En respuesta a la detención, el expresidente Álvaro Uribe dijo que García lo traicionó y en seguida pidió que se aclaren los hechos que involucran a funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos. Calma, no tanta prisa para despojarse de responsabilidad.
El pasado jueves, en efecto, la Fiscalía capturó a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la sospecha de haber recibido US$6,5 millones (¡nada más!) para favorecer a la multinacional brasileña en la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que, como se recordará, al final quedó con un único proponente admitido por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en es / Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador.
En Colombia hay dinámicas buroctáricas afianzadas, tanto en el nivel nacional como en el local, que han normalizado el hecho de pedir sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos públicos. Rara vez, lastimosamente, las autoridades logran penetrar esos intercambios perversos y ponerlos en evidencia. Aunque suena a lugar común desgastado, la realidad es que la corrupción sí es el principal obstáculo para el desarrollo del país y uno de los motivos para que los ciudadanos desconfíen de las instituciones (y entre ellos mismos, por cierto), con todas las pésimas consecuencias que eso conlleva. Por eso, los resultados que ha comenzado a mostrar la Fiscalía General de la Nación en la investigación por los pagos de Odebrecht son muy bienvenidos, y sólo queda esperar que se destape el nombre de todos los involucrados y que paguen por ello.
El pasado jueves, en efecto, la Fiscalía capturó a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la sospecha de haber recibido US$6,5 millones (¡nada más!) para favorecer a la multinacional brasileña en la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que, como se recordará, al final quedó con un único proponente admitido por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en ese momento en calidad de encargado por García Morales. El ente investigador le imputará los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Odebrecht realizó los pagos en Brasil por medio del Departamento de Operaciones Estructurales, brazo de la empresa que se encargaba de tramitar los sobornos.
En respuesta a la detención, el expresidente Álvaro Uribe dijo que García lo traicionó y en seguida pidió que se aclaren los hechos que involucran a funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos. Calma, no tanta prisa para despojarse de responsabilidad. Y no sólo la obvia que le cabe a la cabeza de un gobierno por no asegurarse de nombrar a las mejores personas en los cargos, pues en este caso en particular faltan además varios elementos por descifrar. Primero, porque el monto del soborno es exorbitante como para decidir sin más pesquisas que solamente llegó a untar a un único funcionario aislado. Pero también porque esta misma compañía, como lo ha reconocido el propio candidato uribista, promovió —y falta comprobar si pagó— una multimillonaria asesoría para que Óscar Iván Zuluaga ganara la Presidencia de la República en 2014.
Todo lo cual no quiere decir que no sea urgente la petición del expresidente Uribe: que se investiguen en profundidad los sobornos que por otros US$4,6 millones ha aceptado Odebrecht que pagó en Colombia para, en palabras de la Fiscalía, “obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”. Porque no estamos ante un caso aislado sino, nos repetimos, ante una dinámica afianzada que, puesto que rara vez caen los implicados y de ahí la importancia de que este caso avance, se ha convertido en la manera normal de hacer las cosas.
El fiscal Martínez ha dicho que “vamos a llegar a todos los implicados e involucrados en estos hechos; no se trata solamente de contratos del orden nacional. La Fiscalía General ha identificado igualmente contratos que se han realizado del orden local con entidades territoriales”. Esperamos que así sea y que se aproveche la colaboración de Odebrecht con la justicia (se ha hablado de una retribución al país por $32.000 millones) para sacar a la luz los nombres de todos los que estuvieron cercanos a esta red de corrupción. Las sanciones, además, tienen que ser ejemplares, para enviar así un mensaje contundente: en Colombia no todo vale.
Hemos celebrado en varias ocasiones el compromiso de la Contraloría, la Fiscalía y la nueva Procuraduría de Fernando Carrillo con la lucha anticorrupción. Ese compromiso debe renovarse a diario y seguir dando resultados concretos. La única opción para desarraigar la “normalidad” de estas prácticas perversas es mediante una guerra frontal que demuestre las consecuencias de hacerle trampa al país.
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