“Los que no les gusta la mermelada les va tocar aguantarse o se vacunan contra la diabetes porque la vamos a duplicar de aquí en adelante porque hay más inversión social en todas las regiones”. Con esta frase, pronunciada hace pocos días en Algarrobo (Magdalena), el presidente Santos asimiló la bien conocida mermelada al gasto social.
No queda claro si es un desafío a la inmensa mayoría de los ciudadanos colombianos, que repudian el maridaje entre corrupción y el presupuesto, o si se trata de otro de los célebres lapsus verbales del Jefe de Estado.
En los prudentes medios de comunicación, la frase fue ignorada. Pero en las redes sociales, produjo miles de comentarios negativos, que no debieron pasar desapercibidos en Palacio. Porque el Presidente sabe muy bien que la mermelada no es inversión social. Sería como afirmar que el clientelismo es una forma de lucha contra el desempleo. La mermelada es un horrendo negocio entre los políticos que reciben partidas en los presupuestos –nacionales o territoriales– para luego asignarlos a los municipios donde estos mismos políticos ejercen el poder.
Luego, las obras públicas se asignan a contratistas cercanos que financian sus campañas e incluso su descarado enriquecimiento personal. El nombre de ‘carrusel’ es una buena imagen de este esquema de corrupción.
La mermelada no es, entonces, inversión social, es todo lo contrario, pues se trata de un gasto público ineficiente, regresivo y que fomenta círculos de corrupción. Exaltar estas prácticas como si fuesen positivas para el país es un error ético y político. Por ello, convendría que el Presidente repasara el artículo de Matt Ridley, miembro de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, publicado por Wall Street Journal de la Américas y reproducido por Portafolio en su edición del pasado 30 de julio. El texto se titula ‘Una ayuda inteligente para los pobres’ y realiza un interesante análisis de las prioridades en las cuales deben invertirse los recursos de cooperación para maximizar el impacto positivo en los países pobres. Menciona los estudios del Centro para el Consenso de Copenhague, que trabaja identificando las iniciativas que tendrían el mayor impacto social por dólar invertido.
Según estos expertos, las prioridades serían los complementos nutricionales para la malnutrición, expandir la cobertura de la población vacunada y luchar contra la malaria, las lombrices intestinales y la tuberculosis.
Priorizar la inversión social requiere en Colombia un trabajo articulado que hoy no existe. El DNP, otrora importante entidad de coordinación, es hoy en día un ente secundario sometido a los dictámenes de la Casa de Nariño. El caos de la descentralización ha multiplicado los órganos de planeación y los recursos disponibles en la regiones, pero ha tenido como resultado visible un gigantesco despilfarro y una corrupción sin precedentes. La inversión social –que no es la mermelada– permitiría que no se sigan muriendo de hambre y sed niños en La Guajira, los hospitales tuvieran los medicamentos necesarios, los colegios contaran con internet, las vías fueran modernas, las calles seguras, el medio ambiente protegido, las universidades públicas financiadas y la justicia eficiente.
La mermelada compite, entonces, con la inversión social porque la corrupción es una desgracia nacional.
Miguel Gómez Martínez
Profesor del Cesa
migomahu@hotmail.com
Profesor del Cesa
migomahu@hotmail.com
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