Independencia judicial, ¿democrática o corporativa?

ELESPECTADOR.COM,  22 Jun 2013 

Por: Rodrigo Uprimny

No existe democracia ni Estado de derecho sin independencia judicial; pero ésta debe ser democrática y no corporativa.

La independencia judicial democrática es un conjunto de garantías, para que los jueces puedan tomar sus decisiones sin presiones indebidas y de acuerdo con su entendimiento del derecho. Es pues ante todo una garantía para la ciudadanía, porque pretende asegurar el cumplimiento de la ley y la protección igualitaria de los derechos de todas las personas. La independencia judicial no es entonces un instrumento corporativo para la defensa de los intereses personales de los jueces, incluso en detrimento del interés general; no existe pues para asegurar la irresponsabilidad de los jueces o sus privilegios. La rama judicial debe ser independiente pero también debe rendir cuentas sobre sus labores, porque en una democracia todo poder debe estar controlado. 

Esta distinción entre una visión democrática y una corporativa de la independencia judicial es importante para el debate suscitado por los escándalos en los últimos meses de varios magistrados de las altas cortes, como los carruseles de pensiones o los cruceros de placer durante permisos remunerados. Esos hechos han mostrado que Colombia carece de instrumentos apropiados para controlar los abusos de ciertos magistrados. 

Esa falta de rendición de cuentas implica un gran riesgo: que la independencia de las altas cortes, que hasta ahora ha sido una importante garantía democrática, se esté transformando en un privilegio corporativo inaceptable.

Pero existe también otro riesgo: que como reacción a esa tendencia corporativa y con la idea acertada de que deben existir controles y formas de rendición de cuentas de las cortes, pongamos en marcha reformas que arrasen la independencia judicial, como ha sucedido en países como Ecuador y Venezuela. 

El desafío es entonces lograr mecanismos que enfrenten esta tendencia corporativista que se está desarrollando en las cortes, pero sin erosionar su independencia. El reto es lograr una independencia judicial verdaderamente democrática. ¿Cómo hacerlo? No hay fórmulas fáciles. 

En parte, el problema es de control ciudadano; es necesario que exista una mayor vigilancia académica y ciudadana a las labores de la cortes. Y por ello, son importantes los observatorios académicos que denuncian inconsistencias jurisprudenciales, las denuncias periodísticas sobre abusos de magistrados o el monitoreo a los nombramientos de nuevos magistrados que han hecho coaliciones ciudadanas como “Elección visible”. 

Pero este control ciudadano es infortunadamente insuficiente, pues también existen problemas institucionales serios, que agravan esas tendencias corporativas. Y por ello, gústenos o no, y a pesar del descalabro de la reciente tentativa de reforma a la justicia, resulta inevitable volver a discutir una reforma judicial, al menos para modificar el diseño del Consejo Superior de la Judicatura, que es inapropiado y alimenta ese corporativismo.