ELTIEMPO.COM, YAMID AMAT, 22 de Junio del 2013
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Montealegre acusará ante Corte Suprema al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara.
En una decisión que no tiene precedentes en la historia del país, el fiscal general, Eduardo Montealegre, decidió acusar, ante la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, el conservador del Guaviare Constantino Rodríguez Calvo.
Con firmeza, el Fiscal responsabiliza al parlamentario de corrupción y no vacila ni pierde valor para formularle gravísimos cargos, sobre los cuales decidirá la Corte.
¿Cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Comisión de Acusación sobre el caso del ‘carrusel’ de pensiones? Se lo pregunto porque una de sus fiscales delegadas ante la Corte, la doctora Martha Lucía Zamora, está en medio del debate…
Este tema recuerda inevitablemente la literatura satírica del ‘mundo al revés’. Estamos ante un espectáculo en el cual personas con graves cuestionamientos se convierten en jauría de caza contra funcionarios honestos.
¿Pero en qué consiste, concretamente, su queja?
La doctora Zamora tiene a su cargo una investigación sobre el denominado ‘carrusel’ de las pensiones, en donde compulsó copias a la Comisión de Acusación para que se investigara a tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura: los doctores Henry Villarraga Oliveros, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez.
¿Qué originó esa investigación?
Por lo menos ocho falsedades en donde los magistrados son presuntamente coautores de ese delito. Hay graves indicios de responsabilidad. Pero, a pesar de eso, el presidente de la Comisión de Acusación, insólitamente, resolvió archivar el caso. El doctor Villarraga, a pesar de ser investigado por la doctora Zamora, resolvió iniciarle un proceso disciplinario abreviado por sus actuaciones en el caso de Sigifredo López y es muy probable que en el disciplinario que le inició la quiera suspender. A la par, y en forma coincidencial, el doctor Constantino Rodríguez, presidente de la Comisión de Acusación, decidió archivar el caso que se abrió contra estos tres magistrados. Eso es una farsa y es una vergüenza.
¿Qué tipo de acciones pueden realizarse ante esta denuncia suya?
Las irregularidades cometidas para ordenar el archivo de la investigación contra los tres magistrados probablemente conduzcan a la configuración de uno o varios delitos del ponente, el doctor Constantino Rodríguez, que indujo a error a la comisión, porque creo completamente en la buena fe de los demás miembros.
¿Pero no cree en la buena fe del presidente de la comisión?
Mañana lunes presentaré una solicitud de revocatoria del archivo que realizó la Comisión y adicionalmente presentaré una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el doctor Constantino Rodríguez, ponente de ese archivo. No es posible tolerar la impunidad en casos de grave corrupción, y mucho menos quedarnos paralizados cuando se utilizan maniobras para presionar y mover de un caso a una funcionaria que lleva una investigación de este talante.
¿No cobija a la Comisión de Acusación la inviolabilidad parlamentaria?
La inviolabilidad de los parlamentarios en sus votos y opiniones debe mantenerse porque es la expresión necesaria de los principios de separación de poderes y soberanía popular. En esa misma línea, fui ponente en la Corte Constitucional de decisiones que interpretaron la inviolabilidad parlamentaria no solo en los votos y opiniones sino también en las decisiones judiciales. Sin embargo, la inviolabilidad no se traduce en que los comportamientos de los congresistas no puedan ser investigados. La inviolabilidad solo exime de responsabilidad a un parlamentario si emite un voto o una opinión en ejercicio de sus funciones. Pero sus otras conductas pueden ser sancionadas, si así lo ameritan. La inviolabilidad no es inmunidad cuando se trata de la comisión de delitos, y así lo ha dicho literalmente la Corte Constitucional en una decisión de la cual fui ponente en 2001.
¿Quién decidirá sobre una eventual diferencia de criterios sobre la inviolabilidad?
A partir de la denuncia penal que interpondré, la palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, y estoy seguro de que todo el país espera que sea la Corte Suprema la que evite una grotesca impunidad en este caso. Muy respetuosamente le pediré a la Corte Suprema que no deje impune uno de los casos de corrupción más grande de los últimos tiempos y que impida una burla descarada a la justicia por parte del presidente de la Comisión de Acusación, el señor Constantino.
Corridori, determinante en caso Interbolsa: Fiscal
La Fiscalía pedirá, a partir de mañana, las primeras detenciones por el escándalo de Interbolsa, en las audiencias de imputación de cargos contra 17 exfuncionarios de esa empresa en liquidación.
Aquí, el fiscal Montealegre revela que el principal determinante de la manipulación de acciones de Fabricato, que precipitó la crisis de Interbolsa, fue el inversionista Alessandro Corridori.
Contra el expresidente de la compañía, Rodrigo Jaramillo, se formularán cuatro cargos, entre estos concierto para delinquir.
La Fiscalía decidió formular cargos en dos etapas: la primera contra Interbolsa y la segunda, dentro de un par de meses, contra el Fondo Premium.
“Las pruebas muestran que todo el caso Interbolsa está relacionado con el posible propósito de manipular las acciones de Fabricato, con operaciones no permitidas. Presuntamente, allí se configuraron delitos”.
¿Quién o quiénes estuvieron en el centro de toda esta operación?
Presumiblemente, el señor Alessandro Corridori, quien recibió dinero de Interbolsa a través de dos de sus filiales, en montos aproximados a 103.000 millones de pesos, y de 100.000 millones más con la Sociedad Administradora de Inversión, SAI. Luego de las advertencias de la Superintendencia Financiera sobre estas operaciones, Interbolsa tuvo que desmontar algunas de ellas, pero para hacerlo realizó otras que buscaron en últimas no desproteger al señor Corridori.
