Foto: Archivo Semana
Procurador general, Alejandro Ordóñez.
El Ministerio Público solicitó que se
anule el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el pago de las pensiones
altas en Colombia.
El siete de mayo de este año se dio fin a la discusión del régimen
especial en las pensiones de los congresistas de la República y de los
magistrados que a partir del primero de julio los altos funcionarios tendrán
como tope máximo, 25 salarios mínimos ($14.608.000), cifra sobre el que se
rigen las pensiones del resto de los ciudadanos.
Sin embargo, la Procuraduría no está de acuerdo con ese fallo y explica que se desconocen los derechos adquiridos y crea inseguridad jurídica.
“Esas pensiones fueron reconocidas en virtud de normas legales y muchas de ellas son producto de fallos de constitucionalidad de la propia Corte, o decisiones del Consejo de Estado”, indica el documento radicado en la Sala Penal de la Corte Constitucional.
Los montos que la Nación venía desembolsando por este concepto, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, representaban un riesgo, por los altos valores, para la sostenibilidad fiscal del país.
En la actualidad el 20% de los colombianos que tienen una pensión más alta recibe el 80% de los subsidios que el Estado otorga, mientras que el 80% de la población, que en su mayoría reciben pensiones bajas y son quienes más requieren apoyo por parte del Estado para tener una mejor protección para la vejez, es el que menos subsidio recibe.
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