domingo, 20 de octubre de 2013

El plan del Gobierno para meter en cintura a constructoras

ELTIEMPO.COM, Por:  19 de Octubre del 2013

Socorristas con grúas y taladros aún intentan encontrar vida entre los escombros.

Empresas ya no podrán supervisar sus propias obras y les revisarán la calidad de los materiales.

Este lunes, a primera hora, el gobierno Santos revelará un paquete de medidas de choque con las que pretende conjurar tragedias como la ocurrida hace ocho días en el edificio Space, de Medellín, en donde más de mil toneladas de concreto y hierro sepultaron a 11 personas en cuestión de segundos. (Vea las imágenes del paso a paso del rescate en el Space)
Aunque es prematuro saber cuáles fueron las causas de que la torre 6 se desmoronara de manera súbita, una inspección del Ministerio de Vivienda –la primera en llegar al lugar de la tragedia– obtuvo información clave y confidencial que le permitió al Gobierno identificar dos factores que deben blindarse en construcciones de esta magnitud (más de 3.000 metros cuadrados): la calidad de los materiales y la supervisión de las obras. (Lea también: Curador del Space se 'rajó' en el examen para reelegirse en el cargo)
Autoridades locales ya admitieron que en el caso del Space no se ejerció una supervisión independiente, sino que se le permitió a la Constructora CDO contratar a su propio auditor, una práctica extendida en la mayoría de construcciones privadas del país.
De hecho, este domingo ni curadores ni oficinas de planeación asumen responsabilidad sobre las posibles fallas en los diseños que les presentan, y algunos se limitan a chequear documentos. (Lea también: La tragedia del vigilante Jesús Colorado)
En el caso del Space, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, aún el Gobierno no ha podido saber quién ejerció esa supervisión y si la Secretaría de Planeación de Medellín recibió o no un informe sobre cómo se levantó la torre siniestrada.
“Ese ‘yo con yo’ lo vamos a acabar. Aunque la ley lo permite, desde ahora la supervisión técnica de este tipo de obras deberá ser independiente, autónoma y no pagada por las mismas constructoras”,anunció el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona. (Lea también: Temor en los otros edificios levantados por la constructora de Space)
Esa autovigilancia explicaría por qué la mayoría de quejas que hay sobre fallas en casas y edificios no parten de las entidades que ejercen control sino de los residentes afectados. Y los resultados son pírricos.
“En solo Bogotá, la Secretaría de Hábitat ha recibido 4.235 quejas de este tipo en tres años, pero solo cursan 1.456 investigaciones y las multas que se imponen son irrisorias”,aseguró Ricardo Cañón, personero de Bogotá. Y agregó que el principal error es creer que estos conflictos son entre particulares. (Paso a paso del rescate en el complejo residencial Space)
Precisamente, las medidas que prepara el Gobierno buscan ponerle fin a la evasión de responsabilidades. A partir de ahora, si una obra colapsa y el supervisor no alertó sobre la falla, este deberá responder solidariamente ante las autoridades penales y civiles. Pero si la omisión de las alertas es de las oficinas de planeación, responderán los municipios. Y los curadores también serán corresponsables si hay errores en los documentos que sustentan los proyectos, incluidos los diseños.
Al respecto, los investigadores verifican si el sistema estructural aprobado para la torre colapsada podía aguantar 22 pisos o fue concebida para una altura menor.
Materiales, la otra pista
“Sabemos que el del Space es un caso excepcional, que las normas vigentes en el país son estrictas y que el sector no está en riesgo. Pero este tipo de medidas permitirán evitar episodios similares y proteger aún más a los residentes”, agregó el ministro Henao.
Coincidencialmente, el equipo interdisciplinario que creó la Fiscalía para investigar este caso también le está apuntando al tema de la supervisión de las obras.
Incluso, buena parte del interrogatorio al que será sometido en una semana Pablo Villegas Mesa, representante de la constructora, versa sobre esa materia y, según el fiscal Luis Eduardo Montealegre, de sus respuestas dependerá que se pueda hablar o no de homicidio y de lesiones personales.
La otra gran punta de la investigación penal y de las medidas de choque del Gobierno es la de la calidad de los materiales usados en estas obras. Varias fotos muestran cómo varias columnas del Space se reventaron y dejaron expuesto el hierro. Y aún nadie da razón de proveedores y calidad.
A este respecto, el Gobierno emitirá normas para que los municipios tomen medidas que garanticen la calidad de todos los materiales, incluido su sometimiento a pruebas de laboratorio.
El ministro Henao revelará mañana los instructivos y decretos con los que el Gobierno pondrá en vigencia estas medidas.
Pólizas y acuerdos con las víctimas
Seguros Bolívar le dijo a EL TIEMPO que con ellos fue adquirida la póliza de construcción de la torre 6, pero no reveló monto y dijo que primero debe visitar el lugar. Con Seguros Colpatria hay una póliza para zonas comunes, y con Sura, una para daño y robo de equipos, e individuales para hogar y carros, que tomaron 30 residentes. La constructora CDO dijo que ya empezó a firmar acuerdos con víctimas del Space, pero no entregó montos ni detalles de la conciliación.
Responsables pagarían hasta 8 años de cárcel
Ocho años de cárcel o la suspensión para ejercer su labor durante 20 años podrían ser las penas que pagarían los constructores de la colapsada torre 6 del conjunto residencial Space, si las autoridades comprueban que para la construcción del proyecto se utilizaron materiales de una calidad inferior a la prometida. “Habría responsabilidades por homicidio y lesiones culposas. De ser así, el juez podría establecer una pena de entre 2 y 8 años. Pero como son varias víctimas, respondería por el delito aumentado”, dijo el abogado penalista de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit Juan Oberto Sotomayor, y añadió que en el caso cabría una pena accesoria para los constructores, como la suspensión para ejercer su labor. “Esa inhabilitación sería de 6 meses a 20 años”. Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban Cantor, el estudiante de Eafit hallado sin vida bajo las ruinas del edificio, fue más allá y dijo que hubo negligencia de los constructores, por lo que estudian la posibilidad de acusarlos de homicidio con dolo. Sobre los trabajadores que estaban en el edificio, el abogado Juan Oberto Sotomayor aseguró: “Hay que investigar si fueron obligados por sus patrones sabiendo lo previsible del colapso. Podría haber responsabilidad penal por homicidio culposo”.

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