ELESPECTADOR.COM, Editorial
Ruth Marina Díaz, la honorable presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pretende que, en lugar de la apenas justa indignación ciudadana que ha generado su crucero por el Caribe en permiso remunerado, los colombianos le agradezcamos que durante el descanso de sus labores “muy estresantes” haya sacado tiempo para leer los proyectos que están para estudio de la Corte.
Es eso lo que se desprende de su comunicado y de sus declaraciones de estos días, en los que ha aclarado que el crucero fue un regalo de su hijo —faltaría más que además le hubiéramos pagado el viaje—, pero no nos ha explicado por qué a ese amoroso detalle de Día de la Madre terminaron sumados varios magistrados del Tribunal de Bogotá, y uno de Villavicencio, algunos de los cuales son aspirantes a entrar a la misma Corte.
No, doctora Díaz; no creemos que haya que agradecerle. Es cierto que las nuevas teorías de la administración contemplan el teletrabajo, incluso tenemos nuevas leyes que lo promueven, pero, ¿en un crucero por el Caribe? También es cierto que esas mismas teorías plantean beneficios adicionales a la remuneración para mejorar la gestión del talento humano, pero, ¿con un viaje de placer en compañía de quienes deberá elegir? Apenas justificada la renuncia de la aspirante Ligia Helena Borrero ante tamaño desbalance.
Encontramos, pues, plena justificación para la indignación que ha generado este crucero en días de trabajo. La gran mayoría de los colombianos, y entre ellos una buena cantidad de servidores públicos comprometidos, también cumplen labores “muy estresantes”, también tienen horarios extendidos agotadores, pero ni sueñan con poder tener privilegios tan complacientes como el que la doctora Díaz y los demás magistrados han tenido la última semana. Por muy legal que haya sido —aunque está por verse qué “causa justificada” se esgrimió, como expresamente lo exige el artículo 144 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que permite estos permisos—, se ha dado un pésimo ejemplo de liderazgo desde la cabeza de la justicia de este país.
En algo sí tiene razón la presidenta de la Corte y quienes han salido a defenderla argumentando que se trata de una rasgadura de vestiduras: la ley y el reglamento interno de la Corte contemplan estos asuetos y lo que hoy es un escándalo es y ha sido norma general en la Rama Judicial. Aceptado, la doctora Ruth Marina Díaz es apenas la figura visible de una realidad.
Realidad de la cual se desprende un debate mayor, y más interesante, que no excusa el crucero, pero que sí es importante volver a plantear: ¿debe el servicio público aspirar a competir con el sector privado por medio de incentivos equivalentes? ¿Cuando se legisló para entregar estos reconocimientos extraordinarios a los magistrados se hizo para contrarrestar la diferencia salarial? ¿Es posible tener profesionales de primer nivel sirviéndole al Estado?
El tema no es fácil, y en nuestro criterio hay ciertas funciones públicas en las que sí es indispensable que el Estado compita en remuneración con el sector privado, en particular cuando se enfrenta a él con regulaciones, controles o sanciones. Pero salvo esos casos puntuales, el servicio público debe recobrar su valor, que no es monetario ni de prerrogativas antipáticas para el resto de los trabajadores. Los altos cargos del Estado son un honor muy grande, pues la sociedad entrega toda su confianza a ellos. Las prerrogativas a ese nivel deben provenir de ese honor, cuando las labores se cumplen a cabalidad y con vocación de servicio a la comunidad. Como antaño. ¿No será que por tratar de complacerlos con descansos y placeres mundanos es que estamos tan escasos de líderes confiables?
¿Esa es administración que merecemos?
ResponderEliminar