En las últimas elecciones, campañas demandaron $356,2 mil millones en 67 gastos diferentes.
Cuando se empiezan a acomodar los aspirantes para las elecciones del año entrante, el Gobierno trata de establecer el costo real de los gastos de las campañas –propaganda, arriendos, músicos, comida, etc.– para estimar si la asignación que tienen por ley los candidatos es adecuada o, si, por el contrario, se pasa o se queda corta.
La investigación preliminar, hecha por el Ministerio de Hacienda, identificó una canasta con 67 productos, agrupados en 33 categorías, que demandaron 356,2 miles de millones de pesos en las elecciones del 2011, de gobernadores, alcaldes, asambleas, concejos y juntas administradoras locales (JAL).
Entre los gastos identificados están arriendo de sedes, sueldos y bonificaciones, servicios públicos, viáticos, equipos de oficina, papelería, vestuario, pago de grupos musicales para actos públicos, alimentos, combustible y hasta medicamentos.
El resultado definitivo del estudio para el índice de costo de una campaña (ICC) lo entregará el Dane, en agosto.
Por ahora, el producto líder en la canasta es la publicidad. En el caso de los gobernadores, el 61 por ciento de la torta presupuestal electoral se la gastan en artículos para ‘vender’ la imagen y propuestas del candidato. Les siguen los candidatos a asambleas y alcaldías (48,2 por ciento del total), y luego, los de Concejo (45,7 por ciento) y los de las JAL (41,6).
En actos públicos, uno de los gastos que más pesa es el de alimentos (10,5%), inclusive, por encima del arriendo (6,2%) que es un servicio obligado para una campaña y que aparece como gasto de administración. En esta categoría se hizo el segundo gasto más grande en el 2011, 48,4 miles de millones de pesos, después de la publicidad, en la que se invirtieron 119 mil millones de pesos. Claro está, no deja de haber un alto monto destinado a grupos musicales animadores de las reuniones, que también se cuenta como gasto en actos públicos.
Al Ministerio de Hacienda le llama la atención que gastos en alimentos y alquileres de transporte para el día de las elecciones se reporten como gastos de administración. “Puede verse como, pese a que se reportó gasto en alimentos dentro de los diferentes grupos, la mayor participación del gasto en alimentos se presenta en actos públicos”, indica el estudio. Al respecto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nora Tapia, cree que no se trata de que ‘compren conciencias’ en actos públicos, pues “estos alimentos son para el personal que labora en la campaña”.
El estudio servirá también para establecer si se está cumpliendo con el tope de gastos que cada año, a través de una resolución, el Gobierno establece. Dicho tope calcula lo que puede costar una campaña sin que haya excesos que pueden indicar actos de corrupción. Así por ejemplo, en este año, si se hicieran elecciones de Senado, una lista de aspirantes no podría gastar más 675 millones de pesos. Contrario a lo que podría pensarse, “la gran tendencia es que los candidatos no gastan hasta el tope. En corporaciones públicas, en el 2011, el tope promedio fue de 80 por ciento”, señaló la presidenta del CNE. Y concluye que, “el estudio final podrá demostrar múltiples elementos para tomar decisiones con los gastos de campaña”.
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