¡Pobre justicia!....

elespectador.com, 13Jun 2013 

Por: Patricia Lara Salive

A raíz de la indignación que causó la licencia para hacer un crucero por el Caribe, que tomó con aspirantes a ocupar vacantes de su corporación, la presidenta de la Corte Suprema, quien “se disculpó” diciendo que se había dedicado, en esos días de tranquilidad, a estudiar expedientes,

La revista Semana se pregunta qué hacer ante la crisis de la cúpula de la justicia, la cual, según el informe, se volvió evidente con el carrusel de las pensiones de los miembros de esa rama; con la elección, impulsada a punta de clientelismo, de Alejandro Ordóñez como procurador general; con la reforma a la justicia, hundida gracias a la presión de la opinión, ejercida después de que la Corte y el Consejo de Estado dejaron de oponerse a ella cuando les ofrecieron ampliarles el período como magistrados y subirles la edad de retiro; y con la designación, como magistrado de la Corte Constitucional, de Alberto Rojas Ríos, quien no ha logrado explicar qué hizo con el dinero que le entregaron para que le pagara una indemnización a una apoderada.

Pero esa crisis no se inició hace un par de años, como sugiere la revista. Ella viene desde 1985, cuando a raíz de la toma del Palacio de Justicia por parte del M 19, y de la contratoma realizada por el Ejército, murieron los más idóneos juristas del país, encabezados por Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte.

Para realizar el cambio y solucionar la crisis de clientelismo, de amiguismo, de “elígeme tú que te nombro yo”, y de falta de rigor ético y jurídico que hay en las cortes y en casi toda la Rama Judicial, la revista Semana plantea dos vías que no considera viables hoy: una reforma a la justicia o una constituyente.

Sin embargo, hay otra salida sencilla y eficaz, que me esbozó la abogada samaria Victoria Campo a raíz de la caída de la reforma, y que expliqué en este espacio hace casi un año. Vale la pena retomarla.

Decía ella que “ninguna reforma a la justicia será viable si aquí no se diseña un sistema eficiente de selección del recurso humano”. Añadía que pueden expedirse “normas que cambien procedimientos, señalen más causales, acorten o alarguen términos o períodos, modifiquen sistemas, aumenten edad, creen más tribunales, impongan instancias... Pero si esas leyes las siguen aplicando los mismos seres humanos que hoy administran justicia, estamos destinados al fracaso”.

Agregaba que, por ello, hay que “diseñar un estatuto de ingreso al poder judicial que, por el rigor en la escogencia, constituya una élite de seres humanos virtuosos que administren justicia”. Según la abogada, el actual estatuto no es un buen sistema de selección, ya que un examen de conocimientos está lejos de evaluar al hombre integral. Por eso propone establecer un estatuto de ingreso que, aparte del conocimiento y de la capacidad de comprensión jurídica, evalúe el equilibrio sicológico y los principios éticos de los aspirantes, su vocación de servicio a la causa, sus relaciones con los demás y su conformidad ideológica con el sistema reconocido en la Constitución. Llegado a este punto, se realizarían un estudio de seguridad y una concienzuda visita domiciliaria y familiar. Así, quienes pasaran el proceso pertenecerían a un selecto grupo de profesionales y de hombres de bien.

Entonces, esa profunda crisis de la justicia, al ser ella impartida por juristas capaces, que a su vez fueran un faro ético y un ejemplo de sensatez, prudencia, reflexión y bondad, habría quedado superada.

Con esa sola reforma, no más…