¿Esas operaciones fueron realizadas con el sector financiero?
No. El sistema financiero le cerró las puertas a Interbolsa y, para solventar esta situación, la firma realizó operaciones no permitidas, en las que fueron utilizados terceros, como la Clínica Candelaria, en donde estuvieron implicados el Fondo Premium y otras personas jurídicas. En pocas palabras, la holding de Interbolsa asumió obligaciones exageradas para cubrir las operaciones del señor Corridori, las cuales estaban encaminadas a adquirir grandes cantidades de acciones de Fabricato a través de repos, y que a la postre la llevaron a incumplir sus propias deudas y la condujeron a su liquidación, con un gran perjuicio para sus clientes.
¿Cuál es el estado de las investigaciones?
Se ha constituido un grupo de fiscales con experiencia y competencia, quienes están constatando los delitos en la presunta manipulación de la acción de Fabricato y la eventual comisión de delitos por parte de los directivos de Interbolsa. Así mismo se indaga si para el Fondo Premium, por ejemplo, fueron utilizados, sin autorización, dineros captados al público y si se configuraron los delitos de estafa, captación masiva y lavado de activos.
¿Cuánto dinero está embolatado?
En repos incumplidos de Fabricato e Interbolsa, la suma asciende a unos 320.000 millones de pesos. Adicionalmente, la pérdida en lo que tiene que ver con inversionistas o accionistas de Interbolsa podría ascender a 297.000 millones de pesos.
¿Los dueños de Interbolsa tendrán que responder con sus patrimonios?
Quienes resulten responsables, sí. La Fiscalía hace las tareas respectivas para reparar a las víctimas, para lo cual se identifican los perjuicios ocasionados y los bienes de quienes sean encontrados penalmente responsables.
¿Tienen razón los damnificados en sentirse desprotegidos?
La Fiscalía entiende la preocupación de las víctimas. Los avances que hemos logrado se concretarán mañana lunes, cuando haremos imputaciones en contra de 17 personas. Pediremos medidas de aseguramiento, en algunos casos privativas de la libertad. Será a partir de este momento cuando las víctimas podrán tener una participación efectiva.
¿A cuántos damnificados han escuchado?
A 167 inversionistas afectados. Adicionalmente, se realizaron más de 20 interrogatorios a los indiciados y se han recogido un centenar de evidencias técnicas.
¿Y la investigación sobre el Fondo Premium?
Hay indicios contra el señor Juan Carlos Ortiz, como gerente de inversión del fondo. Hasta el momento no se ha acercado a la Fiscalía, no ha ofrecido colaboración alguna, ni ha propuesto indemnización para las víctimas.
¿Qué cargos se le imputará a Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa?
Presunto coautor de los delitos de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores; administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.
¿Y al señor Alessandro Corridori?
Presunto coautor de delitos de manipulación fraudulenta de acciones, concurso con administración desleal y concierto para delinquir.
¿Fue Corredori determinante en la manipulación de las acciones de Fabricato?
La Fiscalía mostrará al juez que este señor fue quien presentó a Interbolsa el negocio para la adquisición de acciones de Fabricato, con el objeto de obtener una participación accionaria dominante. Interbolsa dio apoyo técnico y financiero.
¿A quienes más les imputará cargos mañana?
A Álvaro de Jesús Tirado, presidente de la Comisionista de Bolsa de Interbolsa; Mauricio Infante, presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa; Juan Felipe Ruiz Duarte, gerente técnico y gerente de Riesgos del Grupo; Juan Camilo Arango Medina, vicepresidente ejecutivo de la Comisionista de Bolsa; Javier Tomás Villadiego, director de Riesgos de esta. Se llamó a imputación a Patricia Jaramillo Palacio, esposa del señor Corridori y comercial de Interbolsa; a María Eugenia Jaramillo Palacios, inversionista relacionada con el señor Corridori y hermana de la señora Claudia Jaramillo; a Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de la firma P&P Invesment; a Olbany y John Alexánder Muñoz, representantes de Giteco SAS; al señor Emilio Martín Uribe, representante de Manantial, personas que están vinculadas al Grupo Corridori. Y, finalmente, a Luz Andrea Colmenares Pedreros y Eduardo Alfonso Colmenares Pedreros, representantes de la Clínica Candelaria, por operación no autorizada.
¿Las investigaciones sobre Interbolsa y Premium serán simultáneas?
No. Debido a la complejidad de esta investigación, se ha resuelto llevarla por etapas. Los señores Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Eric Andersen, Rachid Maluff y Jorge Arabia pueden estar seriamente comprometidos con presuntas conductas punibles cometidas en el Fondo Premium. Las decisiones sobre Premium se tomarán en una etapa subsiguiente al caso Interbolsa, posiblemente en octubre. Tenemos elementos de prueba que muestran que Víctor Maldonado recibió créditos a través de las firmas Valores Incorporados y Rentfolio Bursátil, que le permitieron materializar el Fondo Premium en Colombia. Se analizan las operaciones por él realizadas para determinar su eventual compromiso penal.
La Procuraduría abrió investigación contra el superintendente financiero, Gerardo Hernández. ¿Tiene alguna responsabilidad?
La Fiscalía no ha encontrado ninguna responsabilidad del Superintendente Financiero. Por el contrario, recibimos su apoyo irrestricto para el esclarecimiento de los hechos. No existen razones para pensar en una omisión que sea un delito.
¿Quiénes están buscando colaboración con la Fiscalía?
Algunas personas, que han aportado valiosa información. No puedo mencionarle los nombres porque es necesario proteger la investigación.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
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