Foto archivo El Nuevo Siglo
Al
tenor de las encuestas el Congreso es el órgano político más
desprestigiado del país. Es sabido que la opinión pública considera al
Parlamento, no como la cuna de la democracia representativa, sino como
la suma de muchos de los males que afectan al país, empezando por la
corrupción, el clientelismo e incluso los nexos de la política con el
narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, minería ilegal, carteles de
contratación y otros de similar gravedad.
Si bien se trata de una visión exagerada porque así como hay
senadores y representantes que incurren en conductas reprochables, hay
otros que, por el contrario, son ejemplo de trabajo, transparencia y
lucha indeclinable contra la corrupción, el desgreño administrativo, la
ineficiencia estatal y la utilización de la función parlamentaria en
beneficio propio y de intereses particulares o ilícitos.
Es en ese escenario en el cual se debe analizar la viabilidad de la
campaña para la convocatoria de un referendo que reduzca el sueldo de
los congresistas, hoy por encima de los 27 millones de pesos al mes,
fijándole un tope de 20 salarios mínimos, lo que significa que la
remuneración no llegaría a los 14 millones de pesos. De igual manera,
se buscaría en la iniciativa de participación popular restringir la
reelección inmediata de los congresistas, aumentar los castigos por
inasistencia a las sesiones en las comisiones y plenarias, así como
eliminar gabelas en materia de vehículos oficiales, escoltas,
conductores, tiquetes aéreos y hasta bonos para el combustible.
La iniciativa fue inscrita a mediados del año pasado ante las
autoridades electorales con el respaldo de más de 130 mil firmas y a
finales de diciembre la Registraduría dio vía libre al respectivo comité
promotor para que reúna en los próximos seis meses no menos de 1 millón
900 mil firmas. Sí pasan el filtro de revisión, entonces el proyecto
de convocatoria de referendo será remitido al Congreso para iniciar su
respectivo trámite.
Como era de esperarse la posibilidad de que los colombianos sean
citados a las urnas para que se pronuncien sobre una rebaja en el sueldo
de los congresistas ha tenido mucho eco en la opinión pública. Por lo
menos así se desprende de lo afirmado esta semana por uno de los
promotores de la campaña, según el cual ya suman más de un millón de
firmas recolectadas en todo el país y esperan que en los próximos meses
esa cifra se multiplique sustancialmente, con el fin de que el
Parlamento, cuando estudie el respectivo proyecto, no pueda oponerse a
la voluntad popular ni acudir a la nefasta ‘unidad de cuerpo’ de sus
mayorías en Senado y Cámara para bloquear este mecanismo de
participación popular.
Paradójicamente en el segundo semestre del año pasado en el Congreso
se hundieron sendos proyectos que también buscaban, esta vez por la vía
legislativa, reducir el salario de los parlamentarios. Uno de ellos, por
ejemplo, proponía bajar de 40 a 32 salarios mínimos mensuales dicha
remuneración para los próximos cuatro años. Aunque fue aprobado en la
Comisión Primera del Senado, se hundió luego en la Plenaria por una
evidente falta de voluntad política de los congresistas para apretarse
el cinturón, precisamente en momentos en que discutían y aprobaban una
drástica reforma tributaria que, por ejemplo, aumentó el IVA del 16 al
19 por ciento.
Como lo hemos reiterado en estas páginas, la soberanía reside en el
pueblo y la mejor manera de ejercerla es la democracia directa.
Cualquier esguince que se haga a esta premisa atenta claramente contra
el espíritu constitucional. Ello fue, precisamente, lo que ocurrió con
el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz, votado el pasado 2 de
octubre, cuyo dictamen terminó siendo desconocido por el propio
Congreso, con la anuencia del Gobierno, al abocar una inédita
refrendación del remozado pacto con las Farc por la vía legislativa,
desconociendo abiertamente el sentido del pronunciamiento del
constituyente primario.
Cuando el referendo que propone rebajar el sueldo a los congresistas
llegue a consideración del Legislativo, una vez más estará sobre la mesa
el dilema de qué pesa más: la democracia directa y participativa, o la
indirecta y representativa. La respuesta es más que obvia y, por lo
mismo, sería un craso error del Parlamento bloquear o desconocer, una
vez más, el mandato de la ciudadanía, ahora con el único fin de no
reducir sus altos salarios en un país que atraviesa una estrechez fiscal
drástica y en el que la parte más dura del apretón la están
sobrellevando las clases con menos recursos.
Reflexiones al tema pensional
http://jujogol.blogspot.com.
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