ELESPECTADOR.COM, Editorial 21 Ene 2017
Este Gobierno, que ahora promete encabezar la cruzada contra la
corrupción,
no está exento de culpa en ese intercambio de apoyos. /
Foto: Cristian Garavito - El Espectador
La supuesta tecnocracia pragmática que se escuda en la idea de que
para el Estado es mejor evitar bloqueos a proyectos de necesidad
nacional, incluso si eso significa otorgar prebendas y contratos en
regiones para favorecer a determinados políticos, institucionaliza la
dinámica mezquina del “tú me apoyas en el Congreso, yo te nutro el poder
en las regiones y no pregunto qué pasa ahí”.
Decíamos hace una semana aquí,
cuando apenas se comenzaban a conocer las primeras decisiones de la
Fiscalía General de la Nación producto de la investigación por los
sobornos de Odebrecht en el país, que resultaba crucial que se avanzara
hasta identificar y hacer pagar a todos los implicados para demostrar
las consecuencias de hacerle trampa al país. Decíamos también que la
responsabilidad política de haber escogido y defendido funcionarios de
dudosa ortografía no se podía soslayar.
Conforme
se han ido conociendo nuevos ingredientes de este escándalo,
involucrando también al actual Gobierno, sentimos empero que esto no
basta para erradicar esa forma perversa de actuar si a la par no se
cambia también la manera en que opera la política colombiana. Cuando las
investigaciones comienzan a involucrar a funcionarios o políticos no
muy conocidos y el debate, a partir del discurso de los líderes a la
cabeza, se queda en a cuál Gobierno le cabe mayor o menor culpa en el
caso de corrupción, se corre el peligro de que todo concluya en la idea
de que unos cuantos bandidos encontraron la manera de ganarse una plata
por unas maniobras que no fueron detectadas a tiempo. Unas manzanas
podridas que se detectan se sacan del cesto, y todos tan felices. Si eso
sucede en este caso, otra vez no habremos avanzado mucho en cambiar una
manera de hacer las cosas que ya parece casi natural.
Ahora que
parece surgir una renovada efervescencia ciudadana y de las autoridades
en contra de la corrupción, es importante que al compromiso que
demuestran las nuevas cabezas de los entes de control se sume el
reconocimiento de que la concepción del manejo del Estado que se ha
mantenido es perversa. La supuesta tecnocracia pragmática que se escuda
en la idea de que para el Estado es mejor evitar bloqueos a proyectos de
necesidad nacional, incluso si eso significa otorgar prebendas y
contratos en regiones para favorecer a determinados políticos,
institucionaliza la dinámica mezquina del “tú me apoyas en el Congreso,
yo te nutro el poder en las regiones y no pregunto qué pasa ahí”. No son
corruptos directamente los funcionarios que aceptan esa lógica, es
verdad, pues no participan del fraude a los recursos públicos ni
quebrantan la ley, pero ¿no es igual de reprochable mirar para otro
lado? ¿Estamos acaso condenados a la dinámica dañina porque ese es el
“juego de la política”? ¿No sería una muestra de responsabilidad imponer
desde la cabeza la prohibición del intercambio de favores, la denuncia
de quienes amenazan con estancar el país si no les dan su cuota de
poder? Si vamos a hablar de lucha anticorrupción, no podemos ignorar
esta realidad.
Este
Gobierno, que ahora promete encabezar la cruzada contra la corrupción,
no está exento de culpa en ese intercambio de apoyos. Desde que el
entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo que “vamos a
repartir la mermelada en toda la tostada nacional”, refiriéndose a la
reforma de las regalías, el término “mermelada” se volvió sinónimo de
las peticiones que los congresistas de la amplia Unidad Nacional le han
exigido al Gobierno a cambio de su apoyo en momentos críticos, no sólo
para aprobar sus proyectos en el Congreso, sino también durante la
reñida reelección del presidente Juan Manuel Santos.
En este caso
de Odebrecht genera justa indignación lo que se ha conocido sobre cómo
se llegó a la adición del contrato de la Ruta del Sol en el 2014. Según
la Fiscalía, al exsenador Otto Bula “se le confió el encargo de obtener
la inclusión de ciertas condiciones económicas en el contrato”, y la
Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó la obra con un otrosí, y no
con licitación pública, en un contrato que cumplía con las mismas
condiciones que se le habrían exigido a Bula. La creación de dos peajes
adicionales para el tramo Ocaña-Gamarra, autorizado por resolución del
Ministerio de Transporte, despierta suspicacias, especialmente por el
momento en que se decidió otorgar la adición del contrato, en plena
campaña reeleccionista.
No son suficientes, entonces, las
declaraciones altisonantes y la creación de comités. Es bienvenida la
propuesta del Gobierno de que el Estado financie todas las campañas
políticas, pero también es necesario que haya un cambio profundo en la
manera como se viene haciendo política en el país, desde las cabezas
nacionales hasta los caciques regionales. Esa dinámica, ya hemos visto,
es muy costosa para Colombia.
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