ELESPECTADOR.COM,
Editorial |25 Jun 2013
Los sistemas pensionales en todo el mundo están en crisis.
Se enfrentan a muchos desafíos y empiezan por uno tan simple como que las personas cada vez viven más y el índice de natalidad se reduce. Cada país busca fórmulas para manejar ese reto y se adapta para asegurar la sostenibilidad del sistema y que los trabajadores, al final de su vida laboral, puedan disfrutar de un merecido retiro.
Colpensiones nació, en parte, para comenzar a dar respuestas en Colombia a un esquema de pensiones, el Régimen de Prima Media (RPM), que hacía agua. Durante casi 60 años el país contó con el Instituto de Seguridad Social (ISS), que —por fallas estructurales, incapacidad de sus funcionarios y también corrupción rampante— acostumbró a los colombianos a tener que esperar años por resoluciones que, en tiempo legal, deberían ser tomadas en cuatro meses, y a que una red interna se lucrara con la intermediación ilegal para tramitar las pensiones. Eso generó una desconfianza nacional hacia el RPM y llevó a miles de colombianos a preferir guardar sus ahorros bajo el colchón antes que aportar a un esquema pensional que era incapaz de garantizar una respuesta efectiva a años de ahorro.
Colpensiones nació en 2007 —algunos dicen que fue un mico; otros, que una necesidad— y no fue sino en 2012 que comenzó a operar porque, básicamente, su presidente actual se empeñó en poner en marcha la entidad para cumplir con sus responsabilidades.
Pero Pedro Nel Ospina cometió una osadía que le ha costado sangre. Decidió abrir un proceso público nacional para seleccionar a los mejores candidatos para cada puesto, en vez de seguir la costumbre de aceptar la herencia política de funcionarios que respondían a intereses particulares. Prefirió trabajar con un enfoque técnico —financiero y de servicio— antes que adaptarse a una estructura arcaica y perversa. Eligió explicar a los colombianos su nuevo modelo en vez de quedarse callado y dejar que el RPM siguiera languideciendo.
Antes de empezar, incluso, Senado y Cámara ya le habían hecho audiencias en distintas comisiones para que justificara sus decisiones, que a buena parte de los congresistas les cortaba el chorro del manejo burocrático. Y desde entonces no ha parado de acudir al Congreso a dar explicaciones a oídos sordos.
Es verdad que no se han logrado resultados acelerados y que el tema es de urgencia extrema. Pero esos resultados no pueden ser vistos sin el contexto de donde veníamos. Avances ha habido, que con el ISS no se habían visto en tan corto tiempo. No son únicamente las más de 192.000 resoluciones de prestaciones económicas, sino el hecho de que más del 50% de éstas corresponde a procesos iniciados en la anterior administradora del RPM, que no ofreció respuestas. Ahora se critica la no resolución de las tutelas, argumento muy válido porque si hay algo justo es dar una respuesta a los colombianos sobre el estado de su pensión. Sin embargo, se olvida que de las más de 128.000 tutelas presentadas en su contra, más de 111.000 son de trámites iniciados en el ISS.
Por eso no termina de entenderse que, sólo tres meses después de la aprobación de un plan de acción presentado ante diferentes entidades de control, se ponga en el banquillo de los acusados a una entidad que comienza a dar resultados y ha comenzado a devolver la confianza de los colombianos al sistema pensional. ¿Por qué no se emplearon con la misma vehemencia cuando el ISS llevaba a la ruina el RPM?
La solución no es, pues, volver al ISS, como algún congresista señala, vaya uno a saber con qué intereses. La solución es apoyar el trabajo de una entidad que se ha comprometido a recuperar el retraso que durante muchos años acumuló el Seguro Social. En especial cuando esa promesa la vienen cumpliendo con la disminución del rezago y hay un plan de acción para que sea completa.
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