de la tierra. Una colcha muy estrecha, que cobija a muy pocos, pero que abarca una enorme superficie dedicada a ganadería extensiva o cultivos empresariales. El verdadero negocio, sin embargo, es la valorización de la tierra monopolizada, garantizada por el crecimiento poblacional frente a recursos escasos.
En la mesa de negociaciones de paz, el Gobierno ofrece extender la seguridad jurídica a los poseedores informales mediante un programa masivo de formalización de títulos, restitución de las tierras despojadas, protección de los territorios étnicos y distribución de tierras nuevas a los campesinos. En ese espíritu, el compromiso es hacer un verdadero catastro que identifique las propiedades y los derechos posesorios y restablecer la jurisdicción agraria, para hacer efectivos los procesos legales de clarificación del dominio, extinción de las tierras ociosas, alinderamiento y registro de los baldíos, recuperación de los mal adquiridos y adjudicación de los restantes.
Este programa, que se llamó la reforma rural integral, busca extender los derechos ciudadanos, representados en seguridad, justicia, propiedad y bienes públicos, a ese 46% de la población rural que vive en la pobreza y al 22% que está en la indigencia. Para llevarlo a cabo, se requerirá una sostenida inversión pública en equidad y desarrollo humano durante la próxima década, igual que infraestructura, ciencia y tecnología, pero el factor crítico será que las élites agrarias entiendan que no es posible sostener la seguridad de la propiedad a menos que ese derecho se extienda a los oprimidos del campo.
* Alejandro Reyes Posada
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