Acosado por el clamor de los alcaldes reunidos en su asamblea anual, que le pedían la ampliación de sus mandatos a seis años, dijo el Presidente Santos que “Soy el primero en reconocer que cuatro años para los alcaldes es muy poco tiempo. He pensado también que seis años es lo ideal, ojalá para todos, es lo más conveniente, pero en el caso mío por ningún motivo voy a prestarme para que mi período lo vayan a prolongar, porque además es inconstitucional”. La ampliación del periodo presidencial implica, como Santos también lo puso de presente, la eliminación de la reelección presidencial aunque con el añadido de que la suya propia, como medida de transición, sería de apenas dos años.
Desde el punto de vista de los tiempos jurídicos, el Presidente se equivocó como es ya claro a los pocos días de formular su propuesta. La reforma constitucional necesaria para que ella entre a regir antes de las elecciones presidenciales de mayo del año entrante tendría que surtir cuatro debates entre ahora y el 20 de junio, cuando la legislatura termina; y otros cuatro en las primeras semanas de la que se inicia el 20 de julio, de tal modo que la Corte Constitucional la pueda revisar antes de que concluya el 2013. Este cronograma carece de factibilidad. Sorprende que el Presidente, como político avezado que es, no lo haya advertido.
Pero acierta en lo demás. La prórroga de su mandato por dos años, así pueda aspirar a ser reelegido por cuatro, sería inconstitucional. Un órgano constituido, como lo es el Congreso, no puede alterar -para ampliarlos o recortarlos- la duración de los mandatos de las autoridades que son elegidas por orden del constituyente primario para determinados periodos; cualquier cambio al respecto aplicará para quienes sean elegidos luego de que la correspondiente reforma entre en vigencia. Por esta misma razón tampoco es factible la prórroga del mandato de los alcaldes, cuestión sobre la que habría convenido que el Presidente se pronunciara.
Como esta regla es absoluta, replico una posible objeción. "Si usted tuviera razón, ¿Cómo fue posible la revocación del Congreso ocurrida en 1991?". Lo fue por cuanto la Asamblea Constituyente, en contra de lo que decía el decreto de su convocatoria y de lo que había dispuesto la Corte Suprema de la época, se declaró "soberana". Dado que nadie desafió con éxito esta manifestación, la Carta del 91 nació, como todas las constituciones, de un acto revolucionario: el desconocimiento de un sistema jurídico preexistente y su plena sustitución por otro. Las circunstancias actuales son bien diferentes.
Al abrir la "caja de Pandora", sobre la reelección presidencial inmediata habría sido de gran utilidad que el Presidente expresara las razones que lo han inducido a considerar inconveniente una institución que respaldó en tiempos de Uribe. Cabe esperar que lo hará en los próximos días; nadie se devuelve a mitad del río si no hay motivos poderosos. Los principales, a mi juicio, son estos.
La reelección inmediata genera una ventaja en la competencia por la primera magistratura en favor de quien ejerce el cargo, así no se cometan los flagrantes abusos que acabamos de presenciar en Venezuela. La razón es obvia: quien ejerce el poder esta rodeado de los símbolos y prerrogativas propios de su investidura, sus acciones lo hacen generador de buena parte de las noticias políticas y, por ello, recibe atención preferencial de los medios de comunicación.
Ello explica que normalmente los presidentes en ejercicio, o los parlamentarios que defienden sus curules, ganen las elecciones. En los Estados Unidos solo muy pocos presidentes que se presentan por segunda vez fracasan en su cometido (Bush padre y Carter son excepciones notables); la manera habitual en ese país para salir del Congreso es la jubilación. El desequilibrio es peor en un país como el nuestro, en donde buena parte del gasto social directo, aquel que se plasma en subsidios, lo realiza el gobierno central. Santos no es, por fortuna, Chávez o Cristina, pero existe el riesgo de que los electores crean que aquello que reciben se debe, no al esfuerzo redistributivo del Estado, sino a la mano generosa del gobernante en ejercicio.
De otro lado, por paradójico que suene, la posibilidad de reelección inmediata acorta el periodo presidencial; cuatro más cuatro, en términos institucionales, no es igual a ocho. Este resultado proviene del uso óptimo del capital político. El presidente no reelegible sabe con certeza cuál es su ventana de oportunidad y, por ende, es razonable, que, en función de maximizar la rentabilidad de ese acervo, lo gaste todo durante su único mandato.
Por el contrario, quien puede ser reelegido, tiene que ahorrar parte en pos de su reelección. Esta tarea, como sabemos, es políticamente costosa: no suele haber aliados que lo sean "por amor a la causa". El ímpetu reformador de gobiernos como los de los Lleras y López, Barco o Gaviria, que no eran reelegibles, se mantuvo hasta el final. El Presidente Santos, si no tuviera que lidiar con el fardo de su reelección, tendría mucha más libertad de acción.
En tercer lugar, diré, como tantos lo han dicho, que el nefasto "artículito", el cual versó exclusivamente sobre el período presidencial, dislocó la estructura del Estado Colombiano. No se modificaron los de las otras altas magistraturas que habían sido fijados sobre la hipótesis de un mandato presidencial de cuatro años sin posibilidad de reelección. Esta anomalía, que es grave para la democracia, debe ser corregida.
Debemos, pues, agradecer al Presidente que haya abierto este debate y pedirle que persista en una iniciativa que es fundamental para Colombia. Conviene abolir la reelección presidencial inmediata y extender el periodo de los cargos de elección popular y otras altas magistraturas del Estado a cinco o seis años. Un cambio de esta naturaleza no puede estar contaminado por conveniencias políticas de corto plazo. Nadie tendría más autoridad que Santos para plantearlo sobre la base de que entre en vigor en el 2018. En este empeño muchos lo acompañamos.
Por último, hagamos explícito que Santos, al plantear su imposible reelección por dos años, sutilmente nos ha mandado el mensaje de que el eventual acuerdo de paz no va estar listo durante el actual gobierno. Ya llevamos dos presidentes, Uribe y Pastrana, elegidos por su posición frente a las FARC. Con el próximo sucederá lo mismo. Ojalá no haya más
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