Juan Camilo Restrepo
Cuando
se negoció el acuerdo de paz con las Farc, para poner fin a la guerra, se
reconoció como una de las causas principales del conflicto armado, la disputa
por las tierras rurales en el país. El despojo violento, la usurpación, la
informalidad en las transacciones sobre la tierra, el acaparamiento, la
apropiación de baldíos, el desecamiento de ciénagas y humedales para correr las
cercas y ganarle tierra al agua, la tala indiscriminada de bosques para ampliar
la frontera agrícola, la adjudicación de tierras de manera ilegal a quienes no
tenían derecho a recibirlas, son situaciones que históricamente han ocurrido en
nuestro país. Durante un siglo el Estado colombiano ha intentado crear marcos
legales, entidades y procesos que permitan prevenir y reversar estas
situaciones.
Es indudable que la construcción de paz en Colombia pasa por el
cumplimiento del punto agrario del acuerdo, que incluye un reparto de tres
millones de hectáreas para población campesina, a partir de las tierras que
alimentan el fondo de tierras. Las cuales en su mayoría corresponden a baldíos
que el Estado debe recuperar a través de actuaciones administrativas de la
entidad agraria, de procesos para identificar, deslindar y recuperar
materialmente terrenos de la Nación, en cumplimiento de la ley 160 de 1994.
Básicamente, la construcción de paz implica cumplir la finalidad del Estado
Social de Derecho de avanzar en el cumplimiento de la reforma agraria.
Dándole la espalda a este compromiso histórico, el Plan Nacional
de Desarrollo omite dar cumplimiento al elemento de reforma agraria del acuerdo
de paz, y ahora, mediante injertos a dicho Plan de Desarrollo, se intenta
reformar de manera subrepticia la legislación agraria, introduciendo “micos”
para sanear la apropiación ilegal e ilegítima de baldíos por parte de
particulares que aprovechándose del desorden del Estado en la administración de
sus territorios se hicieron a tierras de mala manera. Estamos ante una contra
reforma disfrazada.
Legalizar el despojo de baldíos de la Nación, vía prescripción
judicial, burla la línea jurisprudencial de las altas cortes sobre
imprescriptibilidad de baldíos, en especial de la Corte Constitucional que ha
vuelto a desempolvar la discusión sobre la necesidad de que el Estado cense e
identifique todas sus tierras para prevenir la apropiación ilegal por
particulares y el consecuente detrimento patrimonial del Estado (recordar
sentencia T-488 de 2014). Además, cambia la destinación de estos bienes
públicos que pasan de ser la base para una reforma agraria, a una privatización
de tierras en pocas manos.
La reforma agraria de último minuto que se está cocinando en el
Congreso, busca derogar la prohibición de la concentración de tierras,
avalándola para casos de utilidad pública e interés social, sin las
salvaguardas y limitaciones que había fijado la Corte Constitucional a
propósito de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social-
Zidres, tales como: dar prioridad a la dotación de tierras a la población
campesina y étnica, respetar normas ambientales, hacer alianzas en condiciones
de equidad y respeto entre grandes, pequeños y medianos.
La contra reforma es tal que además de permitir la prescripción
y apropiación del patrimonio público, y avalar sin términos la concentración de
tierras, también reconoce una nueva categoría de “expectativas de propiedad”
que prácticamente pretende constituir un nuevo derecho real de privados sobre
tierras públicas, esto último sin aplicación siquiera de los límites de la
Unidad Agrícola Familiar.
Algunos miembros del partido Centro Democrático están, pues,
interesados en borrar de un plumazo la política agraria progresista que se dio
Colombia a partir de los acuerdos de paz. Y muy especialmente del punto número
1 dedicado a la transformación rural integral. Estamos, pues, frente a un
intento de contra reforma que busca entrar de puntillas, sin dar la cara,
aprovechándose de ese desorden monumental en que se ha convertido el Plan de
Desarrollo.
Y mientras tanto, el gobierno -que dice respaldar los acuerdos
de paz- callado.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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