POR : LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA
El pasado 5 de junio, las Comisiones Primeras conjuntas aprobaron el PL 209 de 2013 Senado, 267 de 2013 Cámara, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”. Dicho proyecto, nacido fundamentalmente de una propuesta de la Junta Médica, tiene como objeto regular el derecho humano fundamental a la salud, para trazar los lineamientos generales para la materialización efectiva del Derecho a la Salud, que al decir de la jurisprudencia constitucional, es un derecho humano fundamental autónomo.
El debate tuvo como centro de discusión dos ponencias. En ambas se ampliaron los puntos establecidos por la Gran Junta Médica Nacional en el proyecto original, lo que permitió avanzar en algunos elementos que no fueron considerados por los autores y que exigían un pronunciamiento específico sobre una norma con las características de estatutaria.
Una ponencia fue respaldada por diversas vertientes políticas con participación en la Comisión Primera de Senado, cuya coordinación estuvo en cabeza de la Senadora Karime Mota (partido de la U) y el acompañamiento de Jorge Londoño (partido verde), Hemel Hurtado (Partido PIN), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Juan Manuel Corzo (Partido Conservador) y el suscrito, que para efectos del congreso me denominó Progresista. En dicha ponencia se logró el respaldo de varias iniciativas que vienen siendo reclamadas por la sociedad civil en general y de manera particular por la Alianza Nacional por la Salud – ANSA, en un hecho sin precedentes, lo que significa que el proceso de unidad obtenido en esta alianza y su capacidad propositiva, han logrado una gran influencia en el Congreso de la República, al punto que la visión de ella fue en general acogida, por diversos sectores políticos, como los preindicados.
En esta ponencia logramos el respaldo para establecer el derecho a la salud, con una visión integral, con base en la materialización de los componentes esenciales como el derecho al agua y al saneamiento básico, vivienda digna, condiciones saludables en el trabajo, ambiente sano y el acceso a los bienes y servicios de salud que se requieren con necesidad. Es decir, esa concepción permite entender la salud desde una visión integral y en consecuencia no se liga a la simple atención de la enfermedad, estableciendo una gran política nacional de salud con una visión desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y su atención integral, oportuna y de calidad al igual que su rehabilitación; ponencia que además reclamaba la necesidad de generar una estrategia de atención primaria en salud. De igual forma, no se ataba, en la ponencia en relato, el derecho a la salud a la capacidad económica de las personas, ni a un plan explícito, sino a una atención ligada a las necesidades en salud que requieran los usuarios, con unas excepciones, como las netamente cosméticas, experimentales y las que se solicitan en el exterior pudiéndose prestar en el país; lo anteriormente expuesto muy ligado a la necesidad de recuperar la autonomía médica. Un punto central, de la ponencia de Senado, se enmarcaba en la concepción de aseguramiento público, es decir se eliminaba la intermediación de las EPS ó de las gestoras, como actores articuladores entre los beneficios a que se tiene derecho y la población, gracias a la concepción de territorialidad y a la participación y veeduría social que debería acompañar este nuevo proceso.
Además esta ponencia expresaba la necesidad de que las relaciones laborales, así como la de todos los profesionales de la salud, estuvieran orientadas bajo condiciones dignas y justas, tal como lo proclama el artículo 25 constitucional. Planteaba esta ponencia la necesidad de desarrollar políticas para el talento humano; así mismo hablaba de la necesidad de articular un sistema único de información bajo los componentes demográficos, socio económicos, epidemiológicos, clínicos, administrativos y financieros, con el fin de poder generar políticas públicas en materia de salud; igualmente dicha ponencia proclamaba la necesidad de construir una política farmacéutica, programática e integral; esta ponencia ordenaba al estado establecer políticas de innovación, ciencia y tecnología.
Por otra parte, la Comisión Primera de la Cámara, presentó otra ponencia que en general recogía la visión del Gobierno Nacional. Esta posición también se orientó con algunas limitaciones, a establecer un marco normativo sobre el derecho fundamental a la salud, a definir los derechos y deberes de las personas y también las responsabilidades del Estado para con los ciudadanos. En esta ponencia se interrelaciona el derecho a un plan específico de beneficios, el cual se accede según la capacidad económica de las personas, lo que permite la continuidad de la inequidad, es decir que hoy mantengamos un régimen contributivo y subsidiado, lo que si bien no ha quedado explícito en esta ponencia, si ha quedado evidente después de las declaraciones del Señor Viceministro de Salud, dadas el 6 de junio en la ciudad de Cartagena.
Dicha ponencia por otro lado plantea un plan específico para la inclusión y exclusión de bienes, servicios, procedimientos y tecnologías; la lógica impuesta en la ponencia de Cámara se sustenta sobre el modelo de aseguramiento social, que explicitado por el gobierno y algunos representantes implica la participación del sector público, privado o mixto, por lo tanto, se permite la intermediación de las EPS o gestoras como actores articuladores entre la población y sus derechos.
Estas dos visiones, auguraban un gran y profundo debate como evidentemente se desarrolló. En un primer escenario, se sintió la mano invisible de actores que intentaron boicotear el proceso de las comisiones conjuntas, tanto así que una primera sesión tuvo que ser levantada por falta de quórum para decidir sobre algunos impedimentos presentados.
