Persisten dudas frente a cómo el Gobierno logrará metas de cobertura. Informalidad y política salarial, dos problemas que hay que atender.
El Gobierno tiene que garantizar que, con la reforma que presentará hoy al país, el sistema pensional sea sostenible en el tiempo, pues de lo contrario, no se estaría avanzando de manera significativa en un tema de trascendental importancia para el país.
Este es un aspecto en el que coinciden varios empresarios consultados, luego de que el ministro del Trabajo, Rafael Pardo explicara ayer en EL TIEMPO, en exclusiva, los principales puntos de la iniciativa que se presentará hoy.
Sin embargo, para algunos, el mensaje todavía es bastante confuso, pues no se ve muy claro qué es lo persigue el Gobierno y cómo lo va hacer.
“Vamos a escuchar primero los argumentos de fondo del Gobierno para saber cómo es que se alcanzarán esas metas de universalización, de protección a la vejez de los colombianos y, en especial, la sostenibilidad financiera del sistema, aspectos sobre los que el Gobierno no ha dado mayores detalles”, señaló un empresario.
Hay quienes consideran que dejar por fuera el tema de las edades de jubilación es grave, en la medida que esto es clave para la sostenibilidad del sistema.
“Tenemos que escuchar al ministro (Pardo) para ver cuál es la esencia del proyecto.
Yo no sé cómo es esa mezcla que piensan hacer de cuenta individual y prima media.
Me parece que aquí no se quiere dar el debate de fondo que es la edad de jubilación, ese es un tema que en campaña política nadie lo querrá tocar, pero considero que es muy importante”, dijo el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero Nieto.
Pero, Rafael Mejía, vocero de los agricultores, es de los que piensa que la reforma pensional es oportuna y se está haciendo a tiempo con miras a encontrar una solución, no de una coyuntura, sino para que el país pueda estar tranquilo hacia el futuro en materia de equidad y cobertura.
“Creo que (la reforma) se está haciendo de manera ordenada, pensada, con calma y buscando un beneficio general sobre uno particular.
Aquí lo importante no es la coyuntura sino la sostenibilidad, y tener muy en cuenta que está es en contra de la informalidad, que es algo que está matando al país”, indicó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
POLÍTICA SALARIAL
Pero una opinión muy distinta es la que tienen algunos sindicatos de trabajadores del país frente al proyecto de reforma pensional.
Según Domingo Tovar Arrieta, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Colombia la situación pensional no se resuelve apunta de subsidios.
Considera que, para atacar el problema pensional colombiano, se necesita resolver también la política salarial y combatir la alta informalidad laboral que toca a 15 millones de personas que no cotizan hoy para una pensión.
“Estamos dispuestos a hacer una discusión amplia y abierta con la academia.
Hay cosas que no se pueden discutir ya porque quedaron definidas por la reforma tributaria, eso es lo que no le dice el Gobierno a la gente.
Vamos a escuchar al Gobierno, pero queremos que se abra el debate para todos”, dijo Arrieta.
Para Roberto Junguito, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), es fundamental prestarle atención a las recomendaciones de expertos.
En particular, sostiene, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y al Fondo Monetario Internacional (FMI), que hacen recomendaciones concretas para disminuir la informalidad y contar con un sistema pensional más justo.
La expectativa tanto de empresarios, gremios y sindicatos de trabajadores giran en torno a la iniciativa que el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, presentará hoy.
PENSIONES ‘ASFIXIAN’ A TRES DEPARTAMENTOS
Los problemas con las pensiones de los funcionarios no son solo un asunto del Congreso y las altas cortes.
Hay departamentos que están ‘asfixiados’ por las jubilaciones que tienen que pagar o por las reclamaciones a las que están abocados. Tolima, Bolívar y Caldas parecen ser los más afectados.
Bolívar afronta en este momento reclamaciones de tipo pensional por más de 35.000 millones de pesos de parte de unas 1.800 personas.
Mientras tanto, Caldas se acogió a la Ley 550 (de reestructuración de pasivos) en octubre pasado, en buena medida por la carga pensional.
La deuda por este concepto es de 104.000 millones de pesos.
El tercer departamento con serios problemas por el tema pensional es Tolima. Tiene 2.956 pensionados que le valen 19.145 millones anuales.
Para el gobernador, Luis Carlos Delgado, la ‘tabla de salvación’ está en la firma de un “acuerdo de concurrencia” con el Ministerio de Hacienda, que les permitiría conseguir unos 60.000 millones de pesos para salir del apuro.
EL LÍO EN BOLÍVAR
Según el gobernador Juan Carlos Gossaín, ante las reclamaciones por $ 35.000 millones, decidió congelar los pagos mientras se hace una depuración de la deuda.
Él estima que máximo son $ 7 mil millones
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