DINERO.COM, 2013-06-26
Ruth Marina Díaz, presidente de la
CSJ.
Pese al escándalo que envolvió a la
presidente de la Corte por causa de su crucero, las cifras demuestran que los
permisos de los magistrados son más lesivos para la Justicia que sus viajes al
exterior.
Durante 2012, el Consejo de Estado, el más alto tribunal de la justicia
administrativa en Colombia, produjo 9.975 fallos. El número de sentencias fue,
en promedio, de 38 diarias durante los 260 días hábiles trabajados ese año por
la alta corte. Si las cargas procesales estuvieran repartidas
proporcionalmente, podría decirse que sus 27 magistrados produjeron al menos
una decisión diaria.
Sin embargo, los cálculos se hacen relativos cuando se encuentra que los 161 permisos de carácter personal usados por los consejeros de Estado supusieron un sacrificio de 373 días que afectaron la productividad de algunos de ellos y que implicarían una sustantiva reducción en las 14.174 sentencias que estadísticamente deberían producirse.
El promedio de ausencias por permisos de los consejeros de Estado crecieron en 2012 64,3% en relación con 2011, cuando por esa vía –sumados el número de días pedidos por magistrados–, se perdieron 227 días de actividad laboral.
La tendencia ha crecido durante 2013, pues hasta el 30 mayo –último dato entregado por el alto tribunal al responder un derecho de petición de Dinero– el número de permisos concedidos sumaba 59, con un total de 127 días.
La situación tiende a replicarse en la Corte Suprema, el máximo tribunal de la justicia ordinaria. Allí, durante los últimos tres años, hicieron uso en total de 1.087 días de permiso. La Sala Penal, cuyos magistrados dispusieron, sumados los de todos ellos, de 476 días permisos, encabeza el ranking de lo que podría llamarse un ausentismo consentido legalmente. Le siguen la Sala Laboral con 326 días y la Sala Civil con 285.
El problema no es estrictamente estadístico y comporta consecuencias serias para la administración de justicia. De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad Externado, en el país un proceso ante la justicia contenciosa administrativa toma en promedio diez años en ser resuelto, mientras una sentencia de casación toma ocho. Y si los encargados de resolverlo no lo hacen con la diligencia debida, se corre el riesgo de seguir favoreciendo la impunidad o, como lo dice el experto procesalista Juan David Martelo Diago, “de caer en una no menos peligrosa denegación de justicia”.
PROBLEMA DE PERCEPCIÓN
Los efectos prácticos de los permisos, que proliferan porque la Ley 270 Estatutaria de la Administración de Justicia y normas reglamentarias así lo permiten, pueden resultar más perjudiciales para el principal servicio público del país que los viajes de los magistrados al exterior.
Algunos de los viajes, especialmente aquellos que son comparables con tiempos sabáticos de placer, resienten al ciudadano del común que considera que incluso los jueces malgastan los recursos que él paga en impuestos. También porque sienten que, en ciertas circunstancias, afectan el decoro y la dignidad de la Justicia.
Así lo demostró la reciente controversia que envolvió a la presidente de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, quien coincidió en un crucero por el Caribe con magistrados de tribunales superiores que aspiran a ocupar la vacante que quedó en la Sala Civil con el retiro del magistrado Jaime Arrubla.
Pero viajes de magistrados de la Corte en esas condiciones son la excepción, no la regla. Dinero revisó el sustento de las 91 comisiones al exterior autorizadas por la sala de Gobierno de la Corte Suprema en los tres últimos años e hizo lo propio con las 70 aprobadas desde enero de 2011 hasta el 30 de mayo de 2011 por la sala de Gobierno del Consejo de Estado.
Encontró que más de 95% de ellas se relacionan con eventos académico, foros jurídicos y sesiones de organismos internacionales que, como la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) deliberan sobre temas de interés para los jueces.
Los permisos individuales, en cambio, suelen carecer de justificación. Por ejemplo, en los concedidos por el Consejo de Estado se alude genéricamente a “razones personales”, “asuntos familiares” y “asuntos médicos”. En pocos casos los magistrados anotaron las verdaderas razones. El consejero Víctor Hernando Alvarado dijo que utilizaría su permiso –el único que ha pedido– para visitar a su hija Ángela María, en Madrid y una colega suya dijo que necesitaba unos días para reunirse con sus hijos en el exterior. Casi todos los demás invocaron incluso “razones de fuerza mayor”.
