ELTIEMPO.COM, EDITORIAL, 14 de Agosto del 2013
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Pocos delitos que le duelan tanto a la nación y que afecten de tal manera los intereses de todos los colombianos, especialmente de los más pobres, como la corrupción. Se trata de una vena rota que, por décadas y pese a que no hay un solo gobierno que no la haya señalado entre sus prioridades, sigue abierta y desangrando un país en el que muchas obras básicas para el desarrollo y bienestar están aún por hacerse.
Aunque las cifras concretas de este detestable flagelo continúan siendo una caja negra, cada año sus beneficiarios se llevan una bolsa que se cuenta por billones de pesos. Casos como los de Foncolpuertos y Dragacol y los ‘carruseles’ de la contratación en Bogotá y el de las pensiones en la Judicatura indignan a la opinión pública y concentran la atención de todos hasta que estalla el siguiente escándalo. Si bien en los últimos años la justicia ha reaccionado para poner tras las rejas a varios de los funcionarios y contratistas tramposos, las estadísticas no son nada alentadoras. Como lo señaló un reciente informe de la Oficina de Transparencia, en 11 años solo el 5 por ciento de las 594 acciones de extinción de dominio relacionadas con casos de corrupción llegaron a sentencia. Es decir, menos de 30 en una década.
Parece increíble. Pero es así, en un país en el que, según cálculos de la Sociedad Colombiana de Economistas, entre 1991 y el 2010 se habrían evaporado al menos 189 billones de pesos por acción de los ladrones de cuello blanco, que aprovechan decenas de huecos convenientemente aceptados en las normas de la contratación oficial.
La corrupción, más que muchos otros, es un delito de costo y oportunidad. Los delincuentes ponen en la balanza las millonarias ganancias que pueden obtener por desfalcos y mordidas, contra la posibilidad de ser descubiertos, procesados y condenados por la justicia. Pero, aun cuando el riesgo de ser sentenciado e ir a la cárcel sea alto, son muchos los que persisten si la probabilidad de conservar las fortunas ilegales sigue siendo grande.
De allí lo estratégico de crear un organismo denominado C-4, en el que confluyen la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Dirección Nacional de Inteligencia y la Inteligencia de la Policía, articuladas con la Fiscalía y coordinados sus esfuerzos por la Oficina de Transparencia, dedicado exclusivamente a perseguir las fortunas amasadas por los corruptos y a recabar las pruebas que aseguren las condenas.
La iniciativa, que, como lo reveló este diario, será oficializada por el Conpes y deberá empezar a marchar a más tardar a comienzos del próximo año, articula con objetivos prioritarios a las instituciones encargadas de dar la batalla en este frente estratégico y reproduce un exitoso modelo de investigación que, a instancias de la Uiaf, permitió en tiempo récord desmantelar la mafia que venía robando a la Dian con los recobros, forzar a los responsables a buscar sentencias anticipadas e incautar bienes por 40.000 millones de pesos.
La lucha contra este delito es de todos. A las autoridades les corresponde crear mecanismos, como el C-4, cada vez más eficientes y sofisticados para enfrentar un monstruo de mil cabezas que ha creado intrincadas redes para ocultar sus pingües ganancias. Pero la tarea empieza por casa. No solo con la denuncia, sino con la firme decisión de no permitir, ni permitirse, las pequeñas componendas y sobornos que han terminado alimentando el sofisma de que la corrupción en Colombia es algo simplemente inevitable, cuando es un cáncer que nos amenaza como sociedad.
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