ELESPECTADOR.COM, 19 Jun 2013 , Juan Manuel Ospina
Gobierno y FARC tienen que cuidar “sus bases” y defenderse de sus opositores, los extremistas o si se quiere, los maximalistas de lado y lado. Los de la orilla de las FARC que presionan para sacarle lo más posible al gobierno y los de este, a que “les dé” lo menos posible.
Los negociadores en la mesa en la tarea de encontrar el “justo medio” entre ambas posiciones, sabiendo de antemano que al final les espera el descontento de sus respectivos maximalistas. Normal cuando no hay un ganador absoluto que le pueda imponer sus condiciones al derrotado. Ambas partes buscan sacar lo mejor para los intereses que representan. La ganadora con esa transacción es Colombia que le permitirá terminar con su vieja pesadilla de violencia y arbitrariedades, que no significa que se vayan a acabar sus problemas, pues solo cambiarán, al empezar a enfrentar los desafios propios de una transición hacia un país en paz y reconciliado.
Digo lo anterior, porque aunque el tema de la refrendación de los acuerdos es fundamental, no es este el momento de ventilarlo; será al cierre de la negociación, cuando se acuerde el camino a seguir. Anticipar su discusión puede servir para que las partes se muestren los dientes y sus maximalistas batan palmas, pero en nada le ayudan al proceso. No es aventurado pensar que se llegará a acordar que sea una asamblea constituyente, eso sí con un temario cerrado definido por el constituyente primario al momento de votar la constituyente. Agenda constitucional que nacerá de los acuerdos firmados, por ser la negociación del conflicto y la subsiguiente tarea constituyente s partes integrales del proceso de construcción de la paz.
Para poder hablar de una constituyente, donde estarán presentes colombianos representantes de una guerrilla en trance de convertirse en organización política democrática, es necesario que se resuelva primero de acuerdo con los puntos aprobados para la negociación, el tema de su participación política para lo cual previamente deben reconocer sus responsabilidades en el conflicto y respecto a las víctimas, a sus víctimas. Sin ese reconocimiento por parte de gobierno y guerrilla, con todo lo que ello significa en términos de asumir la verdad de lo sucedido con las víctimas y aceptar participar en su reparación material y de su dignidad, no puede plantearse acudir a los procedimientos de la justicia transicional incorporada al ordenamiento jurídico internacional como el mecanismo indicado para hacer la transición de un estado de guerra a uno de paz y que dada su condición de máxima aspiración de la sociedad, permite que para su logro se hagan concesiones en la aplicación de la justicia en términos del castigo, siempre y cuando se salvaguarden la verdad y la reparación de las víctimas. Es el procedimiento jurídico para ser aplicado en el postconflicto. Y debe hacerse bien. Una aplicación indebida o amañada del procedimiento transicional puede indudablemente dejar abiertas las heridas de la guerra, y propiciar que la Corte Penal Internacional decida tomar cartas en el asunto.
Mientras estos puntos, sin duda los más sensibles de la negociación, no se resuelvan y mientras las FARC no sean claras en reconocer que ellas también fueron victimarias, que ya entreabrieron la puerta para ello, hablar de una constituyente es distraer la atención de lo fundamental con el único fin de complacer a los maximalistas y de pretender “ensillar antes de traer las bestias”
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