larepublica.co, Sábado, 13 de abril de 2019
Desde el gobierno de Carlos Lleras se ha asignado en Colombia
gran importancia al Plan Nacional de Desarrollo para el período de cada
presidente. En la época de Lleras las economías eran cerradas y las tasas de
cambio fijas, el papel del sistema financiero en el mundo era mucho más
modesto. Latinoamérica era, en general, mucho más pobre, y la amenaza de
nuestra especie al entorno, con consecuencias potenciales muy complejas, no era
tan evidente. Entre los planes de desarrollo que se han sucedido desde entonces
se destacan el de Misael Pastrana, que abordaba las tareas necesarias para
enfrentar las consecuencias de la urbanización del país, el de Julio César
Turbay, que formulaba soluciones para integrar el país, y el de Ernesto Samper,
que proponía mecanismos para mejorar las condiciones del grueso de la sociedad
colombiana. No se cumplieron los propósitos.
Es necesario revisar el proceso de planeación económica, social
y ambiental, porque los contextos mundiales inciden hoy mucho más que en los
años sesenta, y las economías poco diversificadas, como la colombiana, sufren
volatilidades por causas externas. En época del Frente Nacional el café era
crucial para obtener divisas; Lleras instauró la devaluación gota a gota,
efectiva para neutralizar las fluctuaciones del precio del grano. Ese sistema
se agotó porque la movilidad del capital internacional aumentó con la
inevitable integración de la economía mundial, sobre todo desde el desmonte de
los acuerdos de Bretton Woods en tasa de cambio y convertibilidad del dólar en
oro. La consecuencia práctica de todo esto fue la tasa de cambio flexible, que
no refleja la productividad relativa de un país frente a sus contrapartes en el
comercio internacional, pues intervienen los naturales elementos especulativos,
las transferencias de emigrantes a sus familias, en nuestro caso del orden de
US$7.000 millones anuales, y los precios internacionales de los productos no
diferenciados. Desde hace tres lustros el peso está muy vinculado al precio del
petróleo.
El objetivo de industrializar el país se ha detenido desde hace
tres décadas y urge retomarlo; además hay oportunidades nuevas para aprovechar
los recursos naturales como fuente de ingresos a raíz del enorme crecimiento
del turismo en el mundo entero. Sin embargo, también hay una enorme deuda
externa, del orden de US$130.000 millones, de los cuales más de la mitad
corresponden al Estado, y cuyo servicio se encarecería si hubiera devaluación.
No sería fácil anticipar las consecuencias de caída del petróleo, que podría
ocurrir si se fracturara la Opec. Por ello no deja de sorprender que la
Directora de Planeación Nacional hubiera elogiado hace unos meses en La
República el esquema llerista de nuestras normas: en contraposición, conviene
en estos nuevos escenarios adoptar mecanismos ágiles para planificar la
inversión pública según la percepción de las circunstancias, y definir las
prioridades según como se vislumbren las oportunidades, como hace el capital.
La tarea debería cubrir al menos diez años y presentarse todos los años al
Legislador para refrendación formal como acto administrativo; la inversión
correspondiente al siguiente año se incorporaría en el presupuesto respectivo;
además debería haber gran autonomía regional en esta materia. Debemos ser más
prácticos y menos retóricos: el mundo cambia todos los días.
Reflexiones al tema pensiones
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