Vargas Lleras y Martínez, los más influyentes.
Quedó formalizada la reestructuración del Poder Ejecutivo.
Una semana después de haber asumido el poder por segunda ocasión, el presidente Juan Manuel Santos anunció una reingeniería en el Poder Ejecutivo para hacerlo “más eficaz, más estratégico y más comunicativo”. Pues bien, el pasado martes y miércoles, horas antes de la posesión de los ‘superministros’ que tendrán a cuestas esa reestructuración, la Presidencia emitió una serie de decretos que reducen y jerarquizan el círculo más cercano del primer mandatario, elimina y crea cargos, traslada funciones de unas dependencias a otras y, sobre todo, erige a nuevos funcionarios como verdaderos ‘pibotes’ del poder. Funcionarios que tendrán tareas que, en ocasiones, podrían reñir con su pasado profesional y personal.
El decreto más importante de los mencionados es, sin duda, el 1649 del 2 de septiembre, que “modifica la estructura” del Departamento Administrativo de la Presidencia (o Presidencia). Esa modificación excepcional (la última se hizo en septiembre de 2010) concretó la creación de cinco cargos de “ministros consejeros”, los llamados ‘superministros’, cuyos despachos asumirán la coordinación de dependencias que antes eran conocidas como altas consejerías y programas presidenciales, y que, de acuerdo con el diagnóstico hecho por el equipo de gobierno, no estaban siendo lo suficientemente eficaces.
Por ejemplo, bajo la sombrilla de María Lorena Gutiérrez, antigua directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y designada como ministra consejera para el Gobierno y el Sector Privado, quedarán las consejerías para la Primera Infancia y para la Competitividad y la Innovación, así como las direcciones de Ejecución, Políticas Públicas y para las Regiones. Además, Gutiérrez tendrá funciones tan importantes en el orden de prioridades de Santos como coordinar la ruta para cumplir las sugerencias que hizo la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para que Colombia ingrese a sus filas (entre ellas esta reestructuración de la Presidencia).
En el caso de Pilar Calderón, recién nombrada como ministra consejera de Comunicaciones, tendrá a su cargo las direcciones para la Estrategia de Comunicación y otra para la Relación con los Medios, que fungirá como Secretaría de Prensa. Y en el de Óscar Naranjo, designado como ministro consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, será el coordinador de las direcciones de Seguridad, para el Posconflicto y contra las Minas, y de la Consejería para los Derechos Humanos, que tendrá especial relevancia, pues funciones en esa materia que eran de la Vicepresidencia pasaron directamente a ser su responsabilidad.
Naranjo será fundamental para que el jefe de Estado cumpla su principal promesa de campaña: la paz. Entre sus responsabilidades está articular la visión y política del Gobierno para el posconflicto y diseñar su aplicación, las estrategias para la reintegración de quienes se desmovilicen producto de un eventual acuerdo de paz con las guerrillas y las políticas de seguridad ciudadana, además de asesorar al presidente en materia de seguridad nacional. Eso sí, la mayoría de estas funciones serán coordinadas con Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, quien seguirá teniendo un rol protagónico en el propósito del fin del conflicto.
Sin embargo, está claro que con la nueva distribución de labores en la Casa de Nariño, que hay dos nombres que concentran más responsabilidades y, en consecuencia, más poder. Se trata de Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras. El primero, que fungirá como director del Departamento Administrativo de Presidencia, la cual con esta reforma se llamará ministro de la Presidencia y tendrá un total de 25 funciones oficiales. A su cargo tendrá oficinas tan importantes como las secretarías Privada, Jurídica y de Transparencia, la Consejería para la Equidad de la Mujer o la Dirección de Colombia Joven.
El poder de incidencia de Martínez sobre las acciones del Ejecutivo es tal, que sus principales funciones serán la formulación de políticas públicas, leyes y reformas; manejar las relaciones presidenciales con los partidos, las otras ramas de poder y los ministerios; manejar la contratación de Presidencia y hasta diseñar las políticas para San Andrés y Providencia. En otras palabras, para los ministros, Martínez será una especie de filtro para acceder al primer mandatario, para incidir en su agenda programática. O como dicen algunos, un poder dentro del poder.
