Los mercaderes del hambre...

ELESPECTADOR.COM, Opinión |13 Ago 2013 

Por: Uriel Ortiz Soto

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Francisco Estupiñán, 

tiene el inmenso desafío de encausar a través de la Cartera de Agricultura: 

programas de urgencia alimentaria.

Aunque hace tiempo se habla de las Cadenas Productivas y  Alianzas estratégicas, para conjurar esta crisis, quienes las manejan, no tienen la suficiente preparación para hacerlo. 

Basta con recorrer los municipios  donde se han invertido inmensos recursos, para comprobar que todo ha sido engaño y mentira, tanto para el pequeño productor, como para el público consumidor. Valdría la pena que se abriera una investigación para averiguar: cómo, donde y cuando, se han invertido estos recursos, con el fin de establecer responsabilidades y sancionar a los responsables. 

La magnífica conferencia que hace unos meses dictó el Italiano Carlos Petrini, - experto en abastecimiento alimentario-, sobre la manipulación y la criminalidad de quienes abusan del manejo de los productos de la canasta familiar, nos pone a pensar muy seriamente, sobre la reorientación que nuestro Gobierno debe dar al aparato productivo del Sector Agropecuario.

Lamentablemente, los gobiernos son los directos responsables del hambre que padecen sus gobernados, puesto que son tolerantes con los funcionarios corruptos que la propician, en contubernio con organizaciones que sarcásticamente se organizan bajo la premisa de prestar un servicio social, y lo que hacen es enriquecerse, promoviendo la especulación y el acaparamiento.   

Todo producto básico de la canasta familiar de origen agropecuario, está regulado por una federación, fundación, asociación o cooperativa. El objetivo primordial de ellas, debe ser el de una política social y productiva, que busque un equilibrio entre el Productor y el Consumidor; prestando un servicio de asesoría técnica a sus afiliados, representándolos ante los organismos del Estado, como personas jurídicas, para lograr los beneficios que se otorgan a través de las políticas subsidiadas, de conformidad con su importancia dentro de los esquemas del mercado. Sin embargo, hay que decir que son muchos los representantes legales que se salen o se desvían del equilibrio social antes mencionado, y por esta razón los productos no son asequibles al público consumidor.   

 Muchas de estas instituciones, se han convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno y los consumidores, puesto que han rebozado su capacidad de control y están abusando con los precios, manejándolos a su acomodo. Es decir, imponen y manejan los excedentes de importación. Si el Gobierno no es complaciente con ellos, viene el chantaje con cesación de actividades, el acaparamiento y especulación de los productos. 

Valdría la pena que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dictara medidas tendientes a reestructurar todas estas organizaciones, con el fin de meterlas en cintura e impedir que continúen como ruedas sueltas, abusando con el manejo de sus feudos. Hay productos, que, tienen  precios injustificadamente tan exorbitantes, que, descuadran el presupuesto de la canasta familiar.  

Es increíble que existan personas u organizaciones capaces de negociar las necesidades básicas de sus semejantes, como es el derecho a tener una alimentación balanceada y equilibrada, que les permita subsistir el día a día. Directa o indirectamente se encuentran camufladas en las entidades oficiales, y ONG, del Sector Agropecuario, no les interesa producir con conciencia social, puesto que les va mejor con políticas monopolistas y prácticas delictivas del contrabando, la especulación y el acaparamiento. 

Está bien que el factor hambre, ocurra en países donde los recursos naturales prácticamente se extinguieron desde hace varios años, y las altas tecnologías se quedaron esperando la convocatoria para poner en acción planes y programas de desarrollo, que les permita buscar un punto equilibrio entre la extrema pobreza y la supervivencia. Pero que ocurra en Colombia, donde nuestros predios rurales son pródigos en variedad de climas y con todos los recursos naturales y humanos a nuestra disposición, es todo un delito social, que hay que tener en cuenta para averiguar qué es lo que nos está pasando, si es el exceso de paternalismo de Estado con la población desplazada y reinsertada, o es que están fallando las políticas agropecuarias en medio de la desidia y el abandono del Estado.

El Gobierno debe apersonarse de los programas alimentarios de sus ciudadanos, no se justifica que ciertas decisiones que se toman para la importación de algunos productos, como en el caso del arroz, sean sujetos de escándalos y discusiones orientadas por las mafias, que, manejan vergonzosamente a su acomodo los cupos regulados por los convenios internacionales. 

Los pronunciamientos que se han hecho durante el presente año, sobre la población mundial que padece de hambre, y que vive en la más absoluta miseria, sin un techo donde guarecerse de las inclemencias de los cambios climáticos, toca las fibras más íntimas de la sensibilidad humana, pero, al mismo tiempo, es un campanazo de alerta de lo que podría ocurrir en el inmediato futuro en nuestro País, si los gobernantes no toman acciones valederas, que les permita solucionar el problema básico para la subsistencia alimentaria.

Para lograr este objetivo, se hace indispensable, arrancar a las mafias el manejo de los productos básicos de la canasta familiar. No olvidemos que esto se logra acercando mas el Estado al sector productivo, estas organizaciones no le están prestando ningún servicio al País, lo que hacen con sus argucias, es encarecer los productos y hacerlos menos asequibles al público consumidor, para poderse enriquecer por la vía más rápida. 

urielos@telmex.net.co