La decisión de declarar inconstitucional el mecanismo de fijación de precios de los combustibles por parte de la Corte Constitucional ha suscitado un enorme debate económico.
A pesar de que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) fue creado en la Ley del Plan de Desarrollo 2006-2010 como un apartado más, este ha representado un ahorro para el Estado de alrededor de 20 billones de pesos (que se hubiesen gastado de haber continuado con el esquema de subsidios que existía anteriormente).
Ahora, el Congreso y el Gobierno deben decidir si es necesaria la reglamentación de un nuevo mecanismo que estabilice los precios al consumidor final, como lo hacía el Fepc, y si este valor debe fluctuar a la par del precio mundial. Adicionalmente, si deben seguir existiendo los impuestos y sobretasas al combustible.
Sobre la necesidad de contar con un fondo que estabilice el precio al consumidor final, no habrá mucho debate. Se calcula que la volatilidad en precios sin el mecanismo de estabilización habría sido 2,5 veces la observada.
El costo fiscal de este mecanismo es cero, pues el monto pagado en el largo plazo es igual al costo internacional, pero las fluctuaciones se distribuyen en el tiempo facilitando su incorporación a las cuentas de los hogares y las empresas.
Sin embargo, determinar si el precio interno debe fluctuar a la par que el valor internacional no es una tarea fácil.
Por un lado, reducir el precio de la gasolina afecta los ingresos del Estado, por la caída en el recaudo de los impuestos y en los ingresos que se le reconoce al productor, Ecopetrol, propiedad –en 90 por ciento– del Estado.
El efecto final es una menor provisión de bienes públicos o la necesidad de incrementar otros impuestos.
Una reducción hipotética de 1.000 pesos en el precio del galón de gasolina tendría un costo fiscal de 3 billones de pesos anuales. Esto implicaría, por ejemplo, aplazar el inicio de la cuarta generación de concesiones viales o equivaldría a aumentar el IVA en casi dos puntos porcentuales.
Por otro lado, la reducción en el precio beneficia a todos los consumidores colombianos, pero no en la misma magnitud.
Cuando un motociclista llena su tanque de gasolina recibe tan solo una fracción del subsidio que obtiene, por ejemplo, un empresario millonario al tanquear sus camionetas blindadas, pues el subsidio es por galón y no por persona.
Al final, los tres billones de pesos que dejó de recoger el Estado terminarían, en su mayoría, en los bolsillos del millonario empresario estrato 6, y solamente algunos pesos ahorrados por el motociclista o el usuario de servicio público estrato 1.
Por ello, resulta más equitativo vender nuestro petróleo al mejor postor y distribuir el ingreso de la venta entre todos los colombianos. Esto debe tenerse en cuenta cuando se fije la nueva reglamentación.
Ricardo Rojas Parra
Economista
Profesor universitario
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