ELESPECTADOR.COM, 1 Jul 2013, Editorial
Muchas páginas llenas de sofisticadas fórmulas y constructos jurídicos se gastaron quienes quieren anular el fallo de la Corte Constitucional que, apenas el 7 de mayo de este año, limitó las excesivas mesadas pensionales que recibían los exmagistrados de este país, uno de los más desiguales del hemisferio, muchas de ellas de más de $25 millones.
No piden la nulidad unos ciudadanos del común, como sí lo son los dos que presentaron la demanda ante la Corte Constitucional, sino, por supuesto, dos exmagistrados de las altas instancias judiciales. Tan obvio. Tan predecible. Tan típico, incluso, podría decirse. Tardó más en quedar en firme esa sentencia que el tiempo en que se presentaron estas solicitudes de nulidad: por debido proceso y respeto a los derechos adquiridos.
Dice el uno, el presidente de la Asociación de Exmagistrados (Asomagíster), exconsejero de Estado, Javier Henao Hidrón, que los derechos adquiridos son “la columna vertebral del Estado Social de Derecho”. Vaya tesis. Y nosotros yéndonos por las ramas, hablando dizque de la “dignidad humana”, tal y como se enseña en todas las facultades de Derecho de Colombia. Pero va más allá: dice que la Corte interpretó mal la ley y la Carta Política, afectando a su paso la remuneración vital, la seguridad social y hasta la propiedad privada. Argumenta que la crisis en la sostenibilidad fiscal no puede ser pretexto para socavar los derechos fundamentales.
La Corte dijo en su sentencia que no tenía problema con los derechos adquiridos, siempre y cuando éstos no se hayan ganado con fraude o abuso del derecho. Y esa Ley 4ª de 1992, que dispuso que los legisladores de este país no podían ganar en pensión menos del 75% del ingreso mensual promedio que devengaron durante el último año, extendida luego a los magistrados a punta de sentencias y vacíos jurídicos, como por arte de birlibirloque, sí suena a algo complicado.
A algo que el profesor Rodrigo Uprimny cuestionó con simpleza en las páginas de este diario: “¿cómo justificar ética o jurídicamente este régimen exorbitante y extremadamente costoso a favor de magistrados y congresistas, sobre todo si tenemos en cuenta que es una ley que beneficia a quienes hacen las leyes y a quienes las interpretan?”.
Porque la cuestión, en el fondo, es de equidad. De igualdad material. Dos derechos fundamentales que, al parecer, el señor Henao olvida en su ponderación de lo que debe primar en un país como este.
Dice la otra solicitante, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, que se viola el debido proceso porque el proyecto de fallo se conoció en la prensa antes que la sentencia. Y que Manuel Cepeda, conjuez, estaba impedido para participar en el debate. Estará por verse.
Pero luego se mete, como es obvio, a defender su tesis con más palabrerío jurídico: que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Organización Mundial del Trabajo, que las sentencias de su jefe, el procurador Alejandro Ordóñez, en ese entonces consejero de Estado, que la favorabilidad en materia laboral. En fin, todo dentro de un discurso que parecería defender a los pobres, a quienes sí deberían subsidiársele las pensiones por simple principio de solidaridad, rompiendo con justeza las reglas del juego, pero no: defiende el subsidio de los poderosos. Porque, en este sistema pensional, todos los ciudadanos contribuimos.
Ojalá se resuelvan en derecho estas solicitudes de nulidad. Ojalá sea bajo criterios constitucionales claros. Que queden examinadas, por supuesto, las fallas de debido proceso que pudieron existir. Nosotros, por lo pronto, decimos lo mismo que hace dos meses: es de celebrar esa sentencia de la Corte Constitucional que paró un régimen inequitativo de subsidios pensionales.
No hay que agregar nada. Totalmente de acuerdo con el editorialista
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