lanacion.com.co, 17 de Marzo del 20
El debate evidencia que la reforma pensional no tendrá un camino fácil. Se requiere una mayor comunicación del Gobierno y lograr acuerdos sobre los temas fundamentales.
El cuestionamiento de
fondo es si el Plan Nacional de Desarrollo (PND) hace una reforma pensional por
la puerta de atrás o simplemente fortalece un mecanismo para proteger a quienes
hoy no logran pensionarse.
El
debate evidencia que la reforma pensional no tendrá un camino fácil. Se
requiere una mayor comunicación del Gobierno y lograr acuerdos sobre los temas
fundamentales.
Los temas pensionales siguen siendo muy
espinosos para el Gobierno. Por eso, una de las mayores polémicas surgidas con
la presentación del Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver con la
modificación de los mecanismos de ahorro para la vejez, denominados BEPS, que
podría impactar el futuro de millones de colombianos.
Para algunos congresistas y analistas
económicos se trata de una reforma pensional disfrazada, que establece
pensiones por debajo del salario mínimo. Pero para el Gobierno de Iván Duque
busca garantizarle una renta para su retiro a mucha gente hoy desprotegida.
Durante los últimos seis años, más de
633.000 colombianos no han alcanzado a cumplir las condiciones para pensionarse
y han tenido que recibir la plata que ahorraron para su retiro. Ese proceso se
denomina indemnización sustitutiva en el caso del régimen público que maneja
Colpensiones, y devolución de saldos en los fondos privados de pensiones. En
este mismo periodo, los dos regímenes han pensionado alrededor de 539.000
colombianos.
Es decir, Colombia tiene un sistema
pensional que no pensiona y que excluye al grueso de la población.
Un sistema
que en los últimos años simplemente les ha devuelto la plata a muchas más
personas de las que ha logrado pensionar. En 2018, se jubilaron 96.372 personas
(no todas por vejez), mientras que otras 142.363 no alcanzaron a cumplir las
condiciones y recibieron una indemnización sustitutiva o una devolución de
saldos.
" Pero hay un agravante. El sistema le
devuelve los recursos precisamente a la gente que no pudo completar el número
de semanas requeridas –1.300 semanas en Colpensiones o 1.150 en los fondos
privados–, justo las más vulnerables. Mientras tanto, pensiona –y en el caso
del régimen público otorga millonarios subsidios– a quienes han logrado cotizar
activamente, por lo general las personas de mayores ingresos".
La pobreza de los adultos mayores en
Colombia es del 44 por ciento, el doble que la del resto de la población. Esto
ocurre debido a que el sistema pensional colombiano está construido sobre el
umbral de un salario mínimo. Según la propia Constitución de 1991, tanto las
pensiones como el ingreso base para cotizar tienen que ser superiores o iguales
a este valor. Esto significa que, por ley, no puede haber pensiones por debajo
del mínimo.
Esta norma, que en principio busca
garantizar mejores recursos para la vejez, termina por excluir del sistema
pensional a más de la mitad de la población trabajadora del país, caracterizada
por sus bajos ingresos. Y, paradójicamente, causa en buena medida la baja
cobertura del sistema pensional.
Colpensiones les ha devuelto los
recursos mediante indemnizaciones sustitutivas a más de 515.000 personas en los
últimos seis años, mientras que ha pensionado a unas 442.000 en ese mismo
periodo. La indemnización promedio ascendió a 4,8 millones de pesos en 2018.
En los fondos privados –que al ser un
sistema más joven ha pensionado alrededor de 97.000 personas y les ha devuelto
los saldos a cerca de 117.000–, la devolución ha estado alrededor de 35
millones de pesos. Esto se debe a que los fondos entregan la totalidad del
ahorro, esto es, la cotización del empleador como del trabajador, junto con sus
rendimientos financieros. En Colpensiones, en cambio, la indemnización
corresponde al dinero aportado por el trabajador, actualizado con la inflación.
