ELESPECTADOR.COM, 26 Ago 2013
Los funcionarios fueron citados por la Fiscalía para los próximos 16 y 17 de septiembre
Hoy, además, se realizará la audiencia preparatoria para el juicio contra la secretaria del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Olarte, por su presunta participación en este escándalo.
Los próximos 16 y 17 de septiembre tendrán que rendir interrogatorio ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia siete exmagistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura, quienes con pocos meses despachando desde el Palacio de Justicia pudieron mejorar sustancialmente sus mesadas pensionales al recibir ‘la palomita’ de magistrados titulares y por este escándalo están siendo investigados en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en la Contraloría.
La Fiscalía tiene información muy concreta sobre estos siete exmagistrados y por ahora revisa con lupa sus estados pensionales y su trayectoria laboral en la Rama Judicial. Se trata de los abogados Luis Rojas Tovar, Marco Fidel Sarmiento Ballesteros, José Darío Ramírez Moreno, Martha Lucía Betancur Prada, Jesús Herrera Cortés, Elías Cabrera Ducuara y José Yesid Barbosa Suárez. Todos ellos son oriundos del departamento del Tolima.
La investigación de las autoridades sigue creciendo en la medida en que los investigadores constatan aparentes maniobras de exmagistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura para pensionarse con mesadas que, en principio, no les corresponderían. De hecho, ocho exmagistrados auxiliares que, según la Fiscalía, se posesionaron en sus cargos a través de actas falsas, ya rindieron interrogatorio ante el ente investigador. Son ellos: Teresa Isabel Tovar Gutiérrez, Mauricio José Méyer, Marlén Espinosa Cardoso, Amparo Malagón Betancourt, Alaim Costa Infante, Claudia García Leyva, Rosa Marleny Martínez Botero y Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt.
Estos exfuncionarios fueron nominados por los magistrados Henry Villarraga, Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano; algunos de ellos, incluso, trabajaron por un corto tiempo en sus despachos. La magistrada María Mercedes López, de esta misma corporación, fue la que denunció el carrusel de pensiones y como consecuencia de sus señalamientos, la secretaria del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Lucía Olarte, fue acusada por la Fiscalía del delito de falsedad ideológica en documento público.
Según el ente investigador, Olarte falsificó las referidas actas a sabiendas de lo que hacía y fue con estos documentos, al parecer falsos, que estos exmagistrados pudieron hacerse con un puesto y, luego, con una millonaria pensión. Hoy se reanuda la audiencia preparatoria dentro del juicio que se adelanta contra ella. Olarte ha dicho al respecto que en este caso no hubo ninguna falsedad sino, quizás, algunos errores sin implicaciones administrativas o legales.
“El error no implica delito. La misma Constitución ha tenido fe de erratas. Las actas son documentos intrascendentes. Ni siquiera son prerrequisito para los nombramientos. En este caso, los documentos analizados por la Fiscalía eran borradores. A mí no me pueden acusar por unos borradores. Valga aclarar, además, que mi función no es la de hacer nombramientos y que en la Sala Disciplinaria no hay posibilidad de nombramientos amangualados, porque todos los magistrados están pendientes de las decisiones que se toman y los mismos magistrados ya le confirmaron a la Comisión de Acusación que esos nombramientos fueron bien hechos”, le dijo Olarte a este diario antes del inicio del juicio en su contra.
Y agregó: “A mí me han cogido de chivo expiatorio. La Fiscalía tiene todas las pruebas que no hacen sino favorecerme. Yo confío en la justicia. Ya llegará el momento de demostrar mi inocencia”. Por ahora ha trascendido que, dentro del proceso contra Olarte, la Fiscalía llamará a declarar a la magistrada López y, además, al exmagistrado de la Judicatura y hoy defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
Por su parte, el magistrado Henry Villarraga, uno de los investigados, le dijo a este diario, en relación con el proceso en su contra, que es respetuoso de las decisiones que tomen las autoridades y que prefiere no polemizar al respecto a través de los medios de comunicación. Afirmó, además, que está tranquilo porque, dice, todo lo que ha hecho ha sido apegado a la Constitución.
