ELTIEMPO.COM, Por: REDACCIÓN JUSTICIA, 08 de Octubre del 2013
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Fallos del Consejo de Estado dejó al Gobierno Nacional ad portas de millonarias demandas.
Aunque sin duda es polémico, el decreto del pasado 4 de octubre con el que el Gobierno les devolvió a los congresistas unos 8 millones de pesos de ingresos que habían dejado de recibir por dos fallos del Consejo de Estado era prácticamente la única opción que tenía el Ejecutivo. (Lea también: 'El deporte nacional es estigmatizar al Congreso': ministro Cárdenas)
El Consejo de Estado eliminó en dos fallos las primas de vivienda y localización en la liquidación mensual de los parlamentarios, que a pesar de que debían justificarse se han pagado indiscriminadamente por décadas. Las decisiones, que se ajustan totalmente al derecho, generan sin embargo varios problemas colaterales que son, precisamente, los que obligaban al Ejecutivo a buscar una salida de emergencia. (Lea también: Voces a favor y en contra de la nueva prima para congresistas)
Duramente cuestionados por la opinión pública por los escándalos y su poca eficiencia -el decreto se da justamente cuando una de las reformas claves para el país, la de salud, está varada porque se ha visto afectada por la inasistencia de los senadores y representantes-, los congresistas tienen un régimen salarial y prestacional que es referencia para la cúpula de las otras ramas del poder público y que se proyecta hacia abajo en la pirámide del Estado. ('No se le ha subido el sueldo a nadie': Mininterior)
Así, la desaparición de casi una tercera parte de sus ingresos se habría reflejado, de la misma manera, en el sueldo de los magistrados de las altas cortes. Y los sueldos de estos, a su vez, son usados para definir los de los magistrados auxiliares, los de tribunal, los secretarios, los jueces y los fiscales y procuradores delegados.
Por esa vía, el recorte podría haberse extendido a cerca de 40 mil funcionarios, casi todos de la Rama Judicial. De hecho, el paro judicial del año pasado, que se prolongó por casi 40 días, tuvo entre sus principales razones el compromiso incumplido de ajustar los salarios de los funcionarios de rango medio con respecto a lo que estaban ganando los magistrados de altas cortes. Una sentencia de la Corte Constitucional que señala que a ningún empleado, público o privado, se le pueden afectar sus ingresos de manera negativa si está de por medio el mismo contrato también se contaba en el arsenal de los que se oponían al recorte.
Otra dificultad que quedaba planteada por los fallos era la diferenciación entre los ingresos de los congresistas: las millonarias primas no habían desaparecido para todos, sino que afectaban específicamente a los que tienen residencia en Bogotá. Y un tercer punto de discusión, más filosófico, tiene que ver con el hecho de que los altos funcionarios del Estado no perciban ingresos competitivos frente a los que ofrece el sector privado.
Salarios poco atractivos, dicen los expertos, espantan a los mejores del servicio público, que es donde más los necesita el país. Los que no comparten esta tesis señalan que salarios que promedian los 24 millones de pesos, equivalentes a más de 40 salarios mínimos, tienen poca justificación. Más aún si se tiene en cuenta que los congresistas trabajan normalmente de martes a jueves y que las sesiones ordinarias duran ocho de los doce meses del año.
El hecho es que sentencias históricas, como la de la Corte Constitucional que en mayo pasado tumbó las 'megapensiones' de excongresistas y exmagistrados y el privilegiado régimen que tenían para jubilarse; y las del Consejo de Estado que eliminaron las primas -cuya finalidad no era subir el sueldo de los congresistas, sino darles una cuestionable gabela para bajar los aportes la retención en la fuente y los aportes obligatorios para salud y pensión-, han obligado, por primera vez en más de 20 años, a que se tomen medidas para hacer al menos más transparente el régimen laboral de los altos funcionarios del Estado.
Los que se oponen en el Congreso
No todos los 266 congresistas se mostraron de acuerdo con recibir la nueva prima salarial de 7,8 millones de pesos mensuales que les autorizó el Gobierno.
“No, gracias. No recibiré la prima especial que decretó el Gobierno”, dijo en Twitter el senador de ‘la U’ Juan Lozano.
“No voy a aceptar esa prima. Hay que abolir los privilegios de los congresistas porque en muchos casos son totalmente inmerecidos (...) Si no se acepta mi devolución de dineros, solicito que alguna entidad independiente supervise la donación que haré”, dijo Iván Cepeda, representante por el Polo.
En esto coincidió la representante del Partido Verde Ángela María Robledo: “Si no se puede renunciar, la donación es una opción”.
De igual manera, el senador Camilo Romero (Polo) expresó su rechazo con ese pago, aunque dijo que todavía no tenía claro si podían renunciar a este. Agregó que evalúa si es posible que entre quienes no la acepten se pueda constituir un fondo para promover las prácticas políticas positivas.
Según el secretario del Senado, Gregorio Eljach, los derechos salariales son irrenunciables y como tal el Senado está obligado a pagarles la prima y los congresistas, a recibirla.
REDACCIÓN JUSTICIA
...SI SE MIRA COMO TEMA DE HACIENDA PÚBLICA Y TODOS SUS COMPONENTES, DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL, DEL CONTROL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE GASTOS, DE ENCONTRAR UN MAYOR EQUILIBRIO CON BENEFICIOS PARA LAS REGIONES Y COMUNIDAD, NO ERA LA ALTERNATIVA TOMADA, ......PERO COMO SE BUSCA UNA REELECCIÓN Y NO PELEAR CON EL CONGRESO,......LA SOLUCIÓN, ERA DARLES EL REGALO, SIN IMPORTAR EL DAÑO A LOS COLOMBIANOS.....
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