El debate del plan raya en el surrealismo. No parece que alguien pueda poner orden.
Una buena amiga, politóloga, utiliza la expresión “se enloqueció la policía” para referirse a una situación de caos en la cual ya ni la policía puede poner orden. Es exactamente lo que viene sucediendo con el proyecto del Plan de Desarrollo en Congreso.
El debate del plan raya en el surrealismo. No parece que alguien pueda poner orden, y la policía no es en este caso la autoridad apropiada para hacerlo. Todos los días hay nuevas propuestas de los congresistas y del Gobierno, como la de rebajar el IVA a la gasolina del 19 al 5 por ciento para bajar el precio del galón por esta vía, presentada por este último, con un costo fiscal de 2 billones de pesos. Y otras, que ya habían sido avaladas por el Gobierno, se retiran por inconvenientes, aunque se corre el riesgo de que revivan en las sesiones plenarias.
En una columna anterior había mencionado el exabrupto de elevar los aranceles a las confecciones por ley, por cuanto esa atribución es del Ejecutivo desde hace más de medio siglo. En la última semana, sin embargo, la locura llegó al extremo de que el presidente de la Cámara y el senador Uribe Vélez le plantearon al Gobierno un ultimátum: si el Ministerio de Comercio no eleva estos aranceles por decreto, dejarían la autorización en el Plan de Desarrollo para hacerlo mediante la ley (Chacón y Uribe se le salieron de la ropa a Duque. 14 de abril de 2019). Aunque los ministros de Comercio y de Hacienda no están de acuerdo con la inclusión del artículo en la ley, ni los gremios más importantes (Andi, Analdex, Fenalco e incluso Fasecolda), el Congreso los ha puesto en una sinsalida: una derrota parlamentaria o una precedente terrible para la política comercial del país si se cede ante el chantaje.
Para exacerbar el caos legislativo, los congresistas incorporaron además el articulito en el proyecto de ley que permitiría que los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 50, que hubieran cotizado 750 semanas o más, podrían trasladarse de las AFP, los fondos privados de pensiones, a Colpensiones en los cuatro meses siguientes a la aprobación de la ley. La asociación de las AFP, Asofondos, estimó en 170.000 el número de afiliados que se trasladarían y en 50 billones de pesos el costo de subsidio que terminaría otorgándose a esos individuos, que, además, serían de ingresos altos.
Se armó entonces un justificado escándalo por el impacto regresivo de la disposición, ante lo cual el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo optaron, en buena hora, por retirarle el aval. Pero el ambiente en el Congreso es favorable al artículo, por lo cual se teme que este pueda revivir (‘La amnistía pensional tiene opción de revivir’, Portafolio, 24 de abril de 2019, p.7).
El caos legislativo es consecuencia de hacer reformas ‘por la puerta de atrás’, utilizando la ley del Pan de Desarrollo, en lugar de atreverse a presentar un proyecto de ley de reforma de las pensiones, bien estructurado, para corregir los problemas del sistema a la luz del día y como Dios manda. O plantear otros cambios y reformas llamándolos por su nombre. Porque, ahora, a la reforma pensional se la llama ley de protección a la vejez, y la reforma tributaria del año pasado fue la ley de financiamiento.
Para gobernar se necesita que un presidente busque el respaldo de los congresistas. Para lo cual se requiere, a su vez, armar una coalición política. Como eso no se hace, porque el presidente Duque confunde ‘política’ con ‘mermelada’, hemos caído en la locura que estamos presenciando. El expresidente Belisario Betancur afirmaba que muchas veces en su relación con el Congreso les decía a sus ministros: “Déjenme a mí la política”. Sería bueno que el presidente Duque siguiera su ejemplo.
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