Los obstáculos que enfrenta Martínez para cumplir con sus funciones tienen que ver con su pasado profesional. Como socio principal de Martínez Neira Abogados, ha manejado asuntos legales de empresas y grupos como los bancos AV Villas, de Bogotá, Colpatria y Davivienda; Caracol Televisión(*) y RCN Televisión, Carbones Colombianos del Cerrejón, Chevron, Goldman Sachs, Grupo Aval, Grupo Santodomingo(**), Hoteles Estelar, Organización Ardila Lülle, Pacific Rubiales y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Precisamente, por su relación con esta última y con otras empresas del sector, tuvo que declarar su primer impedimento para conocer y tramitar un proyecto de ley que presentará el Gobierno para reformar la Ley 160 de 1994 que, entre otras cosas, regula el manejo de baldíos. Lo mismo podría ocurrir con otras iniciativas presidenciales.
Por el lado del vicepresidente Germán Vargas Lleras, cuya oficina también depende del Departamento Administrativo de Presidencia, contará con tres direcciones que fueron creadas con este decreto: las de Proyectos Especiales, Infraestructura y Vivienda. La idea de Santos fue formalizar el anuncio que hizo desde la campaña electoral: que el vicepresidente sería un ejecutor. Así quedó consignado en otro decreto, el 1647 del mismo 2 de septiembre, y que le cede unas funciones presidenciales: “La coordinación (...) de los sectores de vivienda e infraestructura, proyectos especiales de renovación urbana, desarrollo espacial, ejercer la presidencia de la Comisión Intersectorial del Océano y del Espacio. Igualmente coordinará los planes de atención especial a ciertas regiones del país”.
Sin embargo, es probable que Vargas Lleras, el ejecutor, que cuenta con la fuerza que le da el hecho de que los ministros de Vivienda y Transporte, Luis Felipe Henao y Natalia Abello, sean de la entraña política de Cambio Radical (su partido), deba declararse impedido en varios proyectos, como lo hizo como minvivienda en 2013. En ese momento, por tener relaciones personales con propietarios y accionistas de varias empresas de servicios públicos como Aquaseo, Giscol, Empuamazonas, Servicios Generales, Ciudad Limpia, Lime, Aseo Capital y Atesa. Es el caso de empresarios como Alberto Losada, William Vélez, Alberto Ríos o su propio hermano, José Antonio Vargas, presidente de la junta directiva de Emgesa, empresa del mercado de servicios públicos, precisamente.
Con este modelo de gobierno, la idea de Santos es que haya una integración más vertical entre sus funcionarios de confianza. Los cinco ministros consejeros serán los protagonistas del Comité Ejecutivo de la Presidencia, que se celebrará semanalmente. Allí se decantará la agenda del mandatario y se establecerán las prioridades del Ejecutivo. Se trata de un modelo de jerarquización similar al de las empresas privadas. Sin embargo, como se trata de la función pública, habrá obstáculos, como los impedimentos y los egos propios de la política. Será menester de ese poder gerencial evitar los traumatismos que ambos problemas pueda generar.
Los reparos a la reestructuración
El mismo 13 de agosto, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció la reestructuración de la Presidencia, con la creación de cuatro ‘superministerios’, aparecieron también los reparos. Por ejemplo, desde el Centro Democrático, el partido que lidera el hoy senador Álvaro Uribe, se reiteró la tesis del Estado “derrochón”.
No faltó también quien señalara que la reestructuración tenía que hacerse vía ley de la República, tramitada en el Congreso, y no por decreto. Y algunos analistas dijeron que más allá de los resultados que se entreguen, el gran cuestionamiento está en si estos cargos forman parte de una política burócrata de alto vuelo en el interior del Ejecutivo.
Incluso el senador Roy Barreras, del Partido de la U —el de Santos— reconoció en el programa Palabras más, de Red Noticia, que con el revolcón el vicepresidente Germán Vargas Lleras quedó con un poder que nunca antes había tenido un funcionario de Palacio, distinto al jefe de Estado.
Vargas Lleras, el vicepresidente ejecutor
Cuando Germán Vargas Lleras fue nombrado fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos dijo que asumía el reto si el cargo tenía funciones de ejecución. Así fue y al posesionarse asumió el manejo de la Comisión de Proyectos de Interés Nacional Estratégico, que se enfoca en temas de infraestructura vivienda y agua.
Durante el primer mes de su gestión en la Vicepresidencia, Vargas Lleras no se ha quedado quieto. Sus correrías se han enfocado en la Región Caribe, prometiendo una gran revolución. Ha visitado los departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico, La Guajira y Cesar. El Gobierno sabe que, por los resultados electorales, tienen un compromiso con la región y la idea del vicepresidente es cumplirlo.
(*) Caracol Televisión forma parte del conglomerado de medios al que pertenece El Espectador.
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