A Villarraga, a Garzón y al exmagistrado y hoy gobernador del Cauca Temístocles Ortega, la Contraloría les formuló pliego de cargos el pasado 16 de agosto por este escándalo que, de acuerdo con esa entidad, le generó al país un detrimento patrimonial de cerca de $3 mil millones. También les formularon pliegos de cargos a los exmagistrados Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Constanza Margarita Navia, Álvaro Rojas Mallorquín, Jaime Roberto Arteaga Caiza, Jesús Herrera Cortés, Jorge Iván Bravo Vélez, Margot Castellanos Carrillo y Petrona Perafán Ordóñez. Todos ellos fueron citados para que presenten sus descargos el próximo 10 de septiembre.
Por otra parte, en la Comisión de Acusación, uno de los procesos por este escándalo ya fue archivado y otro, relacionado con los cuestionados nombramientos, avanza, aunque esa corporación no ha tomado ninguna decisión.
Este año el magistrado Henry Villarraga denunció a su colega María Mercedes López por las supuestamente falsas denuncias que la funcionaria ha hecho dentro del escándalo del carrusel de las pensiones. En este proceso, Villarraga es representado por el reconocido abogado Abelardo de la Espriella. Curiosamente, hace casi dos años Villarraga y De la Espriella no eran apoderado y cliente, sino procesado y juez.
El 23 de noviembre de 2010, De la Espriella y un socio suyo, Daniel Peñarredonda, fueron sancionados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca a tres meses de suspensión por, supuestamente, haber presionado a una testigo, María del Pilar Espinosa, para que con su testimonio favoreciera a su expareja, el excongresista Eduardo Dávila Armenta, investigado en ese momento por su presunta participación en el asesinato de Carmen María Vergara. Por este crimen, Dávila fue condenado a 34 años de prisión el año pasado.
La decisión fue apelada y el proceso llegó al Consejo Superior de la Judicatura, que en un fallo cuyo ponente fue el magistrado Villarraga, absolvió el 21 de julio de 2011 a De la Espriella y Peñarredonda. Personas cercanas al proceso por el escándalo del carrusel de las pensiones aseguran que el hecho de que ahora De la Espriella represente a Villarraga deja un muy mal sabor de boca y genera muchas suspicacias.
Consultado al respecto, el magistrado Villarraga indicó que no hay ninguna ley que le impida contratar a De la Espriella y que las suspicacias que se puedan generar al respecto son producto de mentes malintencionadas. “No pongan en tela de juicio mi dignidad. Ahora me quieren escoger mis abogados. Si el hecho de que yo contrate al abogado De la Espriella viola alguna norma, pues que me investiguen. Pero, reitero, no hay ninguna norma que me lo prohiba”.
Por su parte, el abogado De la Espriella aseveró que “en 2011 yo no conocía al magistrado Villarraga. Por ende, no hay ninguna inhabilidad. Ahora, el magistrado tendrá que declararse impedido si en el futuro le toca algún proceso en mi contra. Pero hay que recordar que esa no fue una decisión de Villarraga, sino de toda la sala”. Y agregó que en este caso “no hay de otra. El magistrado es juez de todos los abogados. Cualquier abogado que contratara lo tendría, eventualmente, de juez”.
Por ahora, un proceso que estuvo a punto de darle los santos óleos a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y que ha generado más de una controversia en el seno de esa corporación, continúa como un fantasma que ronda el Palacio de Justicia.
Por: Arnoldo Ramirez
ResponderEliminarSerá que esta vez la "Comisión de Absoluciones de la Cámara" si asume seriamente sus funciones?. En una reforma constitucional yo prescindiría de este esperpento.