La historia es esta: desde hace un año, cinco empresas solicitaron ante la Supersalud la habilitación para atender usuarios del Sisbén en la Costa atlántica. Curiosamente, todos los superintendentes delegados y demás funcionarios encargados del analizar la viabilidad de la EPS dieron el visto bueno a la solicitud. No advirtieron que entre los socios se encontraba Gerardo Vecino Villareal, acusado por desmovilizados de las autodefensas de financiar algunas de esas organizaciones; además, dos funcionarios públicos participaban en la sociedad de la EPS que se pretendía crear.
Medios de comunicación como El Espectador, La W y CM& denunciaron la irregularidad. Hoy la Superintendencia confirmó la denuncia y se alarmó de que nadie lo hubiera advertido en esa dependencia.
Conclusión: el súper les pidió hoy la renuncia a todos los funcionarios que tenían a su cargo la revisión de los documentos y no advirtieron el tamaño de lo que se pretendía.
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