ELTIEMPO.COM, REDACCIÓN JUSTICIA, 06 de Julio del 2013
Martha Isabel Castañeda fue quien pidió anular el fallo que tumbó las pensiones millonarias.
En menos de cuatro años, la Procuraduría General de la Nación ha pretendido tumbar cuatro fallos claves de la Corte Constitucional: el que despenalizó el aborto en tres casos específicos, el que mantiene la dosis mínima de droga, el que da estatus de familia a las uniones homosexuales y el que tumbó las megapensiones de congresistas y magistrados.
La firma detrás de cada una de esas demandas es la misma: la de la viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda Curvelo. Su última actuación polémica fue hace poco más de una semana, cuando le pidió a la Corte Constitucional año y medio más para cumplir la orden de convocar a concurso de méritos los cargos de procuradores judiciales II, los más apetecidos de la entidad.
Castañeda, quien hace cuatro años estaba esperando su pensión en el Tribunal Administrativo de Magdalena, dice que en estos casos solo ha cumplido con el deber de intervenir en defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos.
Casos claves
En la Procuraduría nadie duda del poder que ejerce esta abogada samaria, egresada de la Universidad Libre de Barranquilla e hija de excongresista.
Ella ha asumido la defensa de las cuestionadas posturas de su jefe, el procurador Alejandro Ordóñez, junto con Ilva Myriam Hoyos, la delegada para la Defensa de la Infancia, la Familia y la Mujer, y María Eugenia Carreño, exmagistrada auxiliar de Ordóñez durante su paso por el Consejo de Estado y su brazo derecho en las investigaciones disciplinarias de más peso que lleva la entidad.
La Viceprocuradora está al frente de investigaciones claves, como la del saqueo a la salud. En la entidad reconocen su dedicación, que se refleja en largas jornadas de trabajo, y en sus conocimientos del derecho.
De hecho, a veces aparece corrigiendo a su jefe. Ella, por ejemplo, rectificó a Ordóñez al aceptar la recusación contra la contralora Sandra Morelli, que le puso freno el proceso fiscal contra 13 magistrados y exmagistrados de la Judicatura salpicados por el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones.
En enero de este año, la Viceprocuradora aceptó los argumentos de uno de los auxiliares del polémico magistrado de la Judicatura Henry Villarraga, según el cual varias declaraciones de Morelli anticipaban una decisión en contra de los llamados a juicio fiscal. Tres meses antes, Ordóñez se había negado a apartar a la Contralora de esa investigación. Castañeda dice que la recusación que analizó fue distinta a la que resolvió el Procurador.
Sin embargo, ha recibido críticas. Tres de los magistrados investigados por la Contraloría firmaron –como miembros de esa Sala– el archivo de cinco investigaciones disciplinarias que estaban abiertos desde la época en la que ella era magistrada en el Tribunal Administrativo del Magdalena.
“Lo que se decidió allí fue mi conducta como magistrada, no como Viceprocuradora, y por situaciones de años anteriores incluso ya prescritas. Nadie puede decir tampoco que he estado visitando esos despachos”, dice esta abogada, que prefiere mantener un bajo perfil.
También le han criticado el hecho de que un antiguo magistrado de la Sala Disciplinaria, Rubén Darío Henao, haya logrado que varios procesos disciplinarios que llevaba la Personería de Cali contra sus clientes fueran trasladados a Bogotá, a pesar de que la Procuraduría provincial consideró que los investigados tenían plenas garantías en el Valle. Ella asegura que no conoce a Henao –quien también llevó casos en su contra siendo magistrado– y que sus decisiones han sido en derecho.
Los casos que tienen que ver con la Sala Disciplinaria, en todo caso, la rondan.
A la Viceprocuradora le tocó el proceso de la polémica secretaria de la Judicatura Yira Lucía Olarte, protagonista de varios de los escándalos de ese tribunal y quien fue acusada por la Fiscalía por la aparición de actas fantasmas que habrían sido utilizadas para intentar tapar el ‘carrusel’ de pensiones.
Las damas de hierro
El trío de las damas de hierro en la Procuraduría lo completan Ilva Myriam Hoyos Castañeda, delegada para la Infancia, y la procuradora de la Sala Disciplinaria María Eugenia Carreño.
Hoyos acompaña al procurador Alejandro Ordóñez desde el tiempo en que ambos impulsaron una demanda contra la revista SoHo, por la publicación de una foto alegórica a La Última Cena en la que aparece una modelo con el torso desnudo. Desde el 2007 ha aspirado a la Corte Constitucional, fue ternada por el presidente Álvaro Uribe, después se inscribió en la lista de elegibles para conformar las ternas de candidatos a ese alto tribunal por el Consejo de Estado y alcanzó a integrar una.
Carreño es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y ha permanecido al lado de Ordóñez desde sus tiempos de magistrado. A su despacho llegan procesos disciplinarios en segunda instancia e investigaciones contra altos dignatarios del Estado por delegación del Procurador. Ha destituido a dos gobernadores: Juan Carlos Abadía, del Valle, y Ómar Díazgranados, del Magdalena, así como al exalcalde de Medellín Alonso Salazar.
REDACCIÓN JUSTICIA
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