eltiempo.com,
15 de mayo 2019 ,
Por: Martha Morales Manchego
Cenit, la filial de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol, está en la lista de las grandes empresas en las que el Estado vendería participaciones, junto a ISA y a la petrolera de mayoría estatal.
Foto:
Yves Herman / Reuters
Un total de 160
billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las
propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de
Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización.
Esto, porque ahora se pueden vender de
manera directa aquellas en las que el país tiene una participación hasta del 49
por ciento (antes, el tope era el 10 por ciento). La venta de bienes públicos
ha sido una constante en el país, muchas veces criticada –sin fundamento en
unos casos, y con razón en otros–.
En esta ocasión, es claro que es más
bien una necesidad, ya que la ley de financiamiento del 2018 no logró las
cifras necesarias para completar el faltante requerido en el
presupuesto del 2019 para cubrir las necesidades de inversión del país.
Recientemente, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) conceptuó
afirmativamente sobre las privatizaciones, afirmando que se debería salir de
aquellas inversiones que no son estratégicas, en vez de gastar más en
administrar aquello que no tiene mucho sentido mantener.
El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones 2019, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta.
La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6 %) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero 2019.
El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones 2019, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta.
La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6 %) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero 2019.
Así está el panorama
No obstante, esta
alternativa no es tan fácil como suena. Según el Plan de Enajenaciones 2019, hay 127 bienes en los que alguna de las entidades del Estado
tiene participación.
De acuerdo con el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “con corte al 2018, el Gobierno Nacional tiene participación directa en 105 empresas a través de sus ministerios y departamentos administrativos, en las cuales cuenta con participación mayoritaria en 39 de ellas y una participación minoritaria en 66. En estas cifras no se incluyen las participaciones que pueden tener entidades adscritas o vinculadas a los diferentes ministerios o departamentos administrativos, empresas del sector defensa (5 empresas), ni empresas industriales y comerciales del Estado que no desarrollan una clara actividad industrial o comercial”.
En las participaciones minoritarias (la mayoría) hay casos curiosos. Por ejemplo, la Nación tiene una mínima participación accionaria en Avianca (11.304 pesos) y el ICBF cuenta con acciones en la Terminal de Transportes de Villavicencio, por 1,1 millones.
Por ello, el centro de pensamiento económico Anif estima que, juntando todas esas pequeñas inversiones públicas, “su venta tan solo aportaría unos 2,5 billones de pesos (0,2 por ciento del PIB)”, por mucho.
Y para las grandes participaciones, su enajenación no es tan rápida como para disponer de los recursos para el presupuesto de este año.
Muestra de ello es Coltel (Colombia Telecomunicaciones), que ya surtió una etapa en la que salió al ruedo sin lograr un comprador.
Es por ello que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, planteó salir del 8,5 por ciento de Ecopetrol que está autorizado hace rato, camino que también es escabroso, ya que es una empresa altamente productiva, y el Gobierno no tiene el suficiente capital político para hacer esta tarea, advierte Anif. Pero de lograrse la privatización de ese porcentaje en la estatal petrolera, se obtendrían de 10 a 12 billones de pesos y el Estado seguiría con el 80 por ciento.
Así las cosas, para Anif lo “materializable” está por el lado de lo que ha llamado activos sustantivos.
Es el caso de Ecopetrol, pero también de Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), cuya venta permitiría en los próximos tres años “allegar recursos por cerca del 3 por ciento del PIB (30 billones de pesos), de lograrse su aprobación completa”. El viceministro Londoño confirmó que esta apuesta y más privatizaciones están en capilla.
De acuerdo con el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “con corte al 2018, el Gobierno Nacional tiene participación directa en 105 empresas a través de sus ministerios y departamentos administrativos, en las cuales cuenta con participación mayoritaria en 39 de ellas y una participación minoritaria en 66. En estas cifras no se incluyen las participaciones que pueden tener entidades adscritas o vinculadas a los diferentes ministerios o departamentos administrativos, empresas del sector defensa (5 empresas), ni empresas industriales y comerciales del Estado que no desarrollan una clara actividad industrial o comercial”.
En las participaciones minoritarias (la mayoría) hay casos curiosos. Por ejemplo, la Nación tiene una mínima participación accionaria en Avianca (11.304 pesos) y el ICBF cuenta con acciones en la Terminal de Transportes de Villavicencio, por 1,1 millones.
Por ello, el centro de pensamiento económico Anif estima que, juntando todas esas pequeñas inversiones públicas, “su venta tan solo aportaría unos 2,5 billones de pesos (0,2 por ciento del PIB)”, por mucho.
Y para las grandes participaciones, su enajenación no es tan rápida como para disponer de los recursos para el presupuesto de este año.
Muestra de ello es Coltel (Colombia Telecomunicaciones), que ya surtió una etapa en la que salió al ruedo sin lograr un comprador.
Es por ello que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, planteó salir del 8,5 por ciento de Ecopetrol que está autorizado hace rato, camino que también es escabroso, ya que es una empresa altamente productiva, y el Gobierno no tiene el suficiente capital político para hacer esta tarea, advierte Anif. Pero de lograrse la privatización de ese porcentaje en la estatal petrolera, se obtendrían de 10 a 12 billones de pesos y el Estado seguiría con el 80 por ciento.
Así las cosas, para Anif lo “materializable” está por el lado de lo que ha llamado activos sustantivos.
Es el caso de Ecopetrol, pero también de Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), cuya venta permitiría en los próximos tres años “allegar recursos por cerca del 3 por ciento del PIB (30 billones de pesos), de lograrse su aprobación completa”. El viceministro Londoño confirmó que esta apuesta y más privatizaciones están en capilla.
Desinversión en Ecopetrol, ISA y Cenit se
puede iniciar este año
Tres preguntas a Juan Alberto Londoño,
viceministro General de Hacienda
¿Esperan cubrir solo $
4,5 billones este año con venta de activos?
De acuerdo con el Plan
Financiero de 2019, se espera cubrir 0,6 por ciento del PIB con recursos de
capital que correspondan al aprovechamiento de activos o enajenaciones.
¿Dentro del paquete para
este año estarían Cenit, Ecopetrol e ISA como calcula Anif?
En estas empresas se puede iniciar un
proceso de desinversión este año. Es importante recordar que la decisión de
enajenar la participación accionaria estatal en el orden nacional debe
adoptarse a través de un programa contenido en un decreto expedido por el
Gobierno.
No obstante, se están evaluando más
opciones para permitirle a la Nación generar mayores ingresos a partir de la
desinversión en activos no estratégicos.
Si dan buen dividendo,
como Ecopetrol, ¿por qué vender?
Para la presente vigencia fiscal se
tiene contemplado un aforo de 9,6 billones de pesos por excedentes y
dividendos.
En relación con Ecopetrol, es un
proceso estructurado que requiere un estudio riguroso que nos permita
determinar el monto óptimo de acciones que serán emitidas, así como el
mecanismo idóneo para hacerlo y el beneficio que puede tener la Nación de
recibir un mayor monto de recursos producto de la venta en el corto plazo, en
comparación con recibirlos en el futuro vía dividendos.
Siguiendo los lineamientos
establecidos en la ley, y las mejores prácticas para estos procesos de venta,
la posible enajenación deberá estar acompañada por dos bancas de inversión de
amplía trayectoria y expertas en el sector de hidrocarburos.
Una vez concluida la fase de
estructuración, se evaluará el momento de mercado más adecuado para realizar la
transacción, con el fin de proteger el patrimonio tanto de la empresa como el
de todos los colombianos.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Economía y Negocios - EL TIEMPO
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Twitter: @orregojj
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