Lunes, 4 de marzo de 2019
Laura Lucía Becerra Elejalde - lbecerra@larepublica.com.co
Aunque aún no comienza
la votación del Plan de desarrollo, las críticas a varios puntos han hecho que
desde ya se hayan comenzado a descartar artículos
Esta semana continuará
la socialización del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, y aunque
fuentes del Parlamento aseguran que el debate arrancará en firme el 18 de
febrero, desde ya son varios los reparos que han presentado múltiples sectores
y que han encendido la discusión.
Los primeros en
manifestarse fueron los exdirectores del mismo Departamento Nacional de
Planeación (DNP). En una misiva firmada por 11 exfuncionarios se criticó la medida
del artículo 35 del proyecto, que propone unificar progresivamente
los presupuestos de funcionamiento e inversión, responsabilidades actuales del
Ministerio de Hacienda y el DNP, respectivamente. La observación se dio en
relación a la posibilidad de que se debiliten las funciones de Planeación.
El debate previo que
se generó también surtió efecto sobre las propuestas relacionadas con los
artículos 140 y 179, referentes al desmonte de los subsidios de energía para el
estrato 3 y el cambio en la base de cotización a la seguridad social de los
trabajadores independientes. Tras una reunión con los partidos Centro
Democrático, Mira y Colombia Justa Libres, el presidente Iván Duque anunció por
medio de su cuenta de Twitter que ambas medidas se eliminarían del PND.
Los departamentos
también participaron de discusiones con el Presidente, lo que les dejó
victorias en dos temas: el impuesto a los licores (Artículos 146 a 148) y el
pago del No POS (Artículo 134). El lunes de la semana pasada, representantes de
la Federación Nacional de Departamentos acordaron con Duque que se eliminaría
la propuesta de aplicar una tarifa única por grado de alcohol a las bebidas, lo
cual aseguraron afectaría las rentas de los entes departamentales; y se
modificaron los porcentajes de aporte al monto de la deuda acumulada del sector
salud desde 2011, el cual será asumido por el Gobierno Nacional, con apoyo de
las administraciones departamentales y municipales.
“Le solicitamos al
presidente que el No POS no lo siguiéramos pagando los departamentos, sino la
Nación”, comentó en Inside LR la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. La funcionaria
aseguró que en el plan quedará un artículo que establece que será la Nación la
encargada del pago.
Otros dos asuntos que
aprovecharon los gobernadores para discutir con el presidente tienen que ver
con los ‘esquemas asociativos territoriales’ y el manejo de las regalías,
asuntos que se relacionan específicamente con los artículos 28 y 150 del
articulado.
Desde la Federación de
Departamentos se criticó que las condiciones con las que estaría fundamentada
la propuesta, que busca que por medio de esquemas asociativos las Regiones
Administrativas presenten proyectos de inversión, volvían complicado el
proceso; y que, por otro lado, se estaría volviendo a un modelo de
centralización que paralizaría la inversión en proyectos por las demoras en los
trámites con los ministerios.
Por ello, se acordó la
creación de unas mesas de trabajo conjuntas para la discusión de la reforma
estructural al actual sistema de regalías y se decidió eliminar el artículo.
Así mismo, se cuestionó el 128, que comprende las competencias de los departamentos
en la prestación de servicios de salud, pues se sugiere “financiar con los
recursos propios, si lo considera pertinente, los gastos derivados de la
atención en salud de la población migrante”, algo que las entidades
territoriales considera debe delimitarse.
Un tema que no está
presente en el proyecto de Ley, pero que han cuestionado sectores como los
sindicatos de trabajadores es la posibilidad de que cuando empiece a debatirse
se incluya una norma que permita la contratación por horas, teniendo en cuenta
que el Artículo 113 propone que cuando los trabajadores reciban menos de un
mínimo al mes, sus empleadores deberán asumir un aporte de 15% en Beps.
De acuerdo con el
viceministro de Relaciones laborales e Inspección, Carlos Baena, esta medida
ampararía “a la gente que trabaja en tiempo parcial, que no alcanza a completar
el salario mínimo durante el mes”, con lo que se cotizaría por las horas
trabajadas. Sin embargo, miembros de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que se intente incluir
una modalidad de contrato por días o por jornal.
Rosmery Quintero,
presidente de Acopi, aseguró que “el pago por horas (es algo que) no toda
actividad necesita. Hay cargos específicos en servicios, en restaurantes o
belleza, donde se necesitan más temas por horas y tener la facilidad de incluir
un número determinado de personas”, y aseguró que una medida así puede ayudar a
formalizar ciertos empleos.
Otros dos puntos que
se han criticado tienen que ver con el Artículo 181, que le entrega facultades
extraordinarias al Presidente por seis meses para modificar el Estado, o el
hecho de que en el artículo 4, donde se presenta el ‘Plan Nacional de Inversiones
Públicas 2018-2022’ no figura un rubro específico para la paz y el
posconflicto.
Al respecto, la directora del DNP, Gloria Alonso, explicó que “no es
cierto que el Plan no tiene incorporado el acuerdo de paz”, y explicó que en el
capítulo 11 están todos los compromisos que se definen de forma ampliada, y que
pueden costar $37 billones
LOS CONTRASTES
· JORGE IVÁN GONZÁLEZ DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
“El problema es que el articulado no es consistente con las bases, entonces la gente se pierde en el detalle, cuando lo crucial está en otros temas”.
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