El debate
Para tratar de subsanar esta situación,
el Estado creó hace cuatro años los denominados Beneficios Económicos
Periódicos (BEPS). Si bien no son técnicamente una pensión –porque no puede
haber pensiones por debajo del salario mínimo–, representan un mecanismo
complementario de ahorro para darles un ingreso durante el retiro a las
personas con baja capacidad de ahorro o que no tuvieron un trabajo formal.
Quienes ganan menos de un salario mínimo pueden realizar aportes desde 5.000
pesos, y el Gobierno les otorga un subsidio del 20 por ciento sobre el monto
ahorrado.
Sin embargo, el sistema no ha logrado el
alcance esperado. Aunque tenía 1,2 millones de personas vinculadas a finales
del año anterior, solo alrededor de 460.000 ahorran en forma constante. Además,
los vinculados guardan un promedio muy bajo: tan solo 202.000 pesos. Para
entidades como la Anif, es un sistema costoso en relación con el ahorro
generado y el bajo número de beneficiados.
Por esta razón, el Gobierno propuso en
el artículo 117 del Plan Nacional de Desarrollo que los ahorros de quienes no
alcancen a pensionarse en el Sistema General de Pensiones se trasladen
automáticamente (por default) a los BEPS. Hoy es posible hacerlo, pero la mayor
parte de la gente prefiere la plata a corto plazo.
La propuesta desató una gran polémica.
Para congresistas como Angélica Lozano, se trata de una “expropiación” del
ahorro pensional y la creación de “un régimen de pensiones para las personas de
bajos ingresos”.
Cuando una persona cumple la edad de
pensión y no alcanza a cotizar las semanas suficientes para pensionarse, le
devuelven lo ahorrado. Este proceso se llama devolución de saldos en los fondos
de pensiones, e indemnización sustitutiva en el caso de Colpensiones.
Para el Gobierno, el artículo 117 tiene
el propósito de ofrecer a quienes no tienen ahorros suficientes para
pensionarse un “producto de retiro” que les garantice un ingreso fijo mensual
vitalicio, con el beneficio del 20 por ciento de subsidio sobre el ahorro.
Una de las mayores críticas es el corto
tiempo que tendrían los colombianos para decidir, pues la norma da un plazo de
diez días para decidir si quieren una renta mensual (en BEPS) o si prefieren
recibir su dinero completo de una vez. Al parecer, en el Congreso barajan la
propuesta de aumentar ese periodo a dos meses.
Sin embargo, esto haría ineficaz la
medida, pues “la mayor parte de la gente preferirá recibir un pago único de 35
millones a un ingreso mensual vitalicio de 270.000”, afirma Jorge Llano,
director económico de Asofondos. Las personas gastan ese dinero rápidamente o
muchas veces fracasan al utilizarlo en un emprendimiento.
Para David Cuervo, director de la Unidad
de Negocio Bienestar Patrimonial de la consultora Mercer, es necesario ayudar a
las personas para que tomen decisiones que realmente les convienen. Algunas
estimaciones indican que la modificación que propone el Gobierno podría dar un
ingreso vitalicio a más de 4,3 millones de personas hasta 2055. Con esto y un
fortalecimiento del programa de subsidios de Colombia Mayor se podría sacar a
gran parte de la población de la línea de pobreza. Sin embargo, si se amplía el
plazo y los BEPS tienen un bajo nivel de aceptación, quedan sin un ingreso
estable y vitalicio más de 2 millones de personas.
Este debate muestra la urgente necesidad
de reformar el sistema de seguridad social y de protección a la vejez. El país
no puede seguir con unos niveles de cobertura tan bajos y con tan altos niveles
de inequidad. No puede ser que el régimen público les devuelva la plata a los
menos favorecidos, sin ningún rendimiento, mientras que les ofrece subsidios a
los más ricos. Es inadmisible que las pensiones y subsidios estatales vayan
para los que más tienen.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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