Lo que viene en 2017 puede ser muy importante: comenzará el proceso de normalización de las Farc en la sociedad colombiana en un contexto económico muy restringido, porque no hay forma de evitar enfrentar las consecuencias de la caída de los precios del petróleo. A pesar de las aseveraciones de César Gaviria y sus allegados, el gobierno no puede mantener el tren actual de gastos y, al tiempo, financiar el costo de ocupar más de doscientos municipios donde las Farc hoy aun administran justicia, y llevar servicios de seguridad, justicia, salud y educación. Para cumplir lo pactado sin descuidar las demás tareas del Estado es preciso mejorar la calidad del gasto público. Eso exige reconocer la crisis de las instituciones públicas. La justicia es lamentable, la administración es ineficiente, el legislador es irresponsable, no hay verdaderos partidos y la corrupción campea.
En el sistema actual toda aprobación requiere contraprestación para los congresistas de la bancada oficialista. Ellos, a su vez, aprueban a velocidades asombrosas cosas de gran importancia, como los acuerdos de La Habana y el aumento del impuesto al valor agregado. Aunque la reforma tributaria tiene más impacto para la población de menores ingresos, y pese a que Colombia es un país de elevada desigualdad en el ámbito mundial, su aprobación no significó compromiso alguno de mejorar la calidad del gasto para el Gobierno Nacional. El aumento del IVA mejorará un poco la calidad crediticia del gobierno, lo cual es positivo para el crecimiento del ingreso nacional en el corto plazo, pero reducirá el dinero disponible para el consumo familiar, lo cual es inconveniente para el mismo propósito. El lento crecimiento neto de la economía no permitirá que los recursos del gobierno aumenten lo necesario para atender los compromisos, y la desigualdad en la distribución del ingreso no se reducirá.
Se ha pregonado con infundada ilusión el mejor desempeño del país en las pruebas PISA. La verdad es que pasar de 62 a 59 no es gran avance. Sin mejor educación no habrá futuro, y para tenerla es preciso cambiar el ordenamiento institucional del país. Lo público merece otro orden, con responsables de cada tarea en el cada nivel y la capacidad de decisión debe estar cerca del nivel en el cual la decisión específica se materializa. Por ende, es conveniente más descentralización, con mejores controles, y más participación de la ciudadanía en la vida pública, para mitigar la corrupción. Debemos mirarnos al espejo y ver las cosas como son. Colombia puede tener un magnífico futuro, y es más fácil hacer los cambios necesarios que sostener un sistema político inviable, como el actual. ¿Por qué no ver lo evidente?
Reflexiones al tema pensional
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