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Desde su poderoso Twitter, Álvaro Uribe
viene criticando con insistencia las “concesiones” de Santos a las Farc, en el marco de las negociaciones de La Habana,
contrastándolo con su proceso de paz con los paras. Sin embargo, al revisar lo
que Uribe propuso inicialmente a los paramilitares, antes de que la Corte
Constitucional corrigiera lo más polémico de la ley de Justicia y Paz, se llega
a la conclusión de que sus ofrecimientos se parecen a dichas “concesiones” que
son objeto de su crítica implacable.
1. Sobre el cese de hostilidades
Qué defiende ahora
En septiembre del año pasado, Uribe
expresó que era un error adelantar un proceso de paz con las Farc sin antes
exigirles un cese de hostilidades. Aunque no hizo una exposición detallada de
su argumento, el expresidente dijo que le parecía una equivocación pues las
Farc “asesinan a los colombianos y siguen dialogando”. Dos semanas después de
que se acabara el cese al fuego unilateralque
las Farc declararon entre el 20 de noviembre del año pasado y el 20 de enero de
éste, el exmandatario le pidió al Gobierno suspender las negociaciones de La Habana tras sendos ataques
de esta guerrilla en el sur de Bolívar y los departamentos de Norte de
Santander y Antioquia.
Qué defendía antes
Cuando negoció con los paramilitares en
Santafé de Ralito (Córdoba), Uribe sí exigió como condición una declaración
unilateral de cese de hostilidades por parte de las AUC, que éstas aceptaron.
Al cabo de un año, el Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno resaltó la
importancia de esa tregua, anunciando que el número de masacres se había
reducido en una tercera parte. Sin embargo, en febrero de 2004 un informe del propio Gobierno evidenció que, tras 14 meses de negociaciones,
los grupos paramilitares habían cometido nada menos que 362 asesinatos, 16
masacres y 180 secuestros. Solo que en esa oportunidad la violación del cese de
hostilidades no hizo a Uribe cuestionar la continuidad del proceso.
2. Sobre la impunidad
Qué defiende ahora
Este ha sido el punto en el que más ha
insistido Uribe. Podría decirse que es su crítica fundamental a las
negociaciones en La Habana, como lo dejó en claro en vísperas de la marcha del pasado 9 de abril: “Nuestra oposición al
proceso de paz no es a la paz sino a la impunidad”. Los cuestionamientos han
sido esencialmente dos: que no va a haber juzgamiento de los jefes de las Farc
que se desmovilicen y que no habrá cárcel para autores de delitos atroces, por
el uso de los criterios de selectividad y priorización en los procesos
judiciales contemplados en el Marco para la Paz.
Qué defendía antes
Uribe ha dicho que su famosa Ley de Justicia y Paz está
blindada contra la impunidad, pues no contempla amnistías o indultos.Sin
embargo, en la práctica sí permitió un amplio margen de amnistía de facto pues
los combatientes que al momento de deponer las armas no tuvieran abierto un
proceso o una condena en su contra, podían seguir en
libertad acogiéndose al decreto 128 de 2003.
Así, muy pocos tuvieron que pagar cárcel (Indepaz ha
señalado que solo el 2%). Pero además, este grupo de desmovilizados no
estaba obligado a declarar ante instancias judiciales sobre
otros delitos de su conocimiento, propiciando que un sinnúmero de crímeces
atroces quedara sin investigar.
Por otra parte, las penas alternativas
contempladas en Justicia y Paz, otorgadas a los desmovilizados con condenas,
son de mínimo cinco y máximo ocho años, "una duración desproporcionadamente
benigna dada la gravedad de los delitos cometidos, en algunos casos
tortura, desaparición, violación o masacre”, como observa el constitucionalista
Manuel Fernando Quinche, autor de un libro sobre el tema. Sumado a lo anterior, el proyecto original de Justicia y
Paz sugirió que como parte del cumplimiento de la condena se contaran los 18
meses que duraron las “zonas de concentración” de paramilitares, establecidas
mientras avanzaban las negociaciones en Santafé de Ralito. Algo que la Corte
Constitucional a la postre eliminó.
3. Sobre la reparación a las víctimas
Qué defiende ahora
El expresidente también ha intentado
tomar la vocería de las víctimas de cara al proceso de paz con las Farc. Como
un desarrollo de su crítica anterior, ha sostenido: “van a quedar delitos
atroces impunes, por la selectividad y la priorización no se les investiga,
entonces quedan sin reparar las víctimas, mal ejemplo”. Para él, su proceso con
los paramilitares sí es un buen ejemplo de reparación a víctimas.
Qué defendía antes
El castigo del victimario es una de las
modalidades más importantes de la reparación a las víctimas, pero como se
mostró, Uribe fue partidario de que la gran mayoría de autores y partícipes en
los crímenes no fueran condenados ni judicializados a cambio de su
desmovilización.
Existen también otras formas de
reparación, entre las que está la compensación económica por el daño sufrido.
En el caso de la negociación con los ‘paras’, se planteó que esta reparación se
financiara principalmente con los bienes de los desmovilizados condenados, lo
que ya era una restricción por el bajo número de condenas que se iban a dar.
Pero además en la Ley de Justicia y Paz de Uribe se incluyeron dos condiciones
adicionales: que los condenados aportarían sus bienes para la reparación “si
los tuvieren”, y que solo se tendrían en cuenta sus bienes obtenidos
ilícitamente y no todo su patrimonio.
En 2006 la Corte tumbó ambas condiciones, pues según su concepto limitaban fuertemente las
posibilidades de reparación.
4. Sobre participación política
Qué defiende ahora
En una entrevista reciente, Uribe expresó su desacuerdo con que a las
Farc se le ofreciera elegibilidad política tras haber incurrido en “secuestros,
asesinatos de menores, narcotráfico y otros delitos atroces”. Como el
exmandatario considera que las Farc son un grupo “terrorista”, de paso también
cuestiona la legitimidad política que pueden tener para discutir el futuro de
sectores económicos como el agropecuario, que es tema en la agenda de La
Habana. “¿Qué tal que nuestro gobierno hubiera hecho eso con los
paramilitares?”, se ha preguntado.
Qué defendía antes
En realidad, discutir una agenda de
reformas con los paramilitares no hubiera tenido el mismo sentido que hacerlo
con guerrillas insurgentes. Fundamentalmente porque éstas se proponen la
transformación radical del Estado mientras los primeros no. Los paramilitares
nacieron como una iniciativa contrainsurgente partidaria de que el Estado
fortalezca su aparato militar para combatir a las guerrillas, algo que de hecho
ya estaba sucediendo con la “Seguridad Democrática” de Uribe.
Asimismo, durante su gobierno Uribe manifestó repetidamente que no debía negarse el delito político a los paramilitares, e incluso
inicialmente el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz lo hacía
efectivo. Como el delito político o de sedición está excluido del régimen de
inhabilidades para aspirar a cargos públicos, así Uribe abría una puerta a la
elegibilidad política de los paramilitares. Solo que al final esto nunca se
concretó porque la Corte Constitucional tumbó dicho artículo por vicios de
forma.
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