Alfonso Vargas Rincón, presidente del Consejo de Estado, explica que los permisos están autorizados legalmente y justifica la manera en que se motivan en el hecho de que la mayoría de ellos tienen un componente de derecho a la intimidad. Sostiene, además, que el régimen de permisos en las cortes no difiere sustancialmente del que se aplica en otras esferas de la administración pública ni en el sector privado. Lo sostiene, sin embargo, él, uno de los pocos magistrados que, desde que llegaron a sus cargos, no han hecho uso de comisiones al exterior ni de permisos.
Sin embargo, los cálculos se hacen relativos cuando se encuentra que los 161 permisos de carácter personal usados por los consejeros de Estado supusieron un sacrificio de 373 días que afectaron la productividad de algunos de ellos y que implicarían una sustantiva reducción en las 14.174 sentencias que estadísticamente deberían producirse.
El promedio de ausencias por permisos de los consejeros de Estado crecieron en 2012 64,3% en relación con 2011, cuando por esa vía –sumados el número de días pedidos por magistrados–, se perdieron 227 días de actividad laboral.
La tendencia ha crecido durante 2013, pues hasta el 30 mayo –último dato entregado por el alto tribunal al responder un derecho de petición de Dinero– el número de permisos concedidos sumaba 59, con un total de 127 días.
La situación tiende a replicarse en la Corte Suprema, el máximo tribunal de la justicia ordinaria. Allí, durante los últimos tres años, hicieron uso en total de 1.087 días de permiso. La Sala Penal, cuyos magistrados dispusieron, sumados los de todos ellos, de 476 días permisos, encabeza el ranking de lo que podría llamarse un ausentismo consentido legalmente. Le siguen la Sala Laboral con 326 días y la Sala Civil con 285.
El problema no es estrictamente estadístico y comporta consecuencias serias para la administración de justicia. De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad Externado, en el país un proceso ante la justicia contenciosa administrativa toma en promedio diez años en ser resuelto, mientras una sentencia de casación toma ocho. Y si los encargados de resolverlo no lo hacen con la diligencia debida, se corre el riesgo de seguir favoreciendo la impunidad o, como lo dice el experto procesalista Juan David Martelo Diago, “de caer en una no menos peligrosa denegación de justicia”.
PROBLEMA DE PERCEPCIÓN
Los efectos prácticos de los permisos, que proliferan porque la Ley 270 Estatutaria de la Administración de Justicia y normas reglamentarias así lo permiten, pueden resultar más perjudiciales para el principal servicio público del país que los viajes de los magistrados al exterior.
Algunos de los viajes, especialmente aquellos que son comparables con tiempos sabáticos de placer, resienten al ciudadano del común que considera que incluso los jueces malgastan los recursos que él paga en impuestos. También porque sienten que, en ciertas circunstancias, afectan el decoro y la dignidad de la Justicia.
Así lo demostró la reciente controversia que envolvió a la presidente de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, quien coincidió en un crucero por el Caribe con magistrados de tribunales superiores que aspiran a ocupar la vacante que quedó en la Sala Civil con el retiro del magistrado Jaime Arrubla.
Pero viajes de magistrados de la Corte en esas condiciones son la excepción, no la regla. Dinero revisó el sustento de las 91 comisiones al exterior autorizadas por la sala de Gobierno de la Corte Suprema en los tres últimos años e hizo lo propio con las 70 aprobadas desde enero de 2011 hasta el 30 de mayo de 2011 por la sala de Gobierno del Consejo de Estado.
Encontró que más de 95% de ellas se relacionan con eventos académico, foros jurídicos y sesiones de organismos internacionales que, como la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) deliberan sobre temas de interés para los jueces.
Los permisos individuales, en cambio, suelen carecer de justificación. Por ejemplo, en los concedidos por el Consejo de Estado se alude genéricamente a “razones personales”, “asuntos familiares” y “asuntos médicos”. En pocos casos los magistrados anotaron las verdaderas razones. El consejero Víctor Hernando Alvarado dijo que utilizaría su permiso –el único que ha pedido– para visitar a su hija Ángela María, en Madrid y una colega suya dijo que necesitaba unos días para reunirse con sus hijos en el exterior. Casi todos los demás invocaron incluso “razones de fuerza mayor”.
Alfonso Vargas Rincón, presidente del Consejo de Estado, explica que los permisos están autorizados legalmente y justifica la manera en que se motivan en el hecho de que la mayoría de ellos tienen un componente de derecho a la intimidad. Sostiene, además, que el régimen de permisos en las cortes no difiere sustancialmente del que se aplica en otras esferas de la administración pública ni en el sector privado. Lo sostiene, sin embargo, él, uno de los pocos magistrados que, desde que llegaron a sus cargos, no han hecho uso de comisiones al exterior ni de permisos.
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