Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del segundo mandato de la administración Santos, enfrenta desafíos de grueso calibre que deberá sortear desde el primer día de servicio. Para comenzar, será necesario que se ponga las botas y defina con el Jefe de Estado los lineamientos de su independencia administrativa que lo blinden de la vulgar politiquería.
En los toros, cada torero va con su cuadrilla. Sin ella no hay torero que valga, o incluso que subsista, así desafíe con valentía los toros de lidia. Resulta fundamental, entonces, que el ministro Iragorri tenga plena libertad para elegir a sus colaboradores en el Ministerio y en las entidades adscritas encargadas de la ejecución de sus políticas, particularmente en el Banco Agrario, Finagro, ICA, Incoder, Almagrario, Vecol, las Unidades Administrativas Especiales de Tierras y Pesca. Incluso en las corporaciones mixtas, Corpoica y CCI.
Así, el ministro Iragorri, como rector de la política de Estado agropecuaria, pesquera, forestal y de desarrollo rural de Colombia, podrá consagrar sus esfuerzos en la reestructuración institucional, formulación, coordinación y evaluación de las políticas de transformación agropecuaria y rural de largo plazo que le devuelvan la seguridad jurídica, la rentabilidad y competitividad al agro colombiano. Para ello, será necesario reverdecer el sendero de la concertación gremial y campesina, fundamentado en los resultados y las recomendaciones de la Misión Rural y el Censo Agrario Nacional.
Al examinar el comportamiento presupuestal de inversión del sector agropecuario, se destacan las ineficiencias generadas por la debilidad oficial en la ejecución de los recursos públicos que deberían irrigarse sin trabas a favor del campo colombiano. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, los compromisos efectivos de pago fueron, en promedio, del 62 por ciento entre el 2000 y el 2013.
En consecuencia, si tenemos en mente que el presupuesto gubernamental para la agricultura y el desarrollo territorial de nuestro país pasó del 1 al 8 por ciento del PIB del sector en los últimos 10 años, es imprescindible que el rector de la política sectorial persiga la incesante y pulcra ejecución de estos recursos, exclusivamente a través de las entidades adscritas.
El rebalanceo del presupuesto agropecuario debe tener en cuenta el desequilibrio generado por la carencia de bienes públicos y el crecimiento exponencial de la repartija burocrática de subsidios directos prodigados al calor de presiones sociales y paros agrarios. El ministro Iragorri deberá, por tanto, promover la competitividad y rentabilidad del campo, y al mismo tiempo, administrar eficazmente los bienes públicos referidos a la infraestructura de riego, asistencia técnica, acceso a los recursos financieros y de seguros de cosecha a bajo costo, empresarización del campo, promoción de la asociatividad y servicios de sanidad animal y vegetal.
¡Buen viento y buena mar, ministro Iragorri!
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
andresespinosa@inver10.co
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
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