ELTIEMPO.COM, REDACCIÓN POLÍTICA , 01 de Junio del 2013
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Habrá nueva jurisdicción agraria. Participación ciudadana será clave.
El primer punto acordado por Gobierno y Farc en La Habana anticipa que, sin duda, se viene un revolcón total en materia agraria en el país.
Sin bien lo pactado por ambas partes ha sido mantenido en secreto, EL TIEMPO conoció algunos detalles de lo que se concretó el fin de semana pasado, en 20 páginas.
Dentro de lo definido se estipula, por ejemplo, que habrá un programa de formalización masiva de tierra, el cual estará acompañado de una jurisdicción agraria especial con tribunales y jueces conocedores de los asuntos agrarios.
Si bien se consideró que ya hay una semilla que son los jueces de restitución, las partes estimaron que debe haber un sistema que resuelva todos los conflictos de tenencia y uso que hay en el campo colombiano, que además debe ser muy ágil.
Es claro que este mecanismo se requiere, debido a que en los acuerdos se contempla la creación del fondo de tierras –que se nutrirá con predios adquiridos con dineros ilegales, mediante despojo y con baldíos apropiados ilegalmente y que el Estado recupera–. En esto jugará un papel clave esa nueva jurisdicción agraria.
La idea de este sistema es que, además de los jueces, haya un tribunal y una sala especializada en la Corte Suprema, para que se siente jurisprudencia en el tema.
Igualmente, se estableció que si se quiere una significativa reducción de la pobreza en el campo, se debe garantizar el acceso a la tierra, pero acompañándolo con los programas necesarios para hacer esos predios productivos. La idea no es solo darles a los campesinos tierra, sino que haya paquetes integrales para que la finca produzca y el labriego tenga un ingreso que le pueda garantizar su futuro.
En ese sentido, se definió que habrá incentivos, créditos, subsidios y asistencia técnica para los campesinos. Además, se determinarán canales de comercialización.
En lo pactado en Cuba quedó claro que la distribución de tierras no se puede hacer ampliando la frontera agrícola, sino que, incluso, se planteó la reubicación de campesinos que viven en zonas demasiado alejadas, con tierras de mala calidad a las que es difícil proveer de servicios.
También quedó plasmada la necesidad de actualizar el catastro rural, lo que permitirá darles más recursos a los municipios para que puedan prestar más servicios.
Precisamente, como uno de los temas discutidos tiene como objetivo lograr una reducción de la pobreza extrema en el campo, se acordó que el Gobierno establecerá unos megaplanes de inversión a 10 años, en todas las áreas, para suplir las necesidades de este sector. Por supuesto que el tema de infraestructura estará presente, especialmente con vías de acceso.
Por eso, en La Habana no solo se habló de política agraria, sino de transformar las regiones con un desarrollo rural y darle un gran impulso al pequeño agricultor, que en últimas será el gran beneficiado de lo pactado.
Si bien muchos de los puntos acordados en La Habana para desarrollar el campo y sacar a los habitantes de la zona rural de la pobreza parecerían obvios para algunos, el Gobierno cree que con el fin del conflicto su implementación se facilitará.
Es por eso que el propio comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, afirmó: “Colombia es un país que está pensado para lo urbano, no para lo rural, y por ello tiene que acomodar los modelos. Hay que tener más músculo y más servicios públicos en lo rural, sobre todo en lo que tiene que ver con salud y educación”.
Y a propósito de salud, otro de los puntos definidos en Cuba es que debe haber un nuevo modelo especial de atención para el campo, y en educación el enfoque es que se debe educar más al campesino para trabajos rurales y evitar así su migración a las ciudades.
Incluso, Jaramillo ha dicho: “Vamos a tener que hacer en 10 años lo que no se hizo en 50. Colombia está muy atrasada en el tema rural”.
Metodología de trabajo
Sobre la tardanza en la aprobación de este primer punto del Acuerdo para la terminación del conflicto (seis meses), es clave señalar que no siempre se estuvo discutiendo directamente sobre el tema agrario del primer punto, sino que también se empleó parte del tiempo en la metodología de trabajo y de participación.
Esto fue significativo, pues no solo permitió tener un método de trabajo que ha permitido avanzar en la negociación para no tener discusiones largas y estériles, sino que además esto hace prever que las deliberaciones de los puntos todavía pendientes pueden ser mucho más cortas.
Incluso, EL TIEMPO supo que parte del sexto punto del acuerdo, que es sobre “implementación, verificación y refrendación”, ya se ha comenzado a discutir.
La participación comunitaria es clave en la implementación
El punto uno de lo acordado en La Habana es claro al señalar que para que todo lo definido funcione hay que trabajar con las comunidades e impulsar el cooperativismo, no solo en producción sino incluso en la ejecución de pequeñas obras.
Se busca que las comunidades asuman responsabilidades, que se asocien no solo para comercializar, sino para producir y para proponer alternativas de desarrollo.
En otras palabras, con las Farc en Cuba se decidió el qué, pero el cómo no lo decide el Gobierno Nacional sino las autoridades locales con las comunidades.
Ahora, cuál será el mecanismo para que las comunidades decidan, será un tema que se definirá en el segundo punto de la agenda, cuya discusión se iniciará el próximo 11 de junio.
REDACCIÓN POLÍTICA
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