Expertos advierten que no soluciona los problemas de fondo y dicen que falta claridad en algunos puntos.
Los ajustes al sistema de salud, que esta semana fueron aprobados por la plenaria del Senado y que continuarán su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, siguen generando controversia.
Una lluvia de críticas comenzó a caer sobre varios de los puntos más importantes del proyecto de reforma ordinaria de la salud, principalmente en lo que se refiere a la creación de una entidad estatal que centralice la afiliación, recaudo y administración de los recursos del sistema, así como el nuevo rol de las EPS y el POS.
UNA SUPER ENTIDAD
Se aprobó la creación de una entidad estatal llamada Salud Mía, que será la encargada de manejar más de 40 billones de pesos del sistema de salud del país.
Esto implica que no solo recaudará los aportes y hará los giros a los distintos actores de la salud, sino que tendrá que manejar las afiliaciones de todos los colombianos. No obstante, se dejó la puerta abierta a la posibilidad de que pueda tercerizar algunas tareas.
“Salud Mía va a mejorar los flujos de información y de recursos, lo cual esperamos que se traduzca en mejor calidad. Además, va a tener todos los controles y será vigilada por la Superintendencia Financiera” dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
No obstante, esta entidad es objeto de críticas. Ramiro Guerrero, ex viceministro de Salud, y actual director del Centro de Estudios Proesa del Icesi, de Cali, afirma que “la propuesta de crear Salud Mía es inconveniente en los términos en los que está planteado. A esa entidad le quedarían demasiadas funciones operativas y podría colapsar”.
Justamente, varios expertos consultados por este diario toman como referencia lo sucedido con Colpensiones, entidad creada para administrar el régimen público de pensiones y que recientemente ha atravesado por todo tipo de inconvenientes.
El presidente de Acemi, Jaime Arias, dice que “si es una tesorería que maneja bases de datos, no es grave. Pero si es la que afilia a 45 millones de personas, recauda y administra los fondos, paga a los prestadores y revisa millones de facturas médicas, se va a reventar”.
Guerrero defiende el Fosyga, y sostiene que solo sería necesario hacerle algunos ajustes para que se más eficiente. “Fosyga nunca ha estado politizado y en cambio, con la nueva entidad sí podría pasar eso”.
LAS GESTORAS
Con la creación de Salud Mía, las funciones que actualmente cumplen las Entidades Promotoras de Salud (EPS), quedan disminuidas.
Esto, si se tiene en cuenta que ya no se encargarán de las afiliaciones, ni del recaudo, ni manejarán recursos.
Según el ministerio de salud, estas entidades pasarán a llamarse gestoras, es decir que harán acompañamiento a los afiliados, operarán en el área de gestión sanitaria y podrán contratar la red de prestadores del servicio de salud. Adicionalmente, podrán operar tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
Aunque hay quienes han recibido bien el hecho de que estas entidades ya no administren dinero, para que no se corra el riesgo de que se desvíe a usos diferentes a la salud (como ocurrió en algunos casos), el tema ha sido objeto de reparos.
“Si querían eliminar a las EPS, creo que se cumplió el objetivo. Cada una de ellas, dependiendo de su naturaleza, está analizando si les interesa ser gestoras. Seguramente algunas de ellas se mantendrán, pero ya no serán las grandes empresas que construyeron el sistema actual”, dice Jaime Arias de Acemi, y añade que las funciones de las gestoras se limitarán a un tema de auditoría.
De aquí se desprende el otro tema polémico en la reforma, que es la prohibición de la integración vertical.
Como se recuerda, las EPS tenían en su poder varios de los servicios a lo largo de la cadena, lo cual en algunos casos se tradujo en posición dominante por parte de algunas.
Así las cosas, lo aprobado hasta ahora define que solamente podrá haber integración en los niveles básicos o primarios de atención con unos controles muy específicos.
En otras palabras, las gestoras solo podrán tener centros de atención básica, y no hospitales de alta complejidad. Es decir, que las EPS que tengan hospitales y quieran ser gestoras, deberán venderlos.
“Con este artículo se prohibe a los gestores utilizar los recursos destinados a servicios de salud para hacer equipamiento o intervenciones en infraestructura”, dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Ramiro Guerrero le da la razón al Gobierno. “Es bueno que haya un buen control del primer nivel de la atención primaria. Ahora bien es indeseable que se integren en procedimientos de alta complejidad”.
El presidente de Acemi defiende la integración, al señalar que esto permitía reducir los costos hospitalarios entre 25 y 30 por ciento.
ALTOS COSTOS
En términos generales, expertos consultados por este diario señalan que la reforma no resuelve los problemas de la salud, pues no hay soluciones claras en cuanto a financiación y sostenibilidad, pero tampoco hay cómo garantizar una mejora en la calidad de los servicios.
Estudios realizados por Acemi señalan que la Ley Estatutaria aprobada recientemente, y la ordinaria que está en trámite, tienen un costo cercano a los 10 billones de pesos.
Estos cálculos toman en cuenta los costos de incluir el No POS al POS en los regímenes contributivo y subsidiado (aun con que Fosyga tiene recursos), y la adecuación de la red pública, la contratación de más personal de salud.
Incluyen el costo de la puesta en marcha de Salud Mía y los gastos de financiamiento en su primer año, así como los recursos de corto plazo para pagar las deudas de las EPS públicas y la capitalización del Fosyga.
