Iván Cepeda en la mira...

ELESPECTADOR.COM, SALOMÓN KALMANOVITZ 15 DIC 2013 

Mientras toda la atención de la opinión pública se centra en la destitución de Gustavo Petro, el Procurador se prepara para hacer lo mismo con el representante Iván Cepeda del Polo Democrático.

Sería un robo adicional de la representación que ha logrado la izquierda en la arena política colombiana y una mala señal para la negociación en la Habana con las Farc: lo que se logre en las urnas lo pueden desaparecer no sólo un funcionario cuya función es disciplinar a los servidores públicos, sino también magistrados empacados en las altas cortes por la extrema derecha nacional.

El procurador Ordóñez ha sido suave con la corrupción, blando con sus amigos y durísimo con sus enemigos políticos. El exalcalde Samuel Moreno fue suspendido rapidito, porque el procurador no quería perderse de la indignación que sacudía a la opinión pública frente al inmenso robo de que fue víctima la capital, pero no fue castigado. Alonso Salazar fue destituido por aportar pruebas de que uno de los candidatos uribistas a la alcaldía de Medellín tenía vínculos con paramilitares. Iván Cepeda está igualmente investigado por encontrar testimonios y llevarlos a la fiscalía, que vinculan al expresidente Uribe con paramilitares que están pagando penas en distintas cárceles. El procurador, que le debe su vertiginoso ascenso al señor Uribe, no se declara impedido para investigar a un enemigo político de su benefactor. Es que la moral ultra católica está lejos de la ética pública.

Petro, quien denunció la corrupción de los hermanos Moreno y del carrusel de la contratación, fue destituido por dos presuntas faltas: irresponsabilidad en la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión de basuras y por atentar contra la libertad de empresa. El primer cargo es muy evidente, aunque tampoco fue de extrema gravedad, como adujo el procurador, pues no fue lo que causó una epidemia de peste bubónica. El segundo cargo es traído de los cabellos porque la Constitución de 1991 permitió la gestión privada de los servicios domiciliarios, pero nunca prohibió la gestión publica de los mismos. Es más, cuando Petro se vio en la imposible tarea de asumir toda la recolección de la basura de Bogotá, le correspondió mantener la contratación de varios operadores privados.

El procurador no gusta de tener en cuenta los hechos sobre los que extrapola sus cargos. El superintendente financiero, Gerardo Hernández, actuó con cautela y sindéresis, como lo prueba de que la quiebra del mayor operador de la bolsa de valores no arrastró a todo el mercado ni causó un pánico financiero. Sin embargo, el procurador también lo acusó de hechos gravísimos que, ¡vamos!, no lo fueron. La decisión permitiría además que los damnificados demanden al Estado y no a los perpetradores de la estafa. Es que Ordóñez defiende a los que le roban al Estado, como en el carrusel de las pensiones judiciales. Los recursos públicos no son nada sagrados para él. En Bogotá, no hubo crisis de salud pública y la empresa privada continuó operando o sea que las acciones del burgomaestre no tuvieron las terribles consecuencias aludidas por el inquisidor.

Con el representante Cepeda, el caso es más grave aún: Ordoñez actúa como el ariete de su mayor aliado político, vulnerando los derechos de uno de los más reconocidos políticos colombianos por su entereza, seriedad y valentía en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto colombiano. Ahora los victimarios van por él.