Desde el 1 de enero pasado los colombianos tenemos que pagar tres puntos más del IVA, un 19%, por el 59% de los artículos que componen la canasta familiar.
Quedaron gravados con ese tributo, entre otros productos, el aceite de cocina, el papel higiénico, los jabones de tocador, los detergentes y la crema dental. Y dado que tenemos que seguir cocinando, limpiándonos el trasero, lavando la ropa y cepillándonos los dientes, necesariamente nuestros gastos se incrementarán. Como si fuera poco, ahora debemos pagar más por la gasolina por cuenta de un impuesto verde incluido en la reforma tributaria que el Congreso aprobó a las volandas a fines del año pasado.
La justificación que dio el Gobierno para impulsar esa reforma fue, principalmente, cubrir el hueco generado por la caída de los precios del petróleo. Y para cubrir ese foramen no se les ocurrió nada diferente que subir los impuestos que afectan directamente el bolsillo de los colombianos.
Lo que indigna no es tanto que suban los impuestos sino que el Estado no haga absolutamente nada por restringir sus onerosísimos gastos.
Para mejorar el P y G de cualquier institución, empresa, país u hogar no hay si no dos vías: mejorar los ingresos y bajar los gastos. Y el Estado colombiano siempre opta por lo primero, porque es políticamente menos costoso. Pero lo que se debería hacer es liquidar de un plumazo la larga lista de instituciones que no le aportan nada al Estado y le cuestan un ojo de la cara.
La primera que yo acabaría sería la Procuraduría, una macroentidad que maneja más de dos mil cargos, muchos de ellos con elevados salarios, y que solo sirve para apalancar aspiraciones presidenciales. Eso de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, que es la principal función de la Procuraduría, es un embeleco que no se da sino en Colombia. En los países serios a los funcionarios corruptos los castiga la justicia penal, que no solo los destituye sino que los manda a la cárcel.
La segunda que liquidaría es la Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución del 91, que es un canto a la bandera porque no tiene ningún poder real. Pero, eso sí, el Defensor maneja una abultada nómina que le cuesta un huevo al erario público.
La Contraloría no la acabaría, pero, como diría el expresidente Turbay, la reduciría a sus justas proporciones. Es decir, dejaría el control fiscal centralizado en una sola entidad y acabaría las contralorías departamentales y municipales que son una fuente de despilfarro y de politiquería.
El Congreso lo volvería unicameral y de 100 miembros, como propuso Álvaro Uribe en el 2002. Aunque creo que todavía le sobraría gente, con esa sola medida el Estado se ahorraría 4.480 millones de pesos mensuales.
Y a otras instituciones les aplicaría la eutanasia: asambleas departamentales, personerías, corporaciones autónomas regionales (que repiten las funciones del Ministerio y de los departamentos de control ambiental) Consejo de la Judicatura, Consejo de Estado, varias superintendencias, entre otras muchas instituciones que poco sirven y cuestan mucho.
No les quepa duda: si algún Presidente con los pantalones bien amarrados hiciera lo que toca, acabar con las instituciones inútiles del Estado, el país ahorraría lo suficiente como para no tener que pensar en nuevas reformas tributarias en al menos 50 años.
Reflexiones al tema pensional
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