De hecho, si bien el Gobierno tenía ya entre sus cuentas la unificación de los dos regímenes, ya ha manifestado la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento.
Guerrero califica el proyecto de reforma a la salud como “regular y empeorando”. “Me parece un error que aprobaran eso con precipitud este fin de año. Como está el texto le generaría al Gobierno y al país más dolores de cabeza que lo que existen hoy”.
AGENTES DEL SECTOR CONSIDERAN QUE AÚN FALTA CLARIDAD SOBRE EL PLAN DE BENEFICIOS
Previamente, la Ley estatutaria había definido que es necesario incluir lo que los pacientes necesiten.
La reforma de salud que actualmente se tramita en el Congreso de la República, incluye el cambio del POS a un esquema llamado Mi Plan, y los mecanismos de inclusión y exclusión de tratamientos, así como la regulación de precios de servicios y tecnologías en salud, y la vigilancia de estas tecnologías.
“Tenemos toda la evidencia científica sobre la mesa, vamos a invitar a todos los actores del sector y quien toma la decisión de incluir o excluir un tratamiento, un medicamento o un dispositivo es el Gobierno”, explicó el Ministro Gaviria y añadió que no se reducirá el plan de beneficios para los colombianos.
Sin embargo, falta aún mucha claridad en este frente. Ramiro Guerrero, ex viceministro de Salud, señala que “No ve uno suficiente claridad todavía sobre la forma como se va a resolver en esta reforma. Si no se soluciona esto, en uno o dos años vamos a estar en las mismas”.
“También tememos que el POS se atrase tecnológicamente”, dice el presidente de Afidro, Francisco de Paula Gómez.
Para Jaime Arias, presidente de Acemi, una de las preocupaciones son los sobrecostos.
Por un lado, los tratamientos No POS cuestan alrededor de 6 billones de pesos, pues equivalen al 25 por ciento del POS.
La otra inquietud es el impacto que tendrá la inclusión de los servicios no médicos, como el transporte, alojamiento, pañales, y demás elementos que necesiten los pacientes.
El directivo recordó que el costo de cada paciente en el país es de 380 dólares, en Chile llega a los 900, y en España ronda los 3.800 dólares.
Por otro lado, los expertos destacan la portabilidad, es decir que los usuarios puedan ser atendidos por cualquier tipo de prestador.
ALGUNOS TEMAS QUE QUEDARON PENDIENTES
Uno de los puntos de coincidencia de los expertos ajenos al Gobierno, es que la reforma no resuelve los problemas de fondo.
Es más, advierten sobre varios temas que deben ser objeto de discusión y que quedaron por fuera de las reformas planteadas recientemente.
Por ejemplo, analistas del sector señala que si bien se ha mencionado el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, esto no resuelve los riesgos de corrupción, y menos si serán las autoridades de municipios y departamentos quienes asignarán a los encargados de las Empresas Sociales del Estados (ESE).
Jaime Arias de Acemi señala que la reforma no analiza el modelo de prestación. “Es medicalizado, curativo, poco caluroso con los pacientes y con muchas fallas de calidad. Hay mucho por mejorar, pero no se tocó este tema”.
TRANSICIÓN TOMARÁ MÁS DE LO PREVISTO
La puesta en marcha de Salud Mía, el pago de deudas y la liquidación de las EPS, son críticos.
Una vez esta iniciativa se convierta en ley, el proceso de transición entre uno y otro sistema tomaría dos años, según los cálculos del Gobierno.
Sin embargo, dicho tránsito tiene implicaciones de grandes dimensiones, con lo cual el proceso podría extenderse por mucho más tiempo. Incluso, el presidente de Acemi, Jaime Arias, insiste en que la tarea podría tomar hasta cinco años.
Y es que para poner en marcha el nuevo sistema, se necesita completar muchas fases.
La primera, es la creación y puesta en funcionamiento de Salud Mía, lo cual implica no solamente el montaje de las oficinas y en general de todos los sistemas e infraestructura que necesita, sino que esta entidad recoja todas las bases de datos que actualmente manejan las EPS y afiliar de nuevo toda la población.
Por otro lado, las EPS deberán saldar las deudas que tengan pendientes con los prestadores del servicio, y liquidarse, procesos que toman meses.
Entre tanto, el Gobierno debe abrir los concursos para elegir a las entidades que vayan actuar como gestoras, y una vez sean elegidas, deberá trasladar los usuarios a estas entidades.
Arias de Acemi señala que uno de los temas que mayor preocupación genera en todo este proceso es el manejo de los pacientes crónicos o con enfermedades raras.
“Son 4,5 millones de personas que no pueden frenar sus tratamientos y que pueden quedar ‘volando’ mientras los recibe una u otra gestora, con lo cual están en riesgo”.
luicon@eltiempo.com
......ESTOS SENADORES, ES QUE NO ENTIENDEN LA NECESIDAD, NO QUIEREN HACER NADA O NO LES QUEDA TIEMPO, SON SORDOS, NO SABEN DEL TEMA POR TEMOR A METER LAS PATAS,....O ES QUE SON AFECTADOS SUS INTERESES....?...COLOMBIA DESPIERTA DE ESTOS ATROPELLOS CON ESTOS MISMOS SENADORES........ NO MÁS BASTA YA.....
ResponderEliminar