Obviamente que en este espacio de grandes contradicciones, siempre orientamos nuestro trabajo hacia eliminar el aseguramiento privado, recogiendo la consigna ciudadana de no más EPS, por un lado; por otro romper los planes limitados de servicio, que han sido en gran parte, con la visión mercantilista y de ánimo de lucro de la EPS, las responsables del paseo de la muerte y finalmente buscar una visión de mayor integralidad, para quebrar el modelo de atención casi que eminentemente curativo, para poder orientar políticas que den cuenta de la promoción, prevención y la afectación de los determinantes de las enfermedades, sin descuidar otros aspectos. Así las cosas el día martes después del fracaso de las sesiones de comisiones conjuntas primeras constitucionales, la presidenta Doctora Karime Motta, integró una comisión para buscar conciliar textos de Senado y Cámara, dado que lo que se veía venir era que Senado y Cámara aprobaran cada una su ponencia, hundiéndose entonces el proyecto. La tarea de conciliación ha de entenderse como una tarea bien difícil, pero necesaria de un esfuerzo dialéctico, que de nuestra parte lo pusimos al máximo, sin sacrificar lo esencial de la propuesta ANSA. Así podemos decirles que del articulado definitivo aprobado el día miércoles en las Comisiones Primeras que sesionaron conjuntamente, aprobamos dicho articulado, con las siguientes salvedades:
Al artículo 6 le presentamos una proposición, para que en el elemento accesibilidad se eliminara la expresión desde el territorio nacional, pues habrá ocasiones en que un paciente necesite ser trasladado al exterior, cuando lo que ella requiera no pueda ser ofrecido en el país. Así mismo en dicho literal buscábamos una modificación a la última parte (los pagos que la ley determine…), dado que dicha relación abre la posibilidad del establecimiento de copagos y cuotas moderadoras, que son barreras de acceso, lo que contraria nuestra visión. Adicionalmente esta proposición buscaba incorporar en el artículo sexto los principios de transparencia, obligatoriedad, portabilidad nacional y gratuidad. Sobre este último principio es necesario indicar que ha girado un tenso debate, pues el gobierno subrepticiamente ha querido dejar ligado el derecho, a la capacidad de pago de las personas. Esta proposición, así como otras que narraremos más adelante se retiró y se dejó como constancia, pues muy probablemente íbamos a ser derrotados y el haberla dejado como constancia nos permite poder revivir el debate para las plenarias.
Sobre el artículo 13 referido a la participación, presentamos proposición a fin de que las decisiones consensuadas y democráticamente discutidas tengan carácter vinculante, pues de lo contrario la participación quedaría en el papel; para esta proposición logramos el aval de los ponentes de cámara y del propio gobierno, habiendo logrado un avance significativo en la materia.
En relación con el artículo 16, también presentamos proposición, pues este articulo tiene que ver si habrán, o no planes limitados de servicios. Nuestra proposición va orientada hacia que la población se le de lo que ella requiera con necesidad, con tres exclusiones explicitas: lo cosmético o suntuario, lo que este en etapa de investigación o sean experimentales sin evidencia científica y lo que se pretenda recibir en el exterior, pudiendo hacerlo en el país. Esta proposición que es trascendental la retiramos, pero la dejamos como constancia dada la derrota segura que íbamos a tener en ella, para permitir su debate en plenaria. Este aspecto es de mucha trascendencia y por ello, al igual que en el tema de aseguramiento, continuaremos nuestro debate.
Deben observar los lectores que en este artículo, que corresponde al artículo trece de cámara, logramos que en la versión final se eliminara el literal b, que tenía como objetivo eliminar la entrega de pañales, transporte y otros servicios “no directamente relacionados con la salud”. Sin embargo, ahí mismo en la versión final son de mucha preocupación los literales b y c, que corresponde a la versión de cámara se incluye un procedimiento administrativo y decanta una acción especial de nulidad en salud, articulo diecisiete, que deberá ser objeto de estudio profundo y especializado para que en el evento que se afecte la acción de tutela podamos oponernos con mayor argumento en las plenarias.
Un tema que fue muy polémico fue el referido al sistema de salud, artículos 10 y 24 de las ponencias de Cámara y Senado respectivamente, puesto que en el primero se hablaba de un aseguramiento social, mientras que en la segunda- ponencia Senado, se hablaba de un aseguramiento público social, este artículo no pudo ser aprobado en ninguna de las dos versiones, lo que implicaría que ha quedado negado. Empero nosotros habíamos presentado una proposición respecto del artículo 25 – ponencia Senado, que no aparece en la ponencia de Cámara y referida al modelo de servicio, donde entre otras muchas cosas se habla de entidades administradoras públicas y aseguramiento también publico. Si no había pasado la proposición del artículos 10 y 24 de las ponencias de Cámara y Senado sobre aseguramiento público lo obvio es que esta proposición tampoco fuera aprobada, por lo que decidimos retirarla y dejarla como constancia, para no abortar el debate en las plenarias.
Otra proposición que quedó pendiente está relacionada con atención primaria en salud.
Finalmente, el tema sobre inspección, vigilancia y control deberá ser objeto de revisión en las plenarias, para ver si pasa nuestra propuesta que es mucho más completa, por su concepción articuladora de los diferentes entes de control.
Como lo podrán observar los atentos lectores después de leer el articulado aprobado y estas líneas, hay avances en varios temas, pero en otros hay continuidad del modelo, como en el tema de EPS gestoras, llamado aseguramiento social. Quedan preocupaciones sobre los límites al derecho de salud o desde otra visión planes o no planes de servicios, así como si se afecta o no la tutela. Esperamos que desde todas las organizaciones de ANSA, así como de esta misma, podamos obtener rápidamente aportes sobre la lectura de cómo quedó en esta semana este importante tema en el Congreso de la República.
LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA
Senador de la República
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