ELTIEMPO.COM, RUDOLF HOMMES , 30 de Mayo del 2013
Rudolf Hommes
El acuerdo al que han llegado el Gobierno y la guerrilla ya se puede comenzar a poner en práctica.
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El hecho más importante en las negociaciones entre el Gobierno y las Farc sobre las tierras y la organización de la producción agrícola en Colombia es que ya se acordó algo que probablemente es sensato, porque las partes entienden que si se les va la mano, condenan lo que se convenga al fracaso.
Adicionalmente, la comisión negociadora del Gobierno la conforman personas experimentadas, serias e inteligentes y la dirigen y orientan dos de ellos que si pecan de algo es de prudencia.
‘Iván Márquez’ y ‘Catatumbo’ están hablando otro lenguaje. En las entrevistas que les concedieron a este diario y a Semana son menos categóricos, aunque siguen generando inquietudes sobre aspectos críticos, como las zonas de reserva campesina, los límites del tamaño de proyectos agropecuarios productivos privados, el aumento del área de producción en el país y más que todo por la aspiración inaceptable para el Gobierno y gran parte de la población de que todo culmine en una asamblea constituyente.
‘Pablo Catatumbo’ dice en Semana que las Farc van a responder por asesinatos como los de los diputados del Valle o los de la familia Turbay Cote. Recuerda que sus familias también fueron víctimas inocentes del conflicto, para no comprometerse por lo pronto a pedir perdón, pero no argumenta que las víctimas son un daño colateral del conflicto, como lo hacía ‘Granda’ en una época caracterizada por el cinismo de los dirigentes de las Farc, que afortunadamente ha evolucionado a una posición más flexible, fruto del avance en las negociaciones. Si estas progresan rápidamente, no sería extraño que al final estuvieran dispuestos a pedir perdón si los que secuestraron y mataron a los parientes de sus dirigentes o los promotores del exterminio de la UP hicieran lo mismo.
El acuerdo al que han llegado el Gobierno y la guerrilla ya se puede comenzar a poner en práctica. Desde hace años se ha argumentado en círculos que no son de izquierda que mejorar y aumentar el acceso de los campesinos a la tierra y a otros medios de producción son políticas necesarias y que contribuyen a restablecer un equilibrio entre la ciudad y el campo donde se concentra la mayor pobreza, hay menos oportunidades, menor acceso a servicios, a educación y salud, a empleo y a protección social.
Hacer un esfuerzo serio y efectivo para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de la población rural es algo que se ha necesitado y que no debe posponerse.
Lo que está sucediendo es en cumplimiento de los sorprendentes anuncios que hizo Santos apenas se posesionó. No hay razón entonces para demorar la puesta en marcha de varios de los acuerdos enunciados, por ejemplo la formalización de la propiedad rural y la actualización del catastro.
Estas medidas dotarán a los municipios de cuantiosos recursos adicionales. Para ser consecuentes con lo que está sucediendo a favor de la paz, los gobiernos locales deberían orientarlos a financiar inversión en programas de desarrollo regional, en bancos municipales de tierra que les darían acceso a los pequeños productores a tierra arrendada, en programas de extensión agropecuaria o de adecuación de tierra y provisión de infraestructura y otros bienes públicos para los productores rurales.
El banco nacional de tierras que se ha acordado en La Habana podría organizarse desde ahora, y a los programas rurales de desarrollo social ya debería dárseles un mayor alcance.
De esta forma se evita hacer dependiente del desenlace de las negociaciones en La Habana la aplicación de las políticas que eran parte del programa de Gobierno y que son requeridas urgentemente y pueden servir para acelerar el desarrollo posterior del acuerdo.
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