eltiempo.com, Por: Sergio Clavijo,
29 de abril 2019
Tras los traslados pensionales exprés vendrá la degradación de la calificación de riesgo de Colombia.
Los procedimientos legislativos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo están probando ser tan caóticos como los ocurridos con la ley de financiamiento, 1943 del 2018. La administración Duque no está pudiendo contener toda una serie de caóticas iniciativas parlamentarias y, en ocasiones, se ha equivocado al no realizar prontos y claros cálculos sobre el deterioro fiscal que ellas implican, la cual es la forma más eficaz de abortarlas.
En particular, empresarios y analistas estamos preocupados por al menos tres de esas iniciativas parlamentarias: 1) La relacionada con la adopción de sobrearanceles a la confecciones y textiles, como una supuesta forma de proteger la industria nacional (expediente que creíamos extinto tras la aprobación de TLC que ya cumplen más de un quinquenio). 2) La iniciativa de reducir el IVA a bienes sensibles, en la que hasta el propio Gobierno se ha equivocado al insinuar que podría reducirse del 19 al 5 % en lo relacionado con combustibles (claramente existen mejores formas de enfrentar los faltantes de 1,4 % del PIB en ese Fondo de Estabilización. Y 3) La iniciativa parlamentaria relacionada con los llamados traslados exprés de las AFP hacia Colpensiones, contradiciendo lo logrado en la Ley 797 del 2003.
Esta ley señalaba que esos traslados (en busca de generosos subsidios del régimen de prima media) tan solo podrían hacerse diez años antes del cumplimiento de la edad de pensión (57 para las mujeres y 62 para los hombres). Tal como lo viene advirtiendo Asofondos, esa medida va en contravía del discurso gubernamental de ‘pacto por la equidad’, pues precisamente se habilitaría a personas de ingresos medios y altos para acceder a subsidios públicos de Colpensiones.
Esos subsidios representan entre un 40 y un 70 % de sus mesadas pensionales. Se ha estimado que ello abriría una ventana de traslado exprés a unas 200.000 personas, lo cual dejaría un faltante pensional-actuarial cercano a los 50 billones de pesos (5 % del PIB). Este mayor déficit fiscal actuarial es el resultado de netear los dineros ahorrados en las AFP por esas personas (unos 20 billones), dineros que se entregarían a Colpensiones, y la obligación en rentas vitalicias que asumiría esta entidad (calculada en unos 70 billones).
Si bien los parlamentarios son proclives al ‘espejismo de caja’ que genera la entrega del ahorro privado a Colpensiones en el corto plazo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Mintrabajo deberían usar su buen entendimiento fiscal-actuarial para evitar transitar por ese desierto de inequidades pensionales, especialmente cuando el país clama por mayor equidad y transparencia de lo público.
De no atajarse a tiempo este tipo de iniciativas parlamentarias por la administración Duque, estaríamos abortando de facto la posibilidad de realizar reformas pensionales y laborales en el futuro cercano, pues este traslado exprés es una verdadera contrarreforma pensional. ¿Entonces dónde queda el buen trabajo que viene realizando la Comisión de Vejez, que lideran el MHCP y Mintrabajo?
No exageramos al decir que detrás de esos 200.000 traslados se vendrá una avalancha jurídica para intentar reversar todo lo hecho al amparo de la Ley 797 del 2003, aduciendo simplemente que ellos también ignoraban las consecuencias actuariales de sus decisiones. Más aún, la entrega de recursos de las AFP a Colpensiones se incrementaría significativamente, drenando entonces los 24 % del PIB, parte de los cuales están invertidos en fondos de capital privado que impulsan la innovación y en fondos de deuda pública que hoy permiten apoyar la infraestructura de Colombia. Que no quede duda de que tras los traslados pensionales exprés vendrá, con la misma velocidad, ¡¡¡la degradación de la calificación de riesgo de Colombia!!!
* Presidente de Anif
Twitter: @orregojj
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