El país está asfixiado de organismos de control; sin embargo, la corrupción se campea como Pedro por su casa por todas las dependencias del Estado. Es verdaderamente vergonzoso que todos los días se denuncien hechos de corrupción en varias entidades y finalmente nada pasa.
Pareciera que robar en las entidades del Estado es el mejor negocio para los corruptos, puesto que todos aplican la figura del CVY (cómo voy yo), donde comen toda una parafernalia de personajes corruptos de la vida nacional, regional y municipal, y el pacífico ciudadano beneficiario de estas entidades tiene que aguantarse los incumplimientos a los que lo someten los contratistas corruptos.
Si queremos luchar decididamente contra la corrupción, se requiere de una reforma técnica y profunda de las contralorías, especialmente las regionales y municipales. Pero también hay que poner en cintura a los organismos de control interno de los ministerios, organismos descentralizados, gobernaciones y alcaldías; son toda una redundancia, donde muchas veces sus funciones chocan con las de los verdaderos entes de control.
Por norma constitucional, las contralorías tienen como función específica la de auditar y vigilar que los dineros del Estado cumplan su verdadera función social, pero lamentablemente muchas veces actúan como ruedas sueltas puesto que se consideran prepotentes e inamovibles, especialmente en las regiones apartadas donde se encuentran funcionando.
Lamentablemente, muchas de ellas a nivel regional y municipal se han convertido en verdaderos instrumentos políticos y son focos de corrupción por donde se esfuman los recursos para obras de desarrollo comunitario. Si se hace una investigación sobre las obras abandonadas o inconclusas producto de la falta de control fiscal, el país quedaría aterrado y compungido al ver cómo los impuestos que pagan los ciudadanos se despilfarran inmisericordemente.
Si hacemos un inventario de obras que se encuentran inconclusas o paralizadas por falta de eficiencia en el control fiscal que corresponde a las contralorías, son muchas las que se rajan y cientos los funcionarios que irían a las cárceles por confabularse con la corrupción.
Son cientos de obras inconclusas o elefantes blancos que no han podido entrar a cumplir su función, puesto que los auditores o contralores encargados por ley de su vigilancia y control entraron a confabularse con la corrupción o componendas politiqueras.
Uno de los casos más vergonzosos es el de los PAE, programas de alimentación escolar para los niños de las diferentes escuelas del país en áreas urbanas y rurales, que se han esfumado por los laberintos de la corrupción, todo por falta de eficiencia de control fiscal, donde se originan los contratos amañados.
Son muchos los contratistas que se han enriquecido a costa del hambre y las necesidades de los niños que estudian, puesto que se apoderan del presupuesto asignado, muchas veces en licitaciones espurias, sin ninguna garantía para el cumplimiento de los contratos adjudicados.
Pero qué decir también de las obras de infraestructura: puentes, carreteras, acueductos y alcantarillados, entre otras, que se han convertido en verdaderos monumentos a la corrupción y la impunidad, puesto que los organismos de control muchas veces se confabulan con los contratistas de turno deshonestos.
En consecuencia, es bienvenido el proyecto de ley que busca reformar las contralorías, tanto a nivel nacional como regional y municipal, puesto que muchas no están cumpliendo con las funciones de control fiscal.
Casi que podríamos decir que estos organismos del nivel regional y municipal deberían desaparecer para dar paso a las llamadas veedurías ciudadanas, que últimamente y ante tantos hechos de corrupción se están convirtiendo en verdaderos entes fiscalizadores, a unos costos ínfimos para el Estado, puesto que están conformadas por ciudadanos comprometidos en obras que les incumben para cada caso en particular.
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