ELTIEMPO.COM, ABDÓN ESPINOSA VALDERRAMA, 12 de Junio del 2013
Abdón Espinosa Valderrama
Se trataría de un golpe de Estado concertado que deslegitimaría su institucionalidad y los poderes que de ella se derivan.
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La delegación de las Farc en la mesa de negociaciones de paz lanzó de entrada, al iniciarse la nueva etapa de sesiones, un torpedo de grueso calibre al cual le salieron al paso el presidente Juan Manuel Santos y el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. Nada menos que el aplazamiento de toda clase de elecciones populares por un año, con desconocimiento manifiesto de los preceptos de la Constitución Política de Colombia, cuya autoridad las Farc desconocen.
Se trataría de un golpe de Estado concertado que deslegitimaría su institucionalidad y los poderes que de ella se derivan. Cesaría de existir su fuente legítima y todos pasarían a ser funcionarios de hecho, mientras no se reuniera una asamblea constituyente para crear el nuevo derecho y sus jerarquías de mando, representación y administración de justicia. Las Fuerzas Armadas de Colombia cesarían de tener autoridad legítima y democrática para ejercer tan solo la misma fáctica de los grupos alzados en armas. Sería el desmoronamiento consentido del Estado de derecho y el perjurio flagrante y punible de todas las autoridades obligadas a obedecer y hacer obedecer la Constitución en irrecusable vigencia.
Las Farc venían proponiendo una asamblea constituyente para poner fin consensuado a lo que ellas denominan el conflicto social y armado. Pero tácticamente habían omitido referirse al modus operandi. Ahora se desenmascaran y plantean la suspensión virtual del Estado Social de Derecho por el término de un año. Se aducirá que tan solo proponen “aplazar” los comicios. ¿Pero quiénes osarían tomar tal determinación y modificar al efecto expresos mandatos constitucionales? De consuno, el Presidente de la República y el Congreso, a sabiendas de estar faltando a sus juramentos y deberes.
El problema radica en que las Farc se declaran en abierta rebeldía contra la misma Constitución de la cual emanan los poderes de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial y, por ende, de las organizaciones armadas de la República. El deseo vehemente de paz con justicia no implica sacrificar el régimen de leyes e incurrir en simonía y traición a los deberes de los legalmente elegidos por el pueblo. El jefe del Estado tiene poderes, pero también limitaciones y, por tanto, sus delegados en la mesa de La Habana.
Por estos días han abundado las adhesiones fervientes al proceso de paz, pero ello no significa la renuncia colectiva a los derechos, garantías y libertades consagradas en los textos constitucionales, ni mucho menos la aquiescencia a un salto al vacío o a una aventura suicida. De pronto, resulta que la propuesta de las Farc no es torpedo, sino globo de ensayo, con lo cual se disiparían desconfianzas y prevenciones.
Pero hay otro todavía más azaroso: el lanzado por el exvicepresidente José Vicente Rangel, de Venezuela, al afirmar que la oposición al gobierno de su patria habría comprado dieciocho aviones para atacarlo, que estarían en base militar de Estados Unidos, ubicada en territorio de Colombia.
Porque semejante falsedad puede ocasionar daños a la relación con la hermana república de Venezuela, hay que desmentirla categóricamente, al menos en cuanto a nuestro país se refiere. No dejarla pasar por la evidencia del exabrupto.
El deterioro accidental y de seguro pasajero en las relaciones con el presidente Maduro y el gobierno de Venezuela, más que todo por la visita del candidato Henrique Capriles, ha repercutido en la delegación de las Farc e inducido a endurecer sus posiciones. En ambos casos, temerarios, no se debe prescindir de desactivar los torpedos, en el supuesto de serlos, con la verdad resplandeciente y la Constitución de la República de